El Ayuntamiento capitalino aprobó este lunes el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife con 16 votos a favor, todos ellos del grupo de gobierno municipal, formado por Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y el Centro Canario Nacionalista (CCN), a excepción del concejal del PP, Alfonso Soriano, quien se abstuvo porque su grupo “no contó” con él.
Los nueve votos en contra corresponden a PSOE y Ciudadanos de Santa Cruz, quienes se opusieron reiteradamente a la aprobación de este Plan tras las numerosas dudas por parte de casi todos los portavoces, excepto CC y CCN, de estar incurriendo en “algún reparo de legalidad”.
Así, la nota predominante de la sesión, que superó las tres horas de duración, fueron las constantes consultas al secretario de la Corporación, Luis Prieto, en busca de garantías legales previas a la votación, interpelación realizada por el propio alcalde capitalino, Miguel Zerolo, así como por los portavoces de Ciudadanos de Santa Cruz, Partido Popular y PSOE, además de las llamadas de atención al numeroso público presente en el salón plenario del Ayuntamiento ante sus constantes aplausos o abucheos.
Uno de los momentos claves de la sesión plenaria fue la petición por parte el PSOE de un informe más completo del PGO de manos del secretario antes de votar de forma definitiva, con la intención de posponer temporalmente el pleno una vez más, dado que el mismo ya debía haberse celebrado el lunes de la semana pasada. Al respecto, el alcalde reiteró que esta petición debía haberse solicitado con antelación suficiente, por lo que el intento de aplazamiento, calificado de “táctica” por Zerolo, fracasó, pese al apoyo al mismo de Ciudadanos de Santa Cruz y el silencio de PP y del CCN.
Pese a ser rechazada, lo cierto es que esta petición surgió como ofrecimiento del propio secretario de la Corporación con el objetivo de profundizar en determinados aspectos del Plan, sobre lo que afirmó que “no tendré ningún inconveniente en dar mi opinión jurídica, que sería valiosa pero no vinculante”.
En esta línea, la figura del secretario fue fundamental a lo largo de toda la sesión, tanto que el alcalde, Miguel Zerolo, tuvo que defender su labor en todo momento, alegando que se trata de un “técnico de carrera intachable a lo largo de su historia” tras las constantes críticas realizadas por la Plataforma en contra del PGO en los medios de comunicación hacia sus funciones por un informe del Plan que, según ellos, “no es tal pues, no entra en el fondo” y las dudas generadas por este motivo en la oposición.
Para tratar de acabar con las dudas de “legalidad”, Zerolo realizó tres preguntas al funcionario relativas a si los informes técnicos y jurídicos “están en el expediente y son favorables”, además de si “se ha cumplido el procedimiento legalmente establecido” y si “hay algún reparo de legalidad en el documento”, cuyas respuestas fueron todas afirmativas excepto en el último caso, donde se reiteró la legalidad del mismo.
Sin embargo, para Guillermo Guigou, por Ciudadanos de Santa Cruz, las aclaraciones no fueron suficientes, por lo que preguntó nuevamente al secretario acerca de su garantía de “absoluta legalidad de fondo en el PGO que va a someterse a votación sin que los concejales incurran en responsabilidad civil o penal”, a lo que Zerolo matizó que, por “elegancia administrativa, se le deben preguntar al secretario cuestiones de su competencia”.
Pese a la llamada de atención del alcalde, el secretario, Luis Prieto, quiso garantizar de nuevo la legalidad formal del documento y del procedimiento administrativo, pero con respecto a la legalidad de fondo, respondió que “esto le corresponde al servicio de planeamiento de la Gerencia”. Además, añadió que la legalidad de los concejales “deriva de sus propios actos”.
Ante esta “falta de garantías”, Ciudadanos afirmó que aprobar el Plan en estas condiciones sería una “absoluta irresponsabilidad”, caso que comparó con el de Las Teresitas que “nos llevará treinta años de parón”. A su juicio, “el Plan es inasumible y nos va a llevar a un limbo jurídico de incontables consecuencias”, alertó Guigou, quien concluyó diciendo que “este paso a todos nos avergonzará con el paso del tiempo”.
También por Ciudadanos, Ángel Isidro Guimerá reiteró, además, la pérdida de valor del 20 por ciento en los edificios afectados por el fuera de ordenación. “Lo que me preocupa a mí y a miles de familias es que no le pueden dejar a sus hijos un piso en condiciones normales, pese a que les están cobrando el IBI igual que desde 1992”. “Devuélvales a los ciudadanos el 20 por ciento de más que les están cobrado”, solicitó el edil, a la vez que añadió que el “Ayuntamiento tiene miedo a hacer ese catastro”.
En el extremo opuesto, por parte del CCN, Ignacio González felicitó a la concejal Luz Reverón por un “gran trabajo en las peores circunstancias que se recuerdan en esta institución”. “Santa Cruz tendrá un gran PGO”, insistió el edil, mientras que Maribel Oñate, por el PP, no se mostró tan convencida. “No es el Plan que el PP hubiera apoyado si gobernara en mayoría”, aseguró la portavoz popular, quien afirmó que lo que le preocupa a la gente es “el desempleo, y no el PGO”.
Además, Oñate rechazó que se “amedrente a los que votamos un PGO que lleva diez años discutiéndose” a la vez que aseguró que se han solucionado ya las dudas legales con respecto al Plan, a pesar de que ella misma aprovechó su intervención inicial para preguntarle al secretario, antes de manifestar su intención de voto, acerca de la legalidad de su informe o de si existe “alguna consideración que constituya reparo o ilegalidad”.
Por otro lado, el portavoz de CC en el Ayuntamiento, José Alberto Díaz-Estévanez aseveró que ya no se está hablando del contenido del Plan General, cuyo debate “acabó hace mucho tiempo, porque no interesa”, y que la figura del fuera de ordenación “no nos la hemos inventado en el Ayuntamiento”. “Podrá no ser perfecto, porque ningún plan lo es, pero Santa Cruz necesita esa herramienta jurídica”, añadió.
Modificaciones del PGO
Antes de la votación, como defensa del Plan, la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, manifestó su “sorpresa” ante la acritud del debate y resaltó que su casa también se encuentra en esta situación y está hipotecada, por lo que, a su juicio, “nadie ha demostrado con ningún documento que las viviendas fuera de ordenación pierdan su valor, todo lo contrario”.
Antes de darle el visto bueno al documento, añadió que se han estudiado y valorado los más de 16.000 escritos presentados en el periodo de información pública. Muchos “se fundieron en una misma alegación por afectar a un mismo asunto, aunque fuera formulado de forma reiterada por diferentes ciudadanos”, por lo que, finalmente, el número de alegaciones presentadas a la revisión del Plan durante el período de información pública fue de 801.
De ellas, tras ser estudiadas y analizadas por los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), finalmente se estimaron 172 totalmente, 253 se estimaron solo parcialmente, 350 se desestimaron, 25 resultaron ser no evaluables y una quedó anulada. La mayoría de ellas versaban sobre el concepto de fuera de ordenación, cuestiones procedimentales, clasificación de suelo o la reclasificación de los barrancos, entre otros, “uno de los temas mas demandados”, según explicó la concejal.
Para Reverón, se ha revisado el documento y realizado “los ajustes oportunos” que la Gerencia de Urbanismo ha constatado y que “devienen de las alegaciones estimadas, errores expuestos, instrucciones de la Gerencia, adaptaciones normativas y errores detectados por el equipo redactor y por la propia Gerencia”. Ante todos los informes favorables obtenidos, “lo que queda, ese rechazo al PGO, no es más que una decisión política”, afirmó Reverón, quien insistió en que la aprobación del documento es “vital” para luchar contra el paro.