El Partido Popular (PP) ha presentado este martes por la vía de urgencia, durante la Comisión de Transporte celebrada en el Cabildo de Gran Canaria, una modificación de crédito de 2,3 millones de euros destinados a evitar que la empresa de transporte interurbano Global “paralice completamente” su servicio en una o dos semanas.
Así se deriva del informe técnico del Servicio de Transportes de la Corporación Insular, según señala el Partido Socialista (PSC) en un comunicado emitido apenas 24 horas después de que la consejera insular del área, María del Carmen rosario Godoy presentara sus presupuestos de cara a 2014.
El viceportavoz socialista en el Cabildo, Augusto Hidalgo, advierte que los recortes llevado a cabo por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy “están teniendo consecuencias muy graves”. Al respecto, recuerda los dos millones de euros menos que Gran Canaria recibe de los Presupuestos Generales de 2013 en materia de transporte público terrestre, así como la bajada de pasajeros y la subida del precio del combustible que “han hecho que la empresa Global entre en una situación crítica, que hace inviable la situación financiera de la empresa, sin esta aportación extra del Cabildo”.
Hidalgo lamenta que el Ejecutivo central disminuya las partidas destinadas a la Isla en un momento en que “la obligación del Estado sería la de aumentar el gasto en transporte público, para garantizar los servicios dada la situación de crisis en la que vivimos”. A su juicio, la forma de actuar del Gobierno central pone a las operadoras en una situación de “inviabilidad”, lo que a su vez “pone en peligro servicios básicos como éste, que afecta sensiblemente a los millones de ciudadanos que utilizan este servicio y a casi 800 trabajadores”.
El PSC indica afirma que el informe técnico pone de relieve que dichas tendrán dificultades para abonar las nóminas de diciembre, el pago a proveedores y las obligaciones con las Administraciones Públicas. Por este motivo, los socialistas exigen al presidente insular, José Miguel Bravo de Laguna, que “manifieste públicamente ?y no mediante carta secreta? su rechazo al maltrato que está sometiendo el Gobierno de España a la isla de Gran Canaria”.