Canarias suspende una y otra vez en los servicios sociales que presta a los ciudadanos y en su atención a la dependencia. Una de las soluciones para salir de la cola, como han puesto de manifiesto informes de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, es el desarrollo de una ley autonómica que los garantice. Con este fin, se ha trabajado en los últimos cinco años desde el Ejecutivo y por fin este martes llegó al Parlamento regional el proyecto de Ley de Servicios Sociales, que por primera vez los reconoce como un derecho que puede ser reclamado ante la Justicia, pero que, sin embargo, carece de una ficha financiera que los garantice realmente.
La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido (CC), defendió su proyecto aludiendo a que será “trascendental” para los canarios y que tiene el objetivo de ser equitativo para todas las Islas. No obstante, la oposición ha insistido en que con este documento presentado no se conoce cómo se van a garantizar esos derechos y sobre todo, tanto PP como Podemos, han echado en falta una ficha financiera que dé garantías reales.
A juicio de la diputada del PP, Josefa Luzardo, se trata de un proyecto de ley con trampa para que el actual Gobierno “se ponga la medalla” y que sea el próximo el encargado de ponerla en marcha “si quiere”.
Luzardo lamentó que el documento no simplifica, ni unifica procedimientos y además no elimina la maraña burocrática, sino que crea una “compleja estructura administrativa de cinco órganos”. La diputada del PP propondrá en las enmiendas que esta Ley cuente al menos con el 10% del importe total de los Presupuestos a lo largo de los próximos tres años.
La portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana, mostró su preocupación por la “falta de ficha financiera capaz de dar respuesta a los medios humanos, técnicos y financieros necesarios para el funcionamiento de la Ley”.
Además, considera que el texto remitido por el Gobierno al Parlamento equipara el valor de las prestaciones, programas y servicios de titularidad pública con el de la titularidad privada, “abriendo la veda de una mayor privatización a manos de empresas privadas de los servicios públicos”.
Santana cree que existen contradicciones en esa Ley y, por ello, presentará varias enmiendas con el fin de “conseguir una mejora real de la calidad de vida de los canarios”. A su juicio, el Gobierno “apuesta por un sistema asistencialista y no universal”.
Tanto Nueva Canarias como el PSOE lamentaron que el Gobierno de Clavijo haya dado prioridad a otras normas como la Ley del suelo. También recordaron que Canarias ya contaba con una Ley de Servicios Sociales, la de 1987. Sin embargo, a pesar de ello Canarias está a la cola de España en prestación de estos servicios.
Por ello, el diputado Luis Campos (NC) insistió en que su partido estará vigilante con esta Ley, para que sea una realidad cuanto antes.
Teresa Cruz Oval (PSOE) recordó que cuando Patricia Hernández era consejera, Fernando Clavijo le dio un plazo de seis meses para tener este proyecto de Ley y señaló que con la nueva consejera, Cristina Valido, ha sido más benevolente. “Debemos pasar de una mera declaración de principios a una norma que garantice un derecho subjetivo a las personas”, subrayó.
La diputada destacó también la necesidad de evitar el “uso torticero” de esta nueva ley como una “especie de remedio universal para resolver todos los problemas sociales que lastran esta tierra, ya que superarlos implica acciones del conjunto del Gobierno”.
Un 3,3 de puntuación en servicios sociales
Este debate se enmarca en un contexto en el que Índice DEC (Desarrollo de los Servicios Sociales) puntuó el pasado mes de enero a Canarias con un 3,3 y las sitúa como la comunidad donde existe un peor desarrollo de los servicios sociales, solo por detrás de Valencia. El estudio destacó que el Archipiélago no sólo tiene la lista de espera más alta en dependencia sino que aún carece de una ley que reconozca derechos y los garantice.
Los autores del informe también destacaron que hay que incrementar en un 11,8% los presupuestos actuales y aumentar la cuantía de las rentas mínimas de inserción, entre otras medidas.
El Gobierno además ha presumido recientemente de su gestión en dependencia mientras 11.000 canarios siguen esperando para ser atendidos. La lista de espera en dependencia era de 13.031 personas en enero del año pasado pero en diciembre es de 11.220, lo que supone una mejoría pero aún hay un gran reto por delante.