El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, ha anunciado este sábado el “desbloqueo” del convenio entre el Cabildo y el Ejecutivo canario para financiar la cuarta fase de la circunvalación, “paralizado” por el anterior gobierno del PP.
En una rueda de prensa que han ofrecido el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo (PSOE), el concejal de Empleo, Turismo y Movilidad, Pedro Quevedo (NC), y Doreste (Las Palmas Puede) para ofrecer un balance de su gestión, el responsable de Urbanismo ha destacado que el Ayuntamiento tenía que renunciar a la financiación destinada al barranco del Guiniguada para poder que se pudiera destinar a las obras de la circunvalación.
Doreste ha informado de que el pasado 13 de mayo el Cabildo pidió al Ayuntamiento que desbloqueara los 8 millones de euros del convenio del Guiniguada para poder emplearlos en las obras de la cuarta fase de la circunvalación, pero el “anterior gobierno no movió un papel”.
El edil de Urbanismo ha explicado que era preciso renunciar al convenio, como así se había comprometido el anterior alcalde, Juan José Cardona, y que para ello se precisaba de un informe jurídico, otro de Intervención y un tercero de gestión financiera, pero “ninguno se hizo”, pese a ser una obra “importante para crear puestos trabajo y avanzar en el acceso a la ciudad por la parte norte”.
El alcalde ha destacado, en el balance que ha ofrecido tras 90 días al frente del Ayuntamiento, que el gobierno plural que encabeza tiene “una sola voz a la hora de tomar decisiones y ha cogido los toros por los cuernos” para gestionar la ciudad, en una “situación que no es fácil”.
Hidalgo ha subrayado que el “escenario idílico” presentado por Cardona de que había 130 millones de euros de superávit “se da de bruces con realidad, porque las normas del techo de gasto impuestas por el Gobierno central dejan un margen de maniobra de un millón de euros” para la ciudad hasta que finalice el año.
El gobierno anterior del PP “cabalgó” sobre una serie de medidas que le favorecieron, como el incremento del IBI o la reducción “drástica” de personal municipal, entre otras, pero sus consecuencias las tendrá que asumir el nuevo gobierno.
En el caso de la política de personal, Hidalgo ha recordado que una sentencia ordena a pagar más de 115.000 euros solo a cinco o seis trabajadores y ha advertido de que si se anula también la relación de puesto de trabajo de 2015, el “coste será ingente para la administración municipal”.
El alcalde ha subrayado que el nuevo gobierno ha tenido que “deshacer entuertos” como el originado con la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, cuya aportación económica por parte del Ayuntamiento para adquirir la obra expuesta en el centro por el artista se ha logrado reducir a la mitad.
En este sentido, ha aludido también al problema originado por la orden de demolición de la Biblioteca del Estado, para cuya solución ha recordado que se han iniciado negociaciones con el Gobierno central, aunque se buscan otras opciones, así como a la situación hallada en la empresa mixta de aguas Emalsa, o al problema que han tenido que subsanar del programa informático que impedía el pago a los proveedores.
Hidalgo, que ha defendido que su grupo de gobierno se ha puesto a trabajar “desde el minuto uno”, ha lamentado que el anterior equipo de gobierno del PP no dejara “ni un duro” para sufragar los datos en educación derivados del inicio del curso escolar, para lo que han tenido que destinar 650.000 euros, y que tampoco se dispusiera de financiación para las ayudas para alquiler de viviendas, para lo que también han tenido que dotar 543.000 euros.
Doreste ha destacado las acciones llevadas a cabo en materia de vivienda, pues ha indicado que se ha conseguido “desbloquear” las 72 viviendas de Tamaraceite, donde se construirán otras 83 viviendas, y además renegociar el convenio sobre la rehabilitación de los patios de Escaleritas, para lo que se contará con 1,4 millones de euros.
Así mismo, en materia social, ha dicho el antiguo consejo social, que el PP “no convocó nunca”, se ha sustituido por la mesa de inclusión social, que contará con la participación de las ONGs, a las que se tendrá en cuenta para desarrollar las nuevas políticas municipales con el fin de que sean más eficaces y ágiles.
Quevedo, como responsable de Turismo, Empleo y Movilidad, ha manifestado que el nuevo gobierno ha frenado el proceso de “desmantelamiento del Instituto de Empleo y Formación (Imef), reorientará la política turística para que no esté centrada solo en ”sol, playa y centros comerciales“, y modificará la desarrollada en materia de transportes, en especial en el sector del taxi.