La comisión parlamentaria que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia en Canarias se ha reanudado este lunes con la comparecencia de Carlos Sánchez Muñoz, director ejecutivo de ACJ, la principal empresa suministradora del Servicio Canario de Salud (SCS) en ese periodo. Esta empresa, fundada en 1987 y proveedora habitual de la sanidad en las Islas, fue adjudicataria de contratos públicos por un importe superior a los 17 millones de euros, más de 13 por la vía de emergencia, durante la crisis sanitaria.
“El mercado era tan volátil y había tanto engaño, de empresas que querían que le pagaras y desaparecer, que le decíamos a la administración que había un riesgo. Cumplimos (con la entrega del material contratado), pero el riesgo lo tuvimos todas las empresas”, ha afirmado en la sesión de este lunes. El director ejecutivo de ACJ ha descrito un mercado “muy complicado” en la primera fase de la pandemia. “Si tardabas en hacer el pedido, lo perdías. Había que pagar todo por adelantado y el precio cambiaba cada minuto”, ha recordado Sánchez Muñoz. “China era una guerra, no había tiempo”, agregó.
Sánchez Muñoz ha explicado que su empresa lleva trabajando desde 2009 con China, después de recibir permisos de exportación, y que incluso tiene destinado en el país asiático a un trabajador que, durante la crisis sanitaria, se encargó de realizar una primera comprobación del material para comprobar su calidad. El compareciente ha contado que la empresa tiene una plantilla de alrededor de 50 empleados y una amplia experiencia en la distribución de suministros y en servicios sanitarios, con almacenes en Tenerife y en Gran Canaria y oficinas en Gran Canaria, Mauritania, Senegal y Barcelona.
“Durante la pandemia nos volcamos en cuerpo y alma, trabajamos día y noche. Teníamos acceso a la industria médica, pero no podíamos conseguir material” por la fuerte demanda en el mercado internacional, ha afirmado Sánchez Muñoz. “Los proveedores habituales no tenían capacidad y el material llegaba a cuentagotas. Era muy duro que los médicos nos pidieran mascarillas para salvar a pacientes”, recordó.
Sánchez Muñoz ha negado las informaciones periodísticas que apuntaban que uno de los contratos adjudicados a ACJ, para el suministro de 50.000 test por importe de 795.000 euros, estaba siendo objeto de investigación por la Fiscalía Europea. “Nadie de la Fiscalía se ha dirigido a nosotros. No es correcto”, ha sentenciado el director ejecutivo, que durante su comparecencia ha insistido en varias ocasiones en que el margen de beneficio de su empresa siempre fue el mismo, “antes, durante y después de la pandemia”, y que no se aprovechó de la coyuntura económica para incrementar sus ganancias. “Los precios fluctuaban, pero siempre mantuvimos los mismos márgenes. Se compró al mejor precio que se podía en ese momento y está muy bien comprado”, ha aseverado.
El empresario explicó que el volumen de facturación de ACJ antes de la pandemia superaba los ocho millones de euros, que en el primer año de la crisis sanitaria ascendió a 32 millones y que en los posteriores llegó a 16. Con respecto a los contratos con el Servicio Canario de Salud, explicó que sólo en uno de ellos, el primero, recibió un adelanto del 50% (4,5 millones de euros), porque era una operación grande. El resto, según dijo, lo financiaba la propia empresa, que incluso tuvo que renunciar a contratos por incapacidad financiera.
Sánchez Muñoz ha relatado que ACJ dispone de un departamento de calidad que comprobaba que el material entregado cumplía con todos los estándares de calidad y disponía de todos los certificados y que, con posterioridad, las áreas de Farmacia de la administración y los técnicos de prevención de riesgos laborales de los hospitales lo validaban.
Ante las preguntas de los diputados de CC y PP sobre otros contratos de emergencia, como el adjudicado por cuatro millones de euros a una empresa sin experiencia en el sector (RR7 United) por un millón de mascarillas que nunca llegaron a su destino, Sánchez Muñoz ha evitado pronunciarse. “No sé el acceso que tenía al producto. No puedo opinar. Sólo sé que era muy difícil conseguir el material. Si para una empresa del sector era difícil, para el resto...”
El empresario ha incidido en que durante esa época tuvo que afrontar “muchísimos imprevistos”. “China cambiaba la normativa (de exportación) de manera periódica. Cambiaba detalles. Más de una vez tuvimos que mandar material de vuelta del aeropuerto a la fábrica para poder reetiquetar simplemente”, afirmó.
Sánchez Muñoz manifestó que la persona habitual de contacto con el SCS era su directora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, con la que se solía comunicar a través de correo electrónico. “Nosotros mandábamos la oferta y se nos adjudicaba o no”. El empresario ha dicho que también conocía a Conrado Domínguez por su anterior etapa al frente del SCS (durante el primer Gobierno de Fernando Clavijo), pero que durante la pandemia sólo recuerda haber hablado con él sobre unos equipamientos para las unidades de cuidados intensivos.
También dijo haber hablado con quien fuera viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, hoy jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres, simplemente por la operación que permitió fletar el primer vuelo directo desde Shangai a las Islas para proveer material sanitario. “Si alguien respondía y cumplía, la administración se apoyaba en ella. Buscaría donde hubiera porque no había material, sobre todo al principio”, ha contestado sobre el alto volumen de contratación del SCS con ACJ en la pandemia.
En la sesión de este lunes también estaba previsto que compareciera Kevin Sánchez Pulido, propietario de la empresa Yimbo 7 Inversiones SL, implicada en el denominado caso Mascarillas, que investiga un contrato de emergencia concedido a RR7 por cuatro millones de euros por un material que nunca llegó a los hospitales de las Islas. Sin embargo, este empresario no ha asistido al Parlamento, por lo que el presidente de la comisión ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía esta incomparecencia.