Todos los grupos parlamentarios han pedido este martes al Gobierno de Canarias que paralice las inspecciones y las sanciones a las emisoras radiofónicas que emiten de forma alegal, hasta que se resuelvan los pleitos sobre la adjudicación de las 155 emisoras, que incluyen procesos contencioso administrativos y penales.
El viceconsejero de Comunicación y portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, que compareció en comisión parlamentaria, defendió la legalidad de las adjudicaciones y la independencia del proceso de inspección y sanción, aunque concedió que si alguien encuentra “alguna fórmula legal” para hacer viable la paralización de las inspecciones y sanciones el Ejecutivo la estudiará “con interés y cariño”.
El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, que fue quien pidió la comparecencia del Gobierno para aclarar el concurso de adjudicación de emisoras de radio, puso en duda la imparcialidad del concurso, al formar parte de la mesa de adjudicación “cualificados dirigentes” de Coalición Canaria.
También puso en duda que las inspecciones se decidan de forma aleatoria y que entre cientos de emisoras se promueva una sanción precisamente contra “un medio pequeño y crítico” con el Gobierno de Canarias, en referencia a Radio San Borondón.
Para Román Rodríguez, el concurso de radios es uno más de los fracasos del Gobierno de Canarias en materia de comunicación y podría seguir los mismos pasos que el concurso de la televisión digital terrestre, anulado por los tribunales.
Ante la desconfianza sobre la limpieza del concurso, su judicialización y la inseguridad jurídica que existe por los numerosos recursos judiciales, entre ellos uno contra los miembros de la mesa de contratación por presunta prevaricación, no es momento de “echar más leña al fuego” imponiendo sanciones a las radios, dijo Rodríguez.
“En este maremagnum judicial, al Gobierno de Canarias no se le ocurre más que poner en marcha un plan de inspecciones y sanciones” contra “un medio crítico y pequeño”, denunció Román Rodríguez, para quien el ejecutivo “no es neutral en este asunto”.
José Luis Perestelo, del grupo nacionalista, no puso en duda el concurso, pero pidió que se establezca una moratoria sobre las inspecciones y sanciones mientras se resuelven los recursos jurídicos y se estudia la posibilidad de ampliar el espacio radioeléctrico con vistas a incorporar a las emisoras que no fueron adjudicatarias.
“El espacio radioeléctrico se puede ampliar y se pueden atender algunas posiciones de tipo cultural y altruista que no fueron atendidas”, dijo Perestelo.
Belinda Ramírez, del PSOE, sostuvo que “lo más lógico sería esperar a que los tribunales se pronuncien”, dado que se trata de un concurso judicializado de cuyo resultado dependen muchos medios de comunicación y puestos de trabajo, además de las implicaciones sobre la independencia informativa y la libertad de expresión.
Debe haber “igualdad ante la ley, igualdad a la hora de aplicarla e igualdad en las inspecciones”, subrayó la representante del PSOE.
Miguel Jorge Blanco, del PP, afirmó que el concurso de radios ha sido “una chapuza” y se preguntó cómo de cientos de emisoras alegales solamente se han inspeccionado a siete.
Pidió que se deje terminar el proceso judicial para que se clarifiquen las adjudicaciones y que entonces se apliquen las inspecciones y sanciones correspondientes.
El viceconsejero Martín Marrero explicó que tras la adjudicación del concurso, en julio de 2012, en cumplimiento de la ley estatal se creó el servicio de inspección, compuesto por cuatro funcionarios y aún con tres vacantes por cubrir.
Aseguró que el Gobierno no ha dado instrucciones políticas respecto a las inspecciones que realizan los funcionarios para controlar la utilización del espectro.
Las emisoras inspeccionadas, siete, han sido decididas aleatoriamente, debido a que no hay personal suficiente para inspeccionar a todas.
Se trata de dos emisoras en Gran Canaria, dos en Tenerife, una en Lanzarote, una en Fuerteventura y una en El Hierro.
Subrayó Marrero que las sanciones impuestas son las más bajas que permite la ley por emitir sin licencia, 100.000 euros.
El viceconsejero anunció que estudiará “con interés y cariño” cualquier fórmula legal que le propongan, pero aclaró que no se pueden plantear soluciones fuera de la legalidad.
“Nadie ha aportado ningún argumento jurídico para que no se haga lo que se esta haciendo, más allá de argumentos políticos”, reprochó Marrero a los diputados.
Indicó que ha habido 74 resoluciones judiciales sobre la convocatoria y la adjudicación del concurso sin que se adoptaran medidas cautelares y avalando la legalidad del concurso y señaló que “no hay que llevarse las manos a la cabeza” por la existencia de recursos porque ocurre en todos los procedimientos administrativos.
Afirmó que ninguno de los miembros de la mesa de contratación ha sido imputado.
En cuanto a la composición de la mesa de contratación, reconoció que su presidente era miembro de Coalición Canaria, pero estaba en ese puesto en calidad de secretario general de Presidencia, no por su militancia política.
Los otros cuatro miembros de la mesa de contratación eran funcionarios cualificados que actuaron con “absoluta imparcialidad”, dijo.