El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, rechazó este martes hacer valoraciones sobre las detenciones practicadas en el Ayuntamiento de Santa Brígida y afirmó que siempre ha sido parco a la hora de hablar de “los problemas que pueden tener los ciudadanos con la Justicia”.
Así lo manifestó el presidente en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde fue preguntado por su valoración de las detenciones practicadas en la primera fase de la llamada operación “Brisán”, relacionada con supuestos delitos de corrupción.
En el marco de esta investigación, que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Puebla, fueron detenidos este martes por la Guardia Civil los ex alcaldes del PP Carmelo Vega y Antonio Díaz y el también popular ex primer teniente alcalde Luis Troya, que fue primer edil accidental.
Los tres antiguos responsables municipales están imputados por irregularidades urbanísticas relacionadas con seis tipos de delitos distintos, como prevaricación y malversación, cometidos durante su gestión municipal en Santa Brígida, localidad del interior de Gran Canaria con cerca de 20.000 habitantes.
Junto a los ex alcaldes Carmelo Vega y Antonio Díaz, y Luis Troya, que también fue concejal de Urbanismo, fueron detenidos tres técnicos municipales, Santiago y Antonio Hernández Álvarez y el capataz Antonio Ventura Rodríguez, quienes fueron arrestados por la Guardia Civil en el interior del consistorio municipal, según el actual alcalde, Lucas Bravo de Laguna (PP).
Sobre estas detenciones, el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero no quiso hacer ninguna valoración, al considerar que hay que dejar trabajar a la Justicia “y ya vendrá el momento de las valoraciones”.
Rivero dijo que “siempre” ha sido “igual de conciso y parco a la hora de hablar de los problemas que pueden tener los ciudadanos con la Justicia”.