El pleno del Parlamento regional ha aprobado este miércoles la Ley de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista, con el apoyo de CC, PSOE, PP, NC y ASG y la oposición de Podemos, que la considera insuficiente al no responder a las demandas de las asociaciones de víctimas.
La nueva ley fue promovida como una proposición de ley por todos los grupos, pero Podemos se ha desmarcado del resultado final al ver rechazadas la mayoría de sus enmiendas, frente al criterio del resto de grupos, que consideran pese a la falta de unanimidad en todo el texto es “una ley de todos, gobierne quien gobierne” y que hace justicia a las víctimas del franquismo.
La Ley reconoce que la restauración democrática en España no trajo la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, y en el caso de Canarias estaba pendiente el desarrollo de la Ley estatal de 2007 de memoria histórica.
Con esta nueva normativa, se crea un registro de víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista, un mapa de fosas del archipiélago, se establece un protocolo de exhumaciones y se crea un banco de ADN para la identificación de personas desaparecidas.
También se contempla la aprobación de la estrategia para la memoria histórica de canarias y la creación de una comisión técnica de la memoria histórica, se establece un catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, que deberán ser retirados, y se prevé la anulación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales vinculados con hechos o prácticas represivas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Otro de los apartados de la ley canaria prevé medidas para el conocimiento y la divulgación de la memoria histórica y crea un “centro virtual documental”. También se establecen lugares y monumentos para el conocimiento de la memoria histórica de Canarias.
Uno de esos lugares, según prevé la Ley, será la propia sede del Parlamento de Canarias, en donde tras el golpe de Estado de 1936 actuaron consejos de guerra que dictaron sentencias de muerte, entre ellas la de 19 anarquistas tinerfeños, como recordó la diputada del PSOE María Victoria Hernández.
Guadalupe González Taño, de CC, dijo que le hubiera gustado que la ley fuera aprobada por unanimidad, pero afirmó que aún así está entre las más avanzadas de las comunidades autónomas y “es una ley de todos, gobierne quien gobierne”.
María Victoria Hernández, del PSOE, dijo que el Parlamento tenía el deber moral de “hacer justicia donde todo fue injusticia”, precisamente en un salón de plenos en el que se dictaron sentencias para fusilar a 19 anarquistas tinerfeños. La diputada del PSOE defendió sin éxito una enmienda para que se pueda penalizar a las administraciones públicas que incumplen la obligación de retirar la simbología franquista.
El diputado del PP Miguel Jorge Blanco dijo que la Ley es fruto del acuerdo y la cesión de todos, por lo que mostró su sorpresa por que algún grupo ha querido que aprovechar su tramitación para “reabrir heridas” en lugar de para cerrarlas, en línea con los valores de “reconciliación” representados en la transición y en la Constitución, argumentó.
Manuel Marrero, de Podemos, lamentó que se haya perdido una oportunidad para aprobar la mejor ley de memoria histórica de España y que se rechazaran los intentos de Podemos de mejorarla en los puntos demandados por las asociaciones de víctimas. Esta ley canaria no es un avance significativo sobre la ley estatal, no crea un instituto de memoria histórica, sino “una página web”, no tiene como objetivo la búsqueda y localización de los restos de los represaliados desaparecidos y no tiene un régimen sancionador para las administraciones que no la cumplan, resumió. “Esperemos que las mejoras vengan del Parlamento español porque aquí hemos desaprovechado la oportunidad”, se lamentó el representante de Podemos.
La diputada de Nueva Canarias Esther González, aunque apoyó la ley, consideró que tiene carencias importantes, como la ausencia de un régimen sancionador para las administraciones incumplidoras o la falta de garantías para que el Gobierno canario aporte un presupuesto suficiente para su desarrollo. “Sin ficha financiera del Gobierno de Canarias y del resto de administraciones la ley estará destinada al fracaso”, advirtió González, y afirmó que de entrada los 19.500 euros adicionales consignados en el proyecto de presupuestos de 2019 son claramente insuficientes, una aportación “insultante”.
Para Melodie Mendoza, diputada de ASG, se ha buscado siempre el consenso y se ha conseguido “el mejor texto posible” que trata de dar reconocimiento y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. “Contribuimos a desvelar el silencio y el olvido”, afirmó.