Tres meses después de su aprobación, con cuatro autos judiciales en contra y bajo apercibimiento de multa, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha corregido este martes la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada en diciembre para dejar sin efecto la conversión de 602 laborales indefinidos en funcionarios interinos.
Con los votos a favor del PP, la abstención de NC y el rechazo del PSOE y de Compromiso, el Consistorio capitalino ha aprobado la modificación de la RPT en un pleno extraordinario y urgente que la portavoz socialista Isabel Mena ha tildado de “clandestino” por haberse convocado a una hora inusual –las 08.00- y en un escenario atípico –la sala de reuniones situada en la sexta planta de las Oficinas Municipales-.
Con esta rectificación, la administración municipal da cumplimiento a las dos sentencias dictadas el pasado 7 de marzo por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que suspendían la RPT, los presupuestos y la plantilla municipal para el ejercicio 2014. Estas resoluciones ratificaban, a su vez, otros dos pronunciamientos de la misma sala, fechados los días 23 de diciembre de 2013 y 2 de enero de 2014, que anulaban de forma cautelar la medida más controvertida de la relación de plazas.
El TSJC había dado un plazo de 15 días al alcalde, Juan José Cardona, para acatar los autos y presentar una RPT con identificación de las plazas, bajo la amenaza, en caso de incumplimiento, de imponer una sanción al Ayuntamiento.
Ángel Sabroso, portavoz del PP, ha asegurado que el único cambio que se producirá con esta adaptación es que los trabajadores afectados por la medida volverán a la situación laboral en la que se encontraban el 31 de diciembre de 2013 y que, por lo tanto, el 60% de ellos verá reducido su salario y tendrá que devolver lo cobrado de más en enero, febrero y marzo.
“Estamos buscando fórmulas para que no afecte de manera severa a sus bolsillos y para ello posiblemente utilizaremos la paga extra de verano”, ha dicho Sabroso, que ha negado que la solución adoptada por el grupo de gobierno vaya a provocar un “caos organizativo”, como augura la oposición.
Según el dirigente popular, las actuaciones del Ayuntamiento en este proceso han demostrado que no eran ciertos los vaticinios de la oposición y los sindicatos en relación a las nóminas (a pesar del retraso de enero) o de posibles despidos. “Nada de eso ha pasado”, ha aseverado Sabroso.
“Una mala solución”
Para Isabel Mena, el PP “ha resuelto mal una historia que empezó mal”. La portavoz socialista ha recordado que en el pleno celebrado a finales de diciembre ya existía un auto que anulaba de forma cautelar la funcionarización del personal laboral y que, a pesar de ello, el gobierno municipal aprobó unos presupuestos y una plantilla que contenían la mencionada conversión.
El PSOE considera que el PP reincide en el error, puesto que mantiene al resto de personal (unos 2.400 empleados) dentro de la RPT, “generando un caos en el que ya no se sabe ni siquiera quién es el jefe de servicio de cada departamento”. Mena ha subrayado que el Ayuntamiento ha modificado el vínculo de los trabajadores, pero no ha identificado los puestos que ocupan, que era lo que solicitaba el auto del TSJC.
En respuesta a esta aseveración de la portavoz socialista, Sabroso ha aclarado que todos los empleados seguirán ocupando sus puestos actuales, aunque los jefes de servicio que recuperan su condición de laborales se reconvertirán en coordinadores de servicio.
Mena ha instado a la corporación a “reclamar a quien cobró 52.000 euros por elaborar la RPT que haga una RPT dentro de la legalidad o que devuelva el dinero”. “El propio portavoz del PP ha reconocido que han actuado al margen de la legalidad”, ha destacado la concejal del PSOE aludiendo a las palabras pronunciadas por Sabroso en el pleno, en las que admitía que Canarias “no tiene un instrumento para dar cobertura legal” al cambio de vínculo.
“Para estabilizar la plantilla, hay que convocar oposiciones. Este proceso es tan ilegal que el propio Gobierno de Rajoy ha llevado al Tribunal Constitucional al Gobierno de Navarra por intentar funcionarizar a los labores”, ha concluido Mena.
Por su parte, Nardy Barrios, portavoz de Compromiso, ha calificado de “chapuza” la adaptación realizada por el grupo de gobierno y ha subrayado que no ha incorporado a la misma el complemento de incompatibilidad, que ha dejado en suspenso las adscripciones a los puestos de trabajo “cuando tenía que haberlas anulado” y que no ha convocado a los trabajadores a una mesa de negociación para intentar acordar otra solución.
“La organización ha quedado malparada y los trabajadores disgustados. Este pleno se podría haber evitado si el PP hubiese hecho las cosas bien”, ha afirmado.
En la misma línea, Pedro Quevedo, concejal de NC, ha lamentado que se haya tenido que celebrar la sesión para resolver un asunto que ha provocado un “profundo deterioro” en las relaciones laborales entre la dirección política y los trabajadores municipales. “No hay forma buena de solucionarlo que no sea mediante un concurso-oposición. Nos hemos abstenido para poder explicarlo, no todo es blanco o negro, el sí o el no, el es imposible negociar. Era necesario corregir una situación a la que se ha llegado por la cabezonería del grupo de gobierno”, ha zanjado.