El Parlamento de Canarias ha pedido por unanimidad a la Audiencia de Cuentas la elaboración de un nuevo informe de fiscalización sobre el ente público Radiotelevisión Canaria, esta vez de las cuentas entre 2011 y 2013, después de las irregularidades detectadas en el informe de 2007 a 2011.
La iniciativa fue presentada por la diputada del PP Águeda Montelongo en la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento y apoyada por los grupos socialista y nacionalista.
Montelongo denunció que el Gobierno de Canarias no ha demostrado ninguna reacción ante las irregularidades en las contrataciones de RTVC denunciadas por la Audiencia de Cuentas en su informe referido a la anterior legislatura, por lo que cabe la duda de que el ente haya continuado con las mismas prácticas desde 2011 hasta la actualidad.
“Las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas no pueden quedarse ahí”, sino que el Parlamento está en la obligación de averiguar si continúan, sobre todo cuando se ha comprobado que “se nos esconde información y se nos insulta y amenaza cuando queremos conseguirla”, dijo la diputada del PP.
Águeda Montelongo mostró su malestar por la ausencia de reacción del Gobierno de Canarias ante esas irregularidades, cuando la Audiencia ha puesto de manifiesto que RTVC oculta información, no facilita la documentación que se le requiere y ha firmado 136 contratos con irregularidades por falta de publicidad, transparencia y libre concurrencia.
La diputada subrayó que el informe de la Audiencia de Cuentas sólo llegaba hasta 2011, pero desde entonces se mantiene el mismo director general, Guillermo García, un consejo de administración que “no decide nada, que no ha aprobado los presupuestos de 2014 ni las cuentas de 2012 ni 2013 y que no ha podido sacar adelante el plan de actividades”.
Lo que sí ha aprobado es un seguro de responsabilidad civil ilimitado con carácter retroactivo a favor del director general, denunció, y pese al desacuerdo del Parlamento de Canarias sin que pase nada.
Por eso reclamó al resto de grupos “un ejercicio de responsabilidad” ante este panorama, porque los diputados están obligados a fiscalizar “el gasto del dinero de todos los canarios”.
En el nuevo informe pedido por el Parlamento a la Audiencia de Cuentas tendrá que haber un apartado específico de fiscalización de todos los contratos suscritos por RTVC con empresas para la producción de programas y servicios, justo “la información que ha ocultado el ente”, subrayó Montelongo.
Manuel Marcos Pérez, del grupo socialista, se mostró de acuerdo con pedir un nuevo informe y destacó que el modelo de televisión pública del PSOE es el que se contiene en la proposición de ley que debatirá esta semana el Parlamento de Canarias.
El portavoz del grupo nacionalista, José Miguel Barragán, apoyó la iniciativa del PP porque “nadie se puede negar a un informe de fiscalización si no hay mala intención detrás y se trata sólo de investigar”.
No obstante, matizó que “una cosa son irregularidades y otra ilegalidades”, que supondrían delitos, algo que de momento no se ha demostrado en el caso de RTVC.