SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 (EUROPA PRESS)
El diputado del PSOE, Manuel Fajardo Palarea, ha asegurado este jueves que un año después de la aprobación de Ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo aún no se sabe nada de los diez millones de metros de suelo industrial que el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, prometió en noviembre de 2007.
Fajardo Palarea explicó en declaraciones a Europa Press que en su día el Ejecutivo presentó la norma como una “ley milagro” que iba a combatir la especulación y a facilitar el abaratamiento de suelo industrial, pero que a día de hoy y tras la comparecencia en el Parlamento de Canarias del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, no se sabe cuáles son sus efectos. “A fecha de hoy no sabemos cuánto suelo industrial a disposición real hay”, recalcó.
“Tampoco sabemos si se ha combatido la especulación”, prosiguió el diputado que recordó que en su día se informó de que en Canarias el suelo podía ser hasta diez meses superior al del resto del territorio del país.
El socialista también criticó que no haya aparecido ningún gran proyecto industrial. Aquí admitió la obviedad de la crisis, pero dejó en el aire que también pude ser por la “incompetencia” del Ejecutivo para atraer estas inversiones a las islas.
También dudó de los efectos de la norma en materia agrícola y recordó que 421 solicitudes presentadas para regularizar las explotaciones ganaderas irregulares no quiere decir que ya se hayan legalizado. También dudó de que si muchas no se habrán acogido a esta fórmula para evitar las sanciones impuestas por la Apmun.
EL ORIGEN
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, presentó en noviembre de 2007 un plan para sacar al mercado diez millones de metros cuadrados de suelo de uso industrial y la creación de parques tecnológicos como polos de un nuevo modelo de desarrollo aprovechando los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas.
La norma que entró en vigor en mayo de 2009 contempla que “el Gobierno, respecto de los suelos urbanizables, de uso industrial, sectorizados y no ordenados sobre los que no se haya producido su ordenación pormenorizada, por causa imputable a su titular, en el plazo de cuatro años computados desde fecha de su clasificación o, en su caso, categorización como industriales, mediante decreto y en los términos que reglamentariamente se determinen, podrá reclasificarlos a suelo rústico de protección territorial, cuando no considere a los mismos necesarios para la implantación de actividades industriales en atención a las necesidades actuales debidamente constatadas”.
Además plantea que “si estimare tales suelos necesarios para la implantación de actividades industriales, el Gobierno, a iniciativa propia o a solicitud del cabildo insular correspondiente, previa declaración de utilidad pública, podrá acordar la expropiación de los terrenos y la adjudicación mediante concurso a terceros que se comprometan a implantar la actividad industrial de la propiedad del terreno o de un derecho de superficie sobre la misma. Igualmente podrá acordar la reparcelación forzosa y su adjudicación a terceros mediante concurso”.
“Los compromisos del adjudicatario, que se establecerán reglamentariamente, deberán comprender la obligación de presentar el correspondiente Plan Parcial en el plazo máximo de seis meses desde la adjudicación, y una vez aprobado éste, la obligación de presentar en el plazo máximo de cuatro meses el Proyecto de Urbanización, y tras la aprobación de éste, la obligación de ejecutar la urbanización en el plazo de un año, así como obligación de prestar una fianza del quince por ciento del valor de las obras”, añade.
Por último plantea que “en todo caso, la adjudicación quedará resuelta cuando se declare el incumplimiento culpable de los compromisos asumidos por el adjudicatario, con incautación de la fianza presentada”.
El Gobierno de Canarias ha informado de que en las islas aproximadamente hay 17 millones de metros cuadrados libres. Así se ha defendido que el problema del suelo industrial en las islas no es su escasez, sino su precio. De este modo se llega a hablar de que en el archipiélago el valor puede ser diez veces superior al de la península. Algunos industriales han apuntado que mientras en las islas cuesta unos 30 euros, en el continente no supera los 6 euros por metro.