Los ocho parques eólicos aprobados por el Gobierno canario como proyectos de interés estratégico para Fuerteventura supondrían una inversión superior a los 35 millones de euros por parte de las empresas promotoras y la contratación de más de 300 personas durante su construcción, ha señalado el Cabildo en un comunicado.
La Corporación insular precisa que estos ocho parques eólicos se instalarán en cuatro municipios, además de que los 20 aerogeneradores previstos tiene capacidad para producir 60,90 megavatios de electricidad con energías no contaminantes.
Los parques eólicos Fuerteventura I, Fuerteventura II y Fuerteventura III se ubicarían en el municipio de La Oliva y están promovidos por la empresa Leos-Ras SL, que realizaría una inversión de 5,4 millones de euros. Estos recintos se dotarían de cinco molinos que producirían 11,75 megavatios.
La empresa Sistemas Energéticos Fuerteventura SA promueve la construcción de los parques eólicos Rosa Catalina García, en el municipio de Tuineje, y Alisio, entre las localidades de Tuineje y Pájara.
Cada uno de estos parques, de 20 megavatios de potencia el primero y de 10 megavatios el segundo, reduciría la emisión de CO2 y supondría una mejora en la economía de las dos localidades.
Por su parte, los parques eólicos I+D+I Solana de Tesjuate y Piedra de Sal I y II se instalarían en el municipio de Puerto del Rosario y la inversión superaría los 29 millones de euros, ha indicado el Cabildo de la isla.
Los tres aerogeneradores del parque eólico I+D+I Solana de Tesjuate se ubicarían en el Valle de Jaifa y producirían 13,5 megavatios mientras que los tres molinos de los parques eólicos Piedra de Sal I y II se instalarían en La Matilla y producirían 7,05 megavatios.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales (CC), ha señalado el impulso que se le daría a estos proyectos desde la Oficina de Renovables de la Corporación insular “para la implantación de energías limpias como claves del desarrollo insular”.
Esta declaración como proyecto de interés estratégico, por parte del Gobierno canario, permitirá reducir a la mitad los trámites administrativos para su puesta en marcha, según recoge la Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias.