La Audiencia de Cuentas ha aprobado este año un informe que deja en mal lugar a muchas entidades locales de Canarias en la lucha contra la crisis climática: el 40,5% de los cabildos y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes no habían aprobado planes de acción para el clima y la energía sostenible a fecha de 30 de junio de 2023, alcance temporal del análisis.
El documento, aprobado a finales de marzo de 2025, desvela que los siete cabildos insulares y ocho ayuntamientos (Puerto del Rosario, La Oliva, Teguise, Guía de Isora, Pájara, Los Llanos de Aridane, Arrecife y Granadilla de Abona) no habían desplegado este tipo de instrumento, un compromiso recogido dentro del Pacto de los Alcaldes, la principal iniciativa impulsada por la Comisión Europea por la que autoridades locales se comprometen a mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable.
Ha pasado tanto tiempo desde la fiscalización de la Audiencia de Cuentas, eso sí, que algunas administraciones señaladas ya se han puesto las pilas. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, por ejemplo, acaba de aprobar su plan, al igual que el de Granadilla de Abona. Además, el dato tiene algo de trampa.
De las 15 entidades locales sin planificación general en verano de 2023, once (cuatro cabildos y siete ayuntamientos) sí que habían implementado algún tipo de medida sectorial, lo que muestra que la falta de planes de acción para el clima no implica la carencia total de políticas climáticas. Aunque estas actuaciones, repara la Audiencia de Cuentas, se están desarrollando “sin una planificación general que permita dirigirlas de manera coordinada hacia el cumplimiento de unos objetivos globales”.
Por otro lado, si bien es cierto que ningún cabildo cuenta con su propio plan de acción por el clima y la energía, los de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, coordinadores del Pacto de los Alcaldes en sus respectivas islas, han colaborado en la elaboración de los planes de muchos municipios. En Gran Canaria, de hecho, las 21 localidades cuentan con el suyo. Y el Consejo Insular de la Energía del Cabildo insular también puso en marcha recientemente sendas estrategias de adaptación al cambio climático y de economía circular.
Las conclusiones del informe son bastante duras sobre la ejecución y seguimiento de los planes climáticos de los consistorios de más de 50.000 habitantes, aprobados en todos ellos salvo en dos, Arrecife y Granadilla de Abona (este acordó inicialmente el suyo el 31 de octubre de 2024, fuera del plazo de estudio).
El órgano advierte que la mayoría de los ayuntamientos no realizaron cambios en sus estructuras administrativas para la elaboración de dichos planes y que lo que hicieron fue delegar esas funciones a servicios municipales existentes, sin una unidad específica para ello. Solo el Ayuntamiento de Telde llevó a cabo modificaciones al respecto.
El documento señala que los consistorios no constituyeron comités o grupos de expertos que participaran y apoyaran la puesta a punto de los planes (Santa Cruz de Tenerife, Telde, Arona y Santa Lucía designaron “responsables específicos” para redactarlos, pero nada más). Y que tampoco han realizado análisis de seguimiento de los avances de estas iniciativas. Las corporaciones, por su parte, han alegado falta de recursos económicos y humanos para justificarse.
La ley canaria de cambio climático mandata al sector público a elaborar planes de ahorro energético en los edificios públicos. Pero ninguno de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes ha aprobado el suyo, de acuerdo con la Audiencia de Cuentas. Tampoco han dado luz verde a planes de alumbrado público, aunque de este no se menciona ningún tipo de obligatoriedad.
En cuanto a los planes de movilidad urbana sostenible, los famosos PMUS, ninguno de los seis consistorios que han sacado adelanto el suyo ha incorporado las nueve medidas de mitigación de emisiones, como las zonas de bajas emisiones, en trámite en siete municipios de las Islas, pero vigente en ninguno.
Otro asunto que también afea el órgano fiscalizador a los ayuntamientos es que la transparencia de la normativa autonómica en materia de ahorro y eficiencia energética brilla por su ausencia en sus páginas webs. Apunta que solo el Consistorio de Las Palmas de Gran Canaria dispone de una regulación propia y “cumple adecuadamente con su publicación”.
Con respecto al contenido, cinco ayuntamientos, los de la capital grancanaria, Telde, Arona, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana han asumido la meta de reducir las emisiones contaminantes en un 40% para 2030. Las entidades locales de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna han apostado por umbrales superiores, pero el informe no detalla el porcentaje.
La Audiencia de Cuentas reconoce que todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes con planes de acción para el clima definieron objetivos estratégicos de adaptación y de pobreza energética. Todos, también, han detallado el coste de las inversiones previstas.
De la suma de los consistorios fiscalizados (los que a 1 de enero de 2022 tenían un mínimo de 20.000 habitantes) y los cabildos insulares, el 78,4% se habían adherido al Pacto de los Alcaldes, la principal estrategia impulsada por la Unión Europea para planificar las políticas para el clima y la eficiencia energética en las corporaciones.
Del análisis de la Audiencia de Cuentas se desprende, sin embago, que eso para muchas entidades es papel mojado. La ley canaria de cambio climático establece que las entidades locales tienen tres años desde la entrada en vigor de la Estrategia Canaria de Acción Climática (mayo de 2023) para desplegar sus planes de acción por el clima, así que todavía hay tiempo.
