Las alarmas saltaron con la amonestación al juez del 'caso Mari Luz' y las consecuentes denuncias por la ineficiencia y lentitud de la Justicia. Muchos jueces se han sentido atacados por esa reprimenda y han pasado al ataque. A pesar de que el órgano que rige a los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha dictaminado que no tienen derecho a la huelga, muchos de los magistrados, entre ellos los canarios, mantendrán el paro convocado para el próximo 18 de febrero.
Si tienen o no derecho a la huelga los jueces ha sido un tema espinoso, ya que si bien para los jueces y magistrados no hay ninguna duda acerca de su derecho, para el Gobierno es justo lo contrario, avalado por la postura del CGPJ.
El actual secretario general de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, y ex ministro de Justicia, lo tiene claro: “La justicia no pertenece a los jueces, sino a los ciudadanos”. Y es por eso por lo que asegura no estar en absoluto de acuerdo con esta huelga, ya que a su juicio los jueces, a diferencia de otros trabajadores, son titulares de uno de los tres poderes del Estado.
“La Justicia es un poder del Estado, pero ante todo un derecho de los ciudadanos”, respondió a ACN Press López Aguilar este viernes en rueda de prensa. “La Justicia no pertenece a los jueces sino a los ciudadanos, y no lo digo yo, Juan Fernando López Aguilar, lo dice la Constitución”.
Y para el ex ministro precisamente la respuesta fácil sería afirmar que como la Constitución no prohíbe el derecho a la huelga de los jueces es lícito que reivindiquen este derecho. “Pero a menudo la respuesta fácil es la equivocada, la que miente”, advierte.
“El derecho de huelga lo reconoce la Constitución a los empleados contra sus empleadores, a los trabajadores por cuenta ajena, para oponer su sacrificio económico personal como condición para mejorar las condiciones de trabajo”, explicó.
Titulares de un poder del Estado
A juicio del secretario general de los socialistas canarios, los jueces no están haciendo eso, sino otra cosa: “En primer lugar los jueces no son empleados de ningún empleador que sería el Estado, son titulares de un poder del Estado, al mismo tiempo que funcionarios públicos”.
“Los jueces no están renunciando con sacrificio económico a sus retribuciones de ese día para mejorar sus condiciones de trabajo, están haciendo otra cosa muy distinta, están expresando resistencia a una estrategia modernizadora que la sociedad tiene derecho a demandar y el Gobierno el deber de impulsar”, concluyó.
Aguilar se mostró categórico: “No estoy de acuerdo en absoluto con ese planteamiento, debe ser el último recurso porque cuando se hace en serio comporta un sacrificio económico para el trabajador, que sabe que está renunciando a su sueldo tanto como dura la huelga”.
Modernización de la Justicia
A pesar de su importancia, el derecho o no a la huelga de los magistrados queda en un segundo plano ante el verdadero problema de fondo: el funcionamiento de la justicia. El propio presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido que la justicia en España “no funciona”. Aguilar, que fue responsable de justicia en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero hasta que fue nombrado candidato a las Elecciones Autonómicas de Canarias en 2007, no se sintió ni mucho menos atacado por esta declaración.
“Los problemas de la legislatura se arrastran desde hace mucho tiempo ?respondió- y todos los males que se denuncian, lentitud, ineficiencia, inseguridad y consiguiente desigualdad ante la Ley son derivados de un mal mayor, que es un déficit de modernización estratégica y de implantación masiva de las tecnologías del siglo XXI”.
“La modernización depende de todo un conjunto de voluntades en el que hay que ejercer liderazgo porque es una cuestión de todos”, concluyó.