La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife solicita una pena de tres años de prisión y 35 de inhabilitación especial para el anterior alcalde de Arona, José Alberto González Reverón (CC), por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Según han informado a Efe fuentes de la Fiscalía, además la acusación pública pide pena de prisión de entre 2 y 8 años para quince de los otros dieciséis imputados que figuran en la causa conocida como Caso Arona 1, e inhabilitación especial para empleo o cargo público para todos ellos.
La acusación obedece a su presunta implicación en una trama de corrupción que tuvo lugar entre 2003 y 2007. La adjudicación de unos 80 contratos a dedo y la concesión de 200 licencias ilegales, centran esta trama de supuesta corrupción ocurrida durante el mandado de González Reverón, según publican hoy los periódicos Canarias Ahora y La Opinión de Tenerife.
El excalcalde de Arona además está condenado a cuatro años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación por la contratación irregular de dos trabajadoras municipales. Según las fuentes de la Fiscalía, al exalcalde se le imputa un delito continuado de prevaricación urbanística, al igual que a siete concejales entonces del Ayuntamiento: Manuel Barrios Rodríguez, Sebastián Martín Martín, Daniel Martín Navarro, Alfonso Barroso Armas, José Luis González Rodríguez, Juan José Alayón Beltrán y Félix Sierra Melo, y pide para todos ellos 2 años de prisión.
Así mismo, solicita por este delito para todos la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de 10 años. A estos ocho imputados les atribuye también un delito continuado de prevaricación general, por lo que exige una pena de 10 años de inhabilitación especial.
La Fiscalía además imputa a Alberto González Reverón otro delito continuado de prevaricación, por el que pide 9 años de inhabilitación especial, y un delito de tráfico de influencias continuado por el que reclama un año de prisión, una multa de 20.000 euros y la inhabilitación especial por un periodo de 6 años.
A Félix Sierra Melo (PP) también lo acusa de un delito de cohecho, por el que pide 4 años de prisión e inhabilitación especial por 8 años, así como una multa de 500.000 euros; y de un delito de negociaciones prohibidas a funcionario público, por el que pide 15 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros, e inhabilitación especial por tres años.
Al técnico municipal Roberto de Luis Giménez, la Fiscalía le imputa un delito de prevaricación urbanística por el que pide 2 años de prisión e inhabilitación especial por 10 años, y un delito de cohecho por el que solicita 6 años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 10 años.
El también técnico municipal Eliseo de la Rosa Rodríguez, se enfrenta a un delito de cohecho por el que la Fiscalía pide 4 años de prisión e inhabilitación especial por 10 años, y a un delito continuado de prevaricación urbanística, por el que reclama 2 años de prisión e inhabilitación especial por 10 años.
Los imputados Arsenio Zamora Toledo, Zenón Rodríguez Neris, Jorge Menéndez Díaz, Antonio Luis González Tolosa (técnicos externos del Ayuntamiento, según Canarias Ahora) figuran como presuntos autores de un delito de cohecho, por el que se enfrentan a penas de entre 3 y 4 años de prisión e inhabilitación especial por 10 años.
Hortensia María García y José Manuel Rodríguez, mandos de Policía Local y Guardia Civil, según el citado periódico digital, están imputados por sendos delitos de prevaricación. La Fiscalía pide para García inhabilitación especial para cargo público por un periodo de 8 años, y para Rodríguez una pena de 6 meses de prisión y una multa de 30.000 euros.
El también técnico externo Antonio Luis Sosa Carballo está imputado por un delito continuado de prevaricación por el que se piden 10 años de inhabilitación especial, y por un delito de malversación de caudales público por el que se reclama 1 año de prisión y cuatro meses de multa con una cuota de 50 euros, según las fuentes.