Más de 42 horas de debate en ponencia y comisión, unidas a las cuatro horas de este miércoles en sesión plenaria, no han servido para que la legislación estrella del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), haya sido aprobada por algo más que “una pírrica victoria” de 33 de los 58 diputados presentes en el Parlamento de Canarias, y que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.
Un texto del que la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, aseguró que “marcará el futuro de nuestra tierra”, pues “consolida la cultura de protección del territorio y marca el rumbo hacia una Canarias sostenible”.
“La Ley del Suelo garantiza la supervivencia de nuestro sector agrario y ganadero, convirtiéndolos en sectores económicos atractivos para nuestros jóvenes”, sentenció Barreto.
Pese a estas palabras de la titular de Política Territorial, el disenso se incrustó en el proyecto de Ley desde sus inicios, cuando el propio PSOE hizo visible la división interna que existía en un texto que se afeitó por parte de CC para que pudiera ser aceptado por sus entonces socios, que no obstante advirtieron que sería enmendado durante su tramitación.
Una división de la que no se ha librado ni el propio partido de Clavijo, cuyo ex máximo dirigente y ex titular del Ejecutivo Paulino Rivero criticó con dureza, suscribiendo en 2016 el Manifiesto contra la Ley del Suelo, mientras que varios diputados nacionalistas se declaraban más en la tesis del PSOE en todo lo relativo a no suprimir la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac).
Con esos mimbres, era difícil acercarse a las unanimidades que desde hace décadas han cosechado las leyes que ordenan el territorio del Archipiélago, por lo que la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos, “que es la más estratégica que este Parlamento puede legislar”, como dijo el diputado Luis Campos (Nueva Canarias), ha sido solo respaldada por los grupos Nacionalista, Popular y Mixto (Agrupación Socialista Gomera) frente a una oposición que “representa una mayoría social de más de 70.000 votos respecto a la que sustenta a los grupos que la apoyan”.
Un aserto demostrado por el hecho de que mientras CC, PP y ASG sumaban sus votos para dar a luz la polémica Ley del Suelo, por fuera del Parlamento la Plataforma Canaria por un Territorio Sostenible se manifestaba en la esquina de la santacrucera calle Teobaldo Power al grito de “Coalición Canaria es una inmobiliaria”. Una Plataforma cuyos representantes recordaban antes del debate, en los pasillos de la Cámara regional, que se iniciaba una “lucha sin cuartel con los instrumentos del Estado de Derecho”, que incluye un más que probable recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por Unidos Podemos.
Sin cuartel
Así lo resumió el político y jurista Santiago Pérez, miembro de la Plataforma, al afirmar que “no habrá cuartel contra una ley que constata que el sector inmobiliario ha tomado el Parlamento”.
O como anunció Campos en la tribuna de oradores: “Esto no acaba aquí hoy, pues comienza el primer día de un nuevo tiempo para conseguir las mayorías sociales alternativas que permitan revertir todos los aspectos negativos y dañinos de esta ley”.
Un texto que, sin embargo, el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias, Rafael Hernández, ha asegurado también en el patio del Parlamento, que “el sector primario apoya sin fisuras”, mientras que la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado, aplaudió que posibilite usos complementarios de las pequeñas explotaciones y legalizar aquellas, sobre todo ganaderas, que llevan décadas ilegales por la colisión existente entre los diversos planes que afectan al territorio.
Aprobado raspado
Dos visiones fuera del hemiciclo que también se han dado dentro del salón de plenos durante una Ley que, como recordó Campos, “entró en el Parlamento con 48 votos a favor y se aprobará solo con 33”, en referencia que el Grupo Socialista (que cogobernaba con CC hasta diciembre de 2016) se ha descolgado del proyecto elaborado por el Ejecutivo regional.
Al respecto, la socialista Nayra Alemán ha criticado que el gabinete de Clavijo haya “preferido un aprobado raspado” a negociar un respaldo más amplio de una Ley que “se ha dejado arrastrar por la especulación” y “fomenta el insularismo” al hacer el Gobierno “dejación de sus responsabilidades a la hora de ordenar y proteger nuestro escaso territorio” y convirtiendo la Ley en “una máquina del tiempo que va a llevar a Canarias al peor desarrollismo urbanístico”
Es decir, y como afirmó Campos, el texto “fomenta la arbitrariedad”, es “cortoplacista, retoma el desarrollismo fracasado del pasado siglo, rompe el proyecto común de Canarias al suprimir la mayoría de las Directrices de Ordenación General y antepone los proyectos públicos o privados al planeamiento, además de que crea numerosas puertas traseras para saltarse los planes generales e insulares”.
En parecidos términos, Concepción Monzón (Podemos) afirmó que la Ley “tiene componentes neoliberales y desreguladores, está al servicio de unos pocos, solo beneficia a los grandes propietarios de suelo e incrementa hasta el infinito la discrecional de los poderes públicos”.
“Podemos no quiere que nuestro suelo rural se convierta en un gran parque de atracciones”, concluyó.
El bloque opositor no está de acuerdo con el artículo 101, por permite el uso turístico fuera de las zonas reservadas en los planes insulares de ordenación territorial, ni con el 104, pues obvia que para la aprobación de los planes insulares se necesiten informes sobre criterios de sostenibilidad y de adaptación al cambio climático por parte de la nueva Cotmac.
Asimismo, acusan al Gobierno de ceder a los cabildos la competencia para la formulación, aprobación y evaluación ambiental de los Espacios Naturales Protegidos y creen que se permiten que los convenios urbanísticos y los denominados programas de actuación sobre el medio urbano puedan modificar el planeamiento existente, saltándose todos los trámites ordinarios.
Visión demagógica
Frente a esta visión “demagógica”, como calificó el líder de ASG, Casimiro Curbelo, de los detractores del texto, los portavoces del bloque favorable defendieron que “afianza la protección del suelo rústico y del medio ambiente”.
“La Ley del Suelo no protege a los poderosos, sino a los que están desnudos y desprotegidos frente a la actual maraña legislativa que impide construir un invernadero, un cuarto de aperos o una bodega”, insistió Curbelo.
El nacionalista José Miguel Ruano recordó la postura incongruente de un Grupo Socialista que ha votado en contra de un texto que “mantiene los acuerdos” suscritos en la llamada Adenda 2 que se firmó para intentar salvar el Pacto CC-PSOE.
Un “señuelo”, según la socialista Alemán que Ruano ha contestado sin ambages: “Se han simplificado los procedimientos, se garantiza que la evaluación ambiental estratégica del planeamiento de los municipios la hace un órgano ambiental autonómico, siguen vigentes las directrices de suelo rústico, se conserva la regulación de los Espacios Naturales Protegidos y solo se permiten usos complementarios en suelo rústico si están asociados a la actividad agrícola y ganadera”.
Simplificar y racionalizar
Por tanto, ni para Ruano ni para el conservador Miguel Jorge Blanco existen puertas traseras, sino que incluso existe una mayor regulación y control de los posibles proyectos singulares o excepcionales que tengan carácter estratégico, siempre que no tengan un turístico-alojativo.
“Hubiera sido deseable un acuerdo general, pero sinceramente creo que el consenso nunca estuvo en la voluntad de quienes se oponen, y aunque hubiéramos admitido todas sus enmiendas, hubieran encontrado otros argumentos”, dijo el diputado del PP.
Un texto que para sus valedores “facilita, simplifica y racionaliza” la actuación de cada una de las administraciones públicas que actúan sobre el territorio.
“¿Es que los cabildos van a ser depredadores del suelo, es que no nos fiamos de los ayuntamientos?”, insistía Curbelo.
“La Ley permite que agricultores y ganaderos puedan desarrollar todo su potencial”, afirmó por su parte Blanco.
“No será una Ley que transforme nuestro modelo productivo, pero sí conseguirá que se hagan las cosas que pueden hacerse allí donde pueden hacerse e impedirá que se hagan en los suelos de mayor valor ambiental o productivo”, zanjó Ruano.