El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en su sesión de este viernes, ha aprobado provisionalmente y por unanimidad, la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbano (IBI) para el año 2025.
Según el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, esta medida beneficiará al 98,9% de los recibos de la ciudad y supondrá un ahorro medio del 7,5%. El proyecto de modificación de la ordenanza fiscal propone reducir el tipo de gravamen del impuesto para todos los bienes inmuebles urbanos de uso residencial hasta el 0,62% (estaba en el 0,67%). En cuanto a los demás usos no residenciales, también se reducirá el tipo de gravamen al 0,62%, excepto el 10% de los inmuebles de mayor valor catastral por encima de los 75.000 euros, tal y como recoge la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Para este 10% de mayor valor catastral, que corresponde tan solo al 1,07% de los recibos, el tipo se mantendrá el 0,67%.
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha resaltado que esta modificación es el primer paso de una actualización del marco tributario de la ciudad que va a tener continuidad en el año 2025, con el objetivo de mantener el equilibrio entre la carga fiscal y la capacidad económica de la ciudadanía.
“Bajamos impuestos pensando en la mayoría social de Las Palmas de Gran Canaria y en el 100% de las familias de Las Palmas de Gran Canaria” para crear “un marco tributario mucho más justo”, ha subrayado Darias.
Por su parte, Hernández Spínola ha indicado que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria será “de los pocos ayuntamientos que bajaremos impuestos a pesar del escenario de la regla de gasto que se avecina para el año 2025” tras más de una década sin haberse modificado este tributo. En este sentido, explicó que el IBI es el tributo más importante de la ciudad, que supone unos ingresos de más de 91 millones de euros.
“Es una medida impactante que va a beneficiar a toda la ciudadanía y va a modernizar la esfera tributaria”, ha añadido el concejal, quien también ha avanzado que la nueva modificación del IBI incluirá una bonificación para aquellos negocios que se vean afectados por retrasos en el plazo de ejecución de obras públicas, que se trata de “un compromiso público de la alcaldesa”. En el caso de que el retraso en el plazo de ejecución de las obras sea mayor de tres meses, y hasta nueve meses, la bonificación será del 50%, mientras que, si el retraso es mayor a los nueves meses, esta bonificación será del 95%, que es el máximo legal permitido.
Tomando los datos de los 266.696 recibos del IBI urbano en 2024, el 98,93% de estos (263.855) podrán beneficiarse en 2025 de esta rebaja fiscal, mientras que tan solo el 1,07% restante de los recibos (2.841) de este último año pagarán lo mismo en el próximo ejercicio. Por tipo de uso, el 87% de los recibos emitidos en el último año correspondieron a residencial, mientras que el 13% restante fue no residencial (oficinas, comercial, espectáculos, ocio y hostelería o industrial, entre otros).
Tras la aprobación provisional de este viernes, el expediente de modificación se expondrá en un periodo de información pública de 30 días para, posteriormente, resolverse las reclamaciones en caso de que las haya y su aprobación definitiva en pleno.