El eurodiputado canario del PP y presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Gabriel Mato, presentará el próximo día 21 de enero un proyecto de recomendación en el que reclama el rechazo del actual protocolo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania.
Dicho documento, del que es el ponente y que defenderá en la mencionada Comisión de Pesca, establece la necesidad de una revisión de las condiciones de pesca entre ambas partes mediante la negociación de un nuevo protocolo, teniendo en cuenta, explica Mato, que “el actual acuerdo resulta insuficiente en cuanto a las posibilidades de pesca, además de incorporar una condiciones técnicas abusivas”.
Gabriel Mato insiste en que, tal y como han puesto de manifiesto tanto las administraciones nacionales como la industria pesquera, el actual protocolo de pesca “no resulta rentable”, al resultar caro para las oportunidades de pesca y las condiciones que establece.
Esto queda corroborado por el hecho de que, a excepción de alguneros atuneros, para quienes las condiciones técnicas no han variado, el resto de la flota no ha pedido licencias provisionales.
El presidente de la Comisión de Pesca denuncia además que el protocolo no permita el acceso a la flota cefalopodera sin que exista una razón biológica que lo justifique, por lo que 32 buques, de los que 24 eran españoles y con base en Las Palmas de Gran Canaria, se quedan sin caladero y sin alternativas.
Por otro lado, critica que se restrinja las zonas de pesca para todas las flotas, incluida la pelágica, lo que supone una reducción drástica de las capturas.
En el documento, Gabriel Mato explica que en la pesca de pelágicos, marisco y merluza se pasa de una gestión por esfuerzo pesquero en tonelaje a otra de cuotas, complementada por una limitación al número de barcos.
Contraprestación económica
Entre los inconvenientes del actual protocolo, Gabriel Mato añade que resulta más caro para la UE. En este sentido, recuerda que supone que la aplicación provisional del protocolo, aprobada por el Consejo de Ministros de Pesca el pasado 3 de diciembre, contempla una contrapartida financiera de 110 millones de euros al año, de los que 70 millones los aporta la UE y el resto la industria en concepto de cánones por licencias de pesca.
En su opinión, se trata de una cuantía mucho mayor al protocolo anterior que hace que “sea caro y desproporcionado”.
A su vez, denuncia que no hay justificación para la revisión de la contribución privada de los armadores cuando se reducen las posibilidades de pesca y las condiciones técnicas se hacen más restrictivas. En este caso, señala que para los armadores representa un incremento del coste en torno al 300% y 400%.
Además, hay costes indirectos que contribuyen a encarecer aún más el acuerdo, como son las obligaciones de desembarcar y transbordar en Mauritania, contratar a un 60% de los marineros mauritanos por barco, repostar en dicho país y llevar un segundo sistema de seguimiento VMS.
Todas estas circunstancias, explica el presidente de la Comisión de Pesca, no benefician ni a la UE ni a Mauritania. En el caso del primero, explica, resulta negativo porque las condiciones de explotación de pesca impiden su rentabilidad, mientras que en el caso de Mauritania, la ausencia de flota europea que se ha evidenciado le privará de una gran parte de la contrapartida financiera, sin contar la riqueza generada en la población costera local por la actividad de los buques y los salarios de los marineros, entre otros aspectos.
El acuerdo más importante en pesca
Gabriel Mato recuerda la importancia que tiene para la UE el acuerdo pesquero con Mauritania, al ser el más relevante en términos de volumen y variedad de productos pesqueros, así como en contrapartida financiera.
El acuerdo da acceso a un centenar de barcos de 12 Estados miembros, distribuidos en ocho categorías que incluyen pesca pelágica, demersales y merluza, marisco y atunes.
Gabriel Mato considera que, aunque se incluye también los cefalópodos, se reduce a cero la posibilidad de pesca por una decisión que, reitera, no está justificada.
Al respecto, en su informe argumenta que el Instituto Español de Oceanografía ha elaborado un estudio en el que deja patente que el pulpo no está en mal estado de conservación sino en niveles de biomasa de rendimiento máximo sostenible, un aspecto que deja obsoleto el documento del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTP) que se basa en datos de 2008 y que es el que ha tenido en cuenta la Comisión Europea.
Por otro lado, denuncia que el mismo CCTP reconoce que 200 barcos arrastreros congeladores mauritanos, la mayoría de ellos con banderas de otras nacionalidades, y una flota artesanal de alrededor de 900 piraguas, continúa dicha modalidad de pesca en Mauritania.
Respecto a los pelágicos, Gabriel Mato defiende en su informe que la Comisión Europea se sitúa en una posición última en el reparto de excedentes, un aspecto contrario al trato diferencial que contempla el protocolo.
Desembarque en Mauritania
Asimismo, critica que se contemple la obligación de desembarcar en Mauritania sin haber realizado un análisis previo de impacto socioeconómico de las pérdidas que esta nueva medida va a causar a Canarias, donde hasta ahora se han venido llevando a cabo los desembarcos.
En lo que a demersales se refiere, se muestra en contra de la obligación de desembarcar todas las capturas, y critica que se deja de prohibir capturas accesorias de pulpo y merluza, una medida contradictoria con las restricciones impuestas a marisqueros y cefalópodos.
Respecto al marisco, señala que el traslado de la zona de pesca excluida de las 6 a las 8 millas de la costa constituye una grave pérdida de rentabilidad para el sector, ya que en las zonas acotadas se concentra la mayor parte de la pesquería de langostino, además de no existir ninguna razón para modificar la zona de pesca.
En el caso de cangrejos, apunta que se concentra el esfuerzo pesquero en una zona más reducida, mientras que atún y palangre de superficie son las únicas que no presentan modificaciones sustanciales.
Finalmente, denuncia la obligación del suministro de combustible por parte de la empresa monopolística nacional, teniendo en cuenta que presenta precios superior al de mercado, lo que se traduce en un coste adicional de 45.000 euros más por buque y año en el caso de los marisqueros.