La Comisión de Política Territorial y Medio Ambiente ha decidido desoir la propuesta del Partido Popular (PP) para que se implicara en evitar la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de derribar el popularmente conocido como Mamotreto de la Playa de las Teresitas.
Una decisión no exenta de polémica, puesto que han sido necesarias tres votaciones para llegar a la propuesta final, en tanto en cuanto los cuatro diputados nacionalistas se abstuvieron en las dos primeras, mientras que los socialistas votaron en contra y propiciaron un empate.
Sin embargo, y a la vista de que si se producía una tercera votación saldada con empate la propuesta del PP sería elevada al pleno, el presidente del Grupo Nacionalista (CC-PNC-CCN), José Miguel González, cambió el sentido del voto por entender que “este asunto no es competencia del Parlamento”.
González insistió en que “el Parlamento no tiene que invadir las competencias municipales”, mientras que la petición del Grupo Popular abría una “práctica peligrosa” en ese sentido.
Abrir una veda peligrosa
En los mismos términos, el diputado socialista y alcalde de Guía, Pedro Martín, dijo que “este no es el foro para debatir la cuestión, sino el Ayuntamiento de Santa Cruz es el que debe revertir el problema”, puesto que si el Parlamento se inmiscuía “se abriría una veda peligrosa” para interferir en decisiones municipales.
La tesis contraria sostuvo el conservador Manuel Fernández, quien recordó que el derribo se decidió en un pleno municipal “en base a unos defectos formales que son los mismos que los de 20 hoteles de Lanzarote”.
“Se ha puesto un pacto de gobierno por encima de los intereses de Tenerife, lo que es vergonzoso para CC, puesto que la Ley de Costas no impide su construcción y solo es un fallo técnico que hay que subsanar”, insistió el conservador.
“Faltaba el informe de impacto ambiental y la autorización de la Dirección General de Costas, además de que los tribunales declaran nula la operación de compra-venta. No parece la liviandad ese error, porque además el edificio ocupa una calle pública”, contraatacó el socialista.
Fernández insistió en que la propuesta no era coercitiva, sino una mera recomendación para que el Parlamento instara al Gobierno de Canarias a “investigar” las medidas urbanísticas y disposiciones legales posibles para “evitar que se consume el derribo de la fase del edificio de servicios, ya construida, según el proyecto Perrault de la Playa de las Teresitas”.
El diputado recordó que “aunque ahora dice el Ayuntamiento que no tiene dinero para pagar nóminas”, la decisión de derribar el Mamotreto supone abonar una indemnización al arquitecto de en torno a 250.000 euros, más los 300.000 euros que supone el derribo.
Asimismo, ha recordado que, desde el concurso público de ejecución del proyecto hasta la fase actual, el consistorio ya ha invertido siete millones de euros.