El convenio de obras hidráulicas 2008-2012 en virtud del cual el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino aporta 306.590.000 euros para el desarrollo de 80 actuaciones declaradas de Interés General del Estado en materia de agua en las Islas arrancó este lunes al amparo de un convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias.
Con este nuevo convenio se sustituye el que fue firmado en 1997 y que, aunque contemplaba una inversión de 456,77 millones de euros, ha permitido una inversión en Canarias hasta finales de 2008, por parte del Gobierno de España, que asciende a 597,76 millones de euros, según afirmó este lunes en rueda de prensa la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa tras la reunión de la I Comisión Mixta de Seguimiento del convenio de colaboración de obras hidráulicas entre el Ministerio y el Ejecutivo regional en Las Palmas de Gran Canaria, acompañada por el consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, y la delegada del Gobierno en el archipiélago, Carolina Darias.
Las actuaciones que se contemplan en el nuevo convenio han sido declaradas de interés general, y están, en su mayoría incluidas en el Plan Hidrológico Nacional. Las no incluidas se consideran de interés general al amparo de la Ley de Aguas.
Las obras de este convenio, a las que se podrán aplicar las aportaciones económicas del Ministerio de Medio Ambiente, se relacionan en un conjunto de anexos y se “priorizará en función de las necesidades de cada isla”. El plazo de las mismas se corresponde con el período 2008-2012, y cabe ampliarlo a periodos posteriores a través de la suscripción de nuevos convenios, avanzó la ministra, a quien el consejero retó a “elevar la cuantía” del acuerdo antes de 2013.
Tres vías de ejecución
Asimismo, se podrán desarrollar los trabajos mediante la ejecución directa del Ministerio de Medio Ambiente -que en concreto ejecutará 22 de las 80 actuaciones-, o mediante la colaboración económica entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería o, alternativamente, con los cabildos insulares. La utilización de estos dos sistemas obedece a la necesidad de anticipar la ejecución de ciertas obras que se consideran de especial necesidad y urgencia.
Así, Espinosa resaltó el “arranque” de este convenio de infraestructuras hidráulicas, al tiempo que destacó que este acuerdo se diferencia de los suscritos con el resto de comunidades autónomas en que “el cien por cien de las actuaciones son declaradas de interés general por parte del Estado”.
Explicó que a los 306 millones de euros destinados para la ejecución de las obras, “habría que añadir cuantías para adquirir terrenos para llevarlas”, algo que corresponderá al Ejecutivo autonómico.
“Se han ido realizando obras y si somos capaces de acelerar las obras seremos capaces de seguir invirtiendo más dinero siempre que sea necesario en las islas”, apostilló Espinosa.
En opinión de la ministra, este convenio marca el “inicio de una etapa imprescindible para Canarias que debe llevar al cumplimiento también de la directiva marco de calidad de aguas de la Unión Europea que tiene su horizonte en el año 2015”.
A su juicio, “por encima de las cantidades, la territorialización o la forma de financiación lo que persiguen ambas instituciones es avances para los ciudadanos y para el medio ambiente en un tema fundamental para la vida como es el agua”.
Igualmente, Espinosa citó obras en Gran Canaria como la desaladora de Santa María de Guía y otra en Las Palmas de Gran Canaria, la red arterial de abastecimiento de la capital, la estacion desaladora de agua de mar (Edam) en el municipio de Telde y en Tamaraceite en la capital, la presa del Salto del Perro y la mejora del saneamiento y depuración en el norte de la isla, entre otras.
“Este convenio que tenía que haberse impulsado hace años”
Por su parte, el consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, destacó que esta primera Comisión Mixta celebrada este lunes “va a establecer la hoja de ruta del convenio de obras hidráulicas entre el Estado y el Gobierno de Canarias”.
Asimismo, mostró su satisfacción por “poder dar el pistoletazo de salida a la puesta en marcha de este convenio que tenía que haberse impulsado hace años”, recordó.
Hernández destacó que el acuerdo incluye obras importantes de desalinización, depuración, saneamiento y presas en todas las islas y se recogen actuaciones del convenio de 1997 y otras obras “que se extendían en el tiempo hasta la firma del nuevo convenio a través de iniciativas del propio Ministerio”.
Además, el consejero regional consideró “fundamental mantener el equilibrio en el ciclo del agua en Canarias” a través de infraestructuras hidráulicas ante la demanda motivada por “el sector turístico y la agricultura, independientemente del incremento poblacional, que también acapara una parte de las necesidades de ejecución del convenio”.
Contratación y la dirección de las obras
La contratación y la dirección de las obras las instruye, ordena, impulsa y resuelve la Consejería, incluyendo las modificaciones del proyecto. En el convenio anterior, la licitación y la contratación de las obras eran potestativas del Ministerio de Medio Ambiente. De la misma manera, la Comunidad canaria se encargará de las declaraciones de impacto ambiental.
Una vez finalizadas las obras, la Comunidad Autónoma de Canarias será responsable de la explotación, mantenimiento y conservación de las mismas, con asunción de sus costes, así como de los gastos de reposición de bienes y equipos, y de las correspondientes responsabilidades. La Comunidad podrá decidir la cesión de uso de las infraestructuras a las entidades locales.
Mediante el convenio, el Ministerio llevará a cabo las actividades de carácter material, técnico y de servicios relativas a las obras, mientras que la Comunidad Autónoma de Canarias se compromete a la elaboración de los estudios previos, anteproyectos y proyectos de obras, además de asegurar la disponibilidad previa de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, según información oficial.
Por otro lado, el Ministerio deberá verificar el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad de presas y embalses. Será el Gobierno de Canarias quién lleve a cabo la realización de los trámites necesarios para la constitución del expediente sobre la evaluación del impacto ambiental por causa de la ejecución de las obras.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General del Agua, nombrará un coordinador, al que la dirección facultativa deberá mantener permanentemente informado de las incidencias, tanto técnicas, como administrativas y económicas de las obras. También corresponde al Ministerio la verificación de la idoneidad de los proyectos, así como el seguimiento e inspección general de su ejecución.
En este contexto, la Consejería llevará a cabo la elaboración, actualización, supervisión y aprobación de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, Anteproyectos o Proyectos, los cuales incluirán la relación de bienes y derechos afectados por causa de ejecución de las obras, a fin de que sirvan de base para la licitación de los contratos administrativos. Además, actuará como órgano ambiental en el proceso de evaluación del impacto ambiental por causa de la ejecución de las obras.
En su comparecencia antes de visitar la Granja Experimental Agrícola en Arucas, al norte de la isla, la ministra explicó, por último, que la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio se reunirá “todas las veces que sea necesario”.