El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles tomar en consideración la proposición de ley que regulará la condición de municipios turísticos, de manera que se proporcione la adecuada cobertura para la prestación de servicios para la población empadronada y la turística.
Esta proposición de ley ha sido presentada por trece municipios turísticos del archipiélago y todos los grupos han apoyado su tramitación excepto Vox, que se ha abstenido, en lo que supone el tercer intento de regular esta condición en la Comunidad Autónoma.
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha defendido la iniciativa ante el pleno del Parlamento y ha subrayado el objetivo de determinar un modelo de organización, con los medios y los instrumentos de gestión adecuados y suficientes, para conseguir una mejor gestión de los intereses turísticos municipales y, por ende, autonómicos.
Estos trece municipios reúnen a unos 402.000 habitantes, casi el 20 por ciento de la población canaria, y tienen “una necesidad sentida” de contar con un estatus legal específico tras los intentos de 2006 y 2007, que no llegaron a buen puerto por el escollo de la financiación, ha señalado Marco Aurelio Pérez.
Por ello, en busca del consenso, se ha eliminado esta cuestión de la proposición de ley y ahora se ha presentado un texto “puramente organizativo” lo que, ha añadido, no le resta brillo a la propuesta en una época “en la que se impone el riguroso control del gasto público”.
La proposición se estructura en 30 artículos divididos en cuatro títulos que desglosan los requisitos para la declaración de municipio turístico, los servicios públicos, la organización administrativa y la creación de órganos como el Consejo Municipal del Sector Turístico, los consejos de barrio y las juntas de distrito.
El diputado del grupo Mixto Raúl Acosta, de AHI, ha señalado que existen “sobradas razones” para sustanciar la condición de municipio turístico con rango de ley, pero ha incidido en que en el desarrollo de esta norma deben ser tenidas en cuenta las llamadas islas verdes.
Jesús Ramos, por la Agrupación Socialista Gomera, ha abogado por ir “de la mano” de la Federación Canaria de Municipios en la tramitación y ha pedido que la norma ayude a que los ciudadanos se beneficien de la riqueza que genera el turismo, que en 2023 superó los 22.000 millones de euros, una facturación “que debe repercutir en las islas en su proporción correspondiente y justa”.
Por Vox la diputada Paula Jover se ha mostrado de acuerdo en dar unas normas específicas a estos municipios, pero ha justificado la abstención en el hecho de que, a su juicio, en la Cámara se habla de consenso pero a su grupo no se le consultan las cuestiones, lo que debilita su posición en la tramitación de enmiendas, y ha criticado que el 7% del articulado propuesto alude a asuntos ajenos al turismo, como “la ideología de género y el fanatismo climático”.
Para la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Natalia Santana esta ley brindará la oportunidad de dar respuesta a una realidad compleja y a la necesidad “del cambio de modelo que necesita esta tierra”, pero ha pedido no conformarse y avanzar “mucho más” para que los municipios turísticos cuenten con los recursos necesarios para afrontar demandas “extraordinarias”.
El parlamentario popular David Morales se ha congratulado de que hoy el Parlamento acuerde cumplir con el mandato de que estos municipios tengan su estatuto específico, 30 años después de la entrada en vigor de la ley de Ordenación del Turismo en Canarias.
Mario Cabrera, del grupo Nacionalista Canario, ha considerado que esta proposición viene a dar un paso importante para compensar las desigualdades entre territorios y garantizar las herramientas que avancen hacia un modelo de turismo sostenible y la redistribución de la riqueza, para lo que ha pedido la solidaridad de los municipios turísticos con los que no lo son.
Por el grupo Socialista Lucía Fuentes ha aludido a la necesidad de mejorar el texto con las modificaciones necesarias para que todos los municipios sean escuchados y tenidos en cuenta, además de introducir otros indicadores en la definición ya que, ha subrayado, en las islas verdes no se podrán cumplir los requisitos exigidos en la proposición de alcanzar las 4.000 plazas alojativas o contar con establecimientos de cinco estrellas.
Los requisitos para la declaración de municipio turístico de Canarias se incluyen en el artículo 9, que Marco Aurelio Pérez reconoció como el más controvertido, y estipula que para lograr esta condición se deberá contar con una población turística anual que sea cinco veces superior a la empadronada y contar con un mínimo de 4.000 plazas de alojamiento turístico a 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.
También se deberá contar con un número de plazas alojativas turísticas de categoría mínima de cinco estrellas, sea cual fuere la modalidad y clase de los establecimientos alojativos turísticos, igual o superior al 10 por ciento de la población empadronada.
Además de los anteriores requisitos, para la declaración de municipio turístico de Canarias deberá acreditarse la importancia de la actividad turística en la economía municipal mediante informe emitido al efecto por el Consejo Económico y Social o una de las dos universidades públicas canarias.
En el caso de las llamadas islas verdes, es decir, La Palma, La Gomera y El Hierro, solo tendrán que cumplir uno de los tres requisitos del primer apartado y con la emisión del citado informe.
La proposición de ley de municipios turísticos de Canarias ha sido promovida por los ayuntamientos de Adeje, Arona, Guía de Isora, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Mogán, Pájara, Teguise, Tías, Yaiza, Antigua, La Oliva y San Bartolomé de Tirajana.