LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 (EUROPA PRESS)
Un total de 3.000 personas solicitaron asilo en España en 2009, lo que ha supuesto un descenso del 33,6 por ciento con respecto a 2008, convirtiéndose además en la cifra “más baja” de su historia en España.
Estos datos se recogen en el informe 2010 que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado y que aseguró “llega en un momento de grave preocupación por el estado del asilo en España”. En la rueda de prensa en la que se dieron a conocer estas cifras también estuvo la activista saharaui por los Derechos Humanos El Mami Amar Salem.
Respecto a los países de origen de las personas que solicitaron asilo en España procedían a Nigeria (459), Costa de Marfil (304), Colombia (247), Argelia (181), Guinea (130), República Dominicana del Congo (113) y Camerún (112).
De todos modos, CEAR señaló que el descenso del número de solicitudes “no se corresponde con las cifras de asilo en el mundo”, ya que según ACNUR, en los países industrializados han pedido asilo unas 377.000 personas durante 2009, la “misma cantidad” que en 2008. Añadió que España “violó la ley al extraditar durante 2009 a dos solicitantes de asilo cuyas solicitudes estaban en proceso”.
Además, los 27 países de la Unión Europea (UE) registraron 260.730 peticiones el pasado año, un 10 por ciento más que las 238.080 de 2008. Asimismo, aseguraron que el “bajo número de solicitantes de asilo en España tampoco” se corresponde con el de los países del entorno, ya que Francia recibió 47.625 solicitudes, un 35 por ciento más que en 2008; Grecia tramitó 15.925 peticiones de asilo e Italia 17.470.
MADRID LA QUE MÁS SOLICITUDES TUVO
En concreto en el conjunto nacional de las 2.916 personas que solicitaron asilo en España el año pasado, 1.313 lo hicieron en la provincia de Madrid, y le siguió la ciudad autonómica de Ceuta (339 peticiones), Barcelona (187), Valencia (179), Málaga (114), Las Palmas (109) y Vizcaya (104).
Respecto al caso de Canarias, en total lo solicitaron 143 personas, de las que 109 lo hicieron en la provincia de Las Palmas y 34 en la de Santa Cruz de Tenerife.
LOS POLIZONES
Por otro lado, CEAR también se refirió a los polizones en relación a las dificultades para acceder al derecho de asilo, ya que esta organización tuvo que intervenir en cinco casos en 2009.
“Continúa siendo preocupante el oscurantismo de los puertos y las dificultades para atender a polizones, tanto en Barcelona como en Valencia. La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado realizó gestiones para que dos polizones kurdos pudieran solicitar asilo en el puerto de Barcelona aunque se les negó la posibilidad de bajar del barco y finalmente lo pudieron solicitar en Italia”, criticó.
También abogó la organización porque en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se trabaje para garantizar el acceso al derecho de asilo, ya que en 2009 “una de cada cuatro personas internas en los CIE tendría uno o más motivos para pedir asilo, una cifra veinte veces superior a la del número de personas que lo hacen”. Al respecto, apuntan a que “sólo” 83 personas pidieron asilo ante embajadas españolas el año pasado.
LAS BARRERAS PARA NO LLEGAR A ESPAÑA
En relación a por qué los refugiados no llegan a España, el CEAR apuntó a las acciones de Frontex y a los convenios bilaterales como las barreras para no acceder, ya que ello ha hecho de los países de origen y tránsito de migrantes “enormes cárceles donde éstos quedan atrapados, impiden que lleguen a territorio europeo inmigrantes y también solicitantes de asilo”.
Las consecuencias de este control de fronteras, subrayan, son “especialmente evidentes” en el Sur de Europa, en territorio de operaciones de Frontex, donde han descendido en un 33 por ciento las peticiones de asilo (en Italia un -42%, en España -33,5%, Grecia -20% y Turquía -40%). Según ACNUR, los refugiados “no tienen oportunidad de pedir asilo en la UE porque las patrulleras los devuelven a la costa sin preguntarles si son refugiados”.
Por ello, CEAR solicitó que, “independientemente de dónde y quién controle las fronteras, las prácticas de control fronterizo tengan en cuenta la identificación de personas que necesitan protección y que se garantice” la protección en los países de tránsito.
Los datos del informe de CEAR recogen que en España “sólo” 179 personas han obtenido estatuto de refugiado durante 2009, periodo en el que pedían asilo 3.005 personas. Además de esos 179 reconocimientos de estatuto, 162 personas recibían protección complementaria, y 8 protección por razones humanitarias.
De esta forma, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, firmó la denegación de la protección internacional a 2.288 personas, por lo que según estos datos España “se mantiene a la cola de Europa en la protección de las personas refugiadas”, ya que a modo de ejemplo Bélgica reconoció 2.425 estatutos y 480 protecciones subsidiarias el pasado año.
REGLAMENTO DE ASILO
Por otro lado, en cuanto al reglamento de asilo, Cear propone cuestiones como el derecho de toda persona a la asistencia jurídica y a intérprete en todos los procedimientos, así como el acceso a las dependencias fronterizas y centros de internamiento.
En este sentido, puntualizó que la Ley establece el derecho de los solicitantes de protección internacional a entrevistarse con un abogado en las dependencias fronterizas y los CIE.
Para el CEAR el reglamento también debería mantener el plazo de las solicitudes en fronteras, de 72 horas para la resolución en las solicitudes iniciales en puesto fronterizo, ya que este punto ya ha sido aplicado. Además, se pidió la necesidad de que se presenten las peticiones en lo que respecta a las obligaciones de la persona, así como a las garantías del mismo y la formalización.
También se pide que se incluyan las solicitudes de protección internacional en embajadas y consulados, ya que la nueva regulación “no debería convertirse en una actuación discrecional de los funcionarios diplomáticos en la decisión del traslado a España”, pudiendo “mantener la posibilidad del traslado urgente a España a propuesta del ACNUR, en aquellos casos en los que los refugiados se encuentren en situación de alto riesgo o desprotección en un tercer país”, entre otras cuestiones.
Además, exigió la necesidad de que se analicen los expedientes de protección internacional, indicando que la entrevista inicial “no puede en ningún caso suplir a la audiencia personal”.
Información sobre el país de origen, tramitación de las solicitudes de asilo con criterios de género, recursos de revisión, respeto de los derechos sociales, acogida de los solicitantes de protección internacional o autorización de trabajo a los seis meses de formalizada la solicitud, son también cuestiones que se plantean para mantener e incluir en el documento.
También solicitan que se regulen las condiciones mínimas de las dependencias en las que se encuentran las personas que piden asilo y garantizar que cumplen al menos con la normativa de centros que prestan atención residencial en las comunidades autónomas en las que se ubican.
Además, reclaman que en lo que a efectos de las concesiones de protección se refiere se deberá establecer un plazo máximo de 10 días para la documentación de los beneficiarios de protección internacional, así como la especificación de los organismos competentes para su tramitación.
Finalmente, exigen la regulación de los efectos de las resoluciones denegatorias por razones humanitarios, el mantenimiento de la unidad familiar, la realización de pruebas médicas en la extensión familiar cuando “existan dudas razonables del parentesco sanguíneo”; así como garantizar la defensa jurídica y la asistencia letrada de los menores no acompañados y de otras personas vulnerables, el reasentamiento, formar a los funcionarios, la cooperación de las administraciones públicas y desarrollar la protección a los apátridas.