Dieciocho meses es el tiempo que ha pasado desde que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán, en Gran Canaria, se vio forzada a anular el acuerdo por el que se reconoció la obligación de un pago de cerca de 40.000 euros a favor de su alcaldesa, Onalia Bueno, en concepto de indemnización por los gastos de su defensa jurídica en el denominado caso Góndola, “sin que a día de hoy se sepa nada al respecto”.
Así lo ha expuesto NC-BC, que añade que este expediente “reviste una gran importancia” ya que, tal y como argumentó en el recurso que presentó y por el que se procedió a la anulación de dicho acuerdo, la alcaldesa de Mogán “sostuvo su reclamación en medias verdades” y en “una falta grosera e interesada a la verdad, con el único objetivo de percibir el pago de casi 40.000 euros de dinero público”.
NC-BC explica que tras la adopción del acuerdo por la Junta de Gobierno, pidió en más de cinco ocasiones que se resuelva este expediente y que se proceda a solicitar a Onalia Bueno, alcaldesa de Juntos por Mogán (aliada local de Coalición Canaria), que reintegre las cuantías que no le correspondan. Sin embargo, añade, los responsables técnicos y administrativos han hecho “caso omiso” a todas estas reclamaciones.
Ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Mogán y el retraso que acumulaba la resolución del expediente (más de 18 meses), NC-BC solicitó a la titular de la Tesorería municipal un informe en el que aclarase dos cuestiones: por un lado, si la alcaldesa había recibido el pago total del importe reclamado, y por otro, si había procedido a su devolución.
La tesorera municipal emitió un informe el pasado 5 de julio en el que expresó que las cantidades fueron abonadas a la alcaldesa y que no constaba que ninguna cantidad hubiera sido reintegrada.
“Esto supone que la dejadez con la que está actuando el Gobierno de Mogán está beneficiando claramente a su alcaldesa, ya que dispone de un ingreso a su favor, otorgado al amparo de un acuerdo que fue declarado nulo”, expone NC-BC.
El concejal de NC-BC Juan Manuel Gabella preguntó en la pasada comisión informativa por el estado de tramitación del expediente, a lo que el secretario respondió que estaban “en ello”. Esta respuesta motivó que el edil nacionalista reclamase copia íntegra del expediente, así como de todo lo actuado en el expediente de referencia desde el momento en el que se acordó la nulidad del mismo. Sin embargo, afirma NC-BC, no se ha recibido información alguna.
Para NC-BC, lo que están permitiendo los responsables técnicos y políticos de Mogán es “muy grave”, pues se pone de manifiesto que, en este asunto, no se está velando por la defensa del interés general, ni se está dando cumplimiento a aquello que determina el Tribunal Supremo en relación a los requisitos que deben acreditarse para que los concejales que han sido investigados en una causa penal puedan repercutir en las arcas públicas los gastos de su defensa jurídica. Todo lo contrario, “se está consintiendo que la alcaldesa se esté beneficiando de aquello que no le corresponde y que, para colmo, se está financiado con cargo a las arcas públicas, con los impuestos de todos los vecinos de Mogán”.
Nueva Canarias ha advertido por escrito a la alcaldesa de que se reserva el derecho de emprender cuantas acciones legales estime convenientes al amparo de lo establecido en el art. 262 de la Ley de enjuiciamiento criminal, aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1982, en defensa del interés general.
“Ya está bien de que la alcaldesa de Mogán gestione el municipio como si fuese de su propiedad, y es hora de que los funcionarios responsables de los departamentos clave hagan su trabajo con estricta sujeción a la ley, a la Constitución y sirvan de modo objetivo a los ciudadanos y no a los políticos de turno”, sentenció Gabella.