El grupo parlamentario Sí Podemos Canarias considera que las empresas con filiales en paraísos fiscales o con demostradas malas praxis laborales no pueden recibir “las ayudas y medidas” que el Gobierno regional implante en las islas para paliar la grave crisis económica consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Así ha quedado plasmado en las propuestas que Sí Podemos Canarias ha incluido en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias enviadas al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres.
“En todas las contrataciones públicas que hagamos no se debe favorecer el fraude fiscal y, por tanto, estar vigilantes para no realizar contrataciones con empresas que tengan sus fondos en paraísos fiscales y excluir de la contratación pública y de las ayudas del Gobierno a las empresas implicadas en casos de corrupción”, asegura en un comunicado Manuel Marrero, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias.
Las propuestas al Pacto de Reactivación incluyen “avanzar hacia un sistema de progresividad fiscal” en el Archipiélago pues, “un gobierno progresista tiene como objetivo combatir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, por lo que debe acometerse una urgente revisión de la fiscalidad, avanzando hacia una más redistributiva”.
En este marco, Marrero insiste en que el Ejecutivo regional debe “analizar todas las herramientas para que los recursos de la RIC estén disponibles para la recuperación del empleo y la inyección de liquidez en la clase trabajadora, autónomos y pymes”.
Para Sí Podemos Canarias, esta sería una medida para atajar los complicados momentos que afrontará el Archipiélago derivados de los ERTE o la prolongación del estado de alarma en sectores como el turismo y la hostelería.
Asimismo, y en lo referente a la Unión Europea (UE), Marrero afirma que Canarias debería poder utilizar los remanentes tanto del FSE como del FEDER, tal y como permite la Comisión Europea.
Además debería negociar a su vez, que, en la nueva propuesta sobre el Marco Financiero Plurianual, se mantenga y confirmen los 400 millones de euros adicionales para el FSE-RUP, que puedan ayudar a paliar el impacto social y económico de esta crisis.