El Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC) se ha reunido este lunes para prorrogar el contrato de transporte de señal con la empresa Celltel (antes Abertis) por un período de cuatro meses y por un importe de 1,3 millones de euros. Y lo ha hecho, de nuevo, sin el cuórum necesario para adoptar la decisión, toda vez que la consejera María Lorenzo ha vuelto a asistir solo en calidad de oyente al insistir en que la secretaria sustituta del Consejo, María Jesús Ibarria, no puede ejercer como tal al no haber sido elegida el pasado 29 de junio conforme a la Ley.
Por tanto, el contrato para evitar que RTVC deje de emitir y vaya a negro el 1 de septiembre se ha adoptado con los dos únicos votos del presidente del Consejo, Santiago Negrín, y del consejero Alberto Padrón, propuesto en su momento por el Grupo Popular y que, aunque los conservadores están en la tesis de destituir al primero al frente del ente, creen que hay que evitar el apagón de señal que se podía producir a partir del 31 de agosto.
A esta posible irregularidad se une el hecho de que la decisión se ha adoptado sin que Negrín haya aportado al Consejo ni un informe económico (más allá de la justificación del gasto) no jurídico para avalar la prórroga cuatrimestral.
Sin embargo, Padrón ha condicionado su voto a que se convoque de nuevo el concurso de transporte de señal, algo a lo que Negrín ha asegurado que hará el martes, pese a que tampoco hay ningún acuerdo del Consejo Rector en el sentido de dar vía libre al inicio de la convocatoria.
Tanto la consejera Lorenzo como los portavoces parlamentarios del PSOE, NC y Podemos han coincidido en las pasadas semanas en que para prorrogar el contrato de transporte de señal hace falta una mayoría cualificada de tres de los cinco miembros del Consejo (que, como se recordará, desde diciembre de 2015 solo cuenta con tres personas al dimitir María José Bravo de Laguna y Marian Álvarez) y que los votos de Negrín y Padrón son insuficientes.
La de este lunes es, por tanto, la misma situación que se ha originado con la aprobación de las Cuentas del ente de 2016 y el resto de conflictivas toma de decisiones adoptadas por dos votos, cuando la Ley dice que deben ser tres, pero que la secretaria sustituta da por bueno en sus actas.