El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves por unanimidad una proposición en la que se insta a reformar la regulación legal del indulto, para que en los casos menos graves la condena de quien lo solicita quede en suspenso automáticamente hasta que el Gobierno decida si se lo concede.
La propuesta fue presentada por el diputado socialista Gustavo Matos, a raíz del caso de Josefa Hernández, la vecina de Betancuria (Fuerteventura) que pasó tres días y medio en prisión por no haber derribado su vivienda, como le ordenaba una sentencia, a pesar de que estaba al cargo de un hijo discapacitado y tres nietos menores.
La situación generada en torno a esta mujer (condenada a dos años de cárcel por ampliar su casa a sabiendas de que estaba en un espacio natural protegido y no podía hacerlo) llevó al Consejo de Ministros a concederle el indulto esa misma semana.
La resolución aprobada por el Parlamento autonómico emplaza al Gobierno canario a pedir al Ejecutivo central una reforma de la ley del indulto, que data de 1870, para que “en determinados supuestos opere de manera automática la suspensión de la condena hasta que la solicitud de gracia sea resuelta”.
En concreto, se propone que “sean aquellas condenas no superiores a los dos años de privación de libertad y en delitos no comprendidos entre los daños a los personas, con la corrupción política ni blanqueo de capitales”.
En los antecedentes de la iniciativa, el PSOE argumenta que resulta necesaria “una modificación legislativa para que casos como el de Josefa Hernández no se vuelvan a producir”.
En el debate intervinieron los diputados Guadalupe González Taño, de CC; Jorge Alberto Rodríguez, del PP; Francisco Antonio Déniz, de Podemos; y María Esther González, de Nueva Canarias.