El diputado de Podemos Manuel Marrero ha dicho en una entrevista a Efe que en materia de energía el gobierno canario sigue instalado en la edad del fuego, y también ha indicado que, en su opinión, desde octubre de 2016 mantiene una amnistía fiscal encubierta.
Marrero, que es diputado regional desde septiembre del pasado año, cuando sustituyó a Asunción Delgado, ha criticado asimismo que en su breve estancia en el Parlamento ha percibido cierto filibusterismo por parte del ejecutivo regional, pues no facilita información para que la oposición realice su tarea de control.
En materia energética ha subrayado que el gobierno canario sigue instalado en la edad del fuego, de manera que sus miembros no conciben que para producir energía no es preciso quemar, por lo que están empeñados en que para llegar al uso de energías renovables hay que hacer una transición por el gas.
Manuel Marrero ha indicado que es necesario que la sociedad sea consciente de que quien controla la energía define el sistema productivo y las relaciones de poder, por lo que lo importante es quien es el propietario de los contadores.
De este modo, ha añadido, el debate energético no es sólo sobre contaminación sino también del futuro de la sociedad y la pelea está en conseguir que en cada edificio se pueda producir toda o gran parte de la energía que se gasta, y la que sobre meterlo a la red.
Y en la actualidad, aunque las islas estuvieran llenas de paneles fotovoltáicos y aerogeneradores, como la propiedad sería de una multinacional la situación de control sería la misma.
Manuel Marrero ha indicado que en materia energética las empresas están decidiendo por nosotros y ha denunciado que si bien hay un plan energético en Canarias lo es para el período 2015-2025 y “todavía” no ha llegado al Parlamento.
Ha explicado que en una situación en la que no hay plan energético pero se hacen obras y se repotencian las líneas las decisiones las toman Red Eléctrica Española (REE) y ENEL, en lugar de los ciudadanos.
Por contra, Manuel Marrero ha elogiado al Consejo Insular de Energía de La Palma, donde, ha señalado, los representantes de todos los partidos, asociaciones y empresas, excepto Unelco, son partidarios de la soberanía energética de la isla.
Ha manifestado que en La Palma, de momento, “han frenado” que Unelco pasase una línea de Santa Cruz de La Palma a Los Llanos y tenga que hacerlo por Fuencaliente, donde es posible utilizar la energía geotérmica.
Marrero ha apostado por el uso de la energía geotérmica, y así ha recordado que los estudios geológicos dicen que en Lanzarote, Gran Canaria, La Palma y Tenerife es posible que se pueda utilizar, y sin embargo, ha añadido, las multinacionales “quieren seguir siendo las dueñas del contador”.
Por ello ha insistido en que la sociedad necesita más información de los que significa el control de la energía, y ha criticado que el gobierno siga con su intención de instalar casi tres mil kilómetros de tuberías en las islas para el gas, en lugar de impulsar la undimotriz (a partir del movimiento de las olas), la solar, la eólica y la geotérmica.
En cuanto a una amnistía fiscal encubierta, Manuel Marrero ha preguntado qué ha sucedido en la hacienda canaria desde octubre de 2016, pues hay mucho dinero incobrado, ya que del más de millón de expedientes que se realizaban en 2015 se ha pasado a unos 300 al año siguiente.
El número de expedientes sin ejecutar se conoce, pero no la cuantía total de los incobrados, y Manuel Marrero ha planteado al resto de grupos parlamentarios pedir a la Audiencia de Cuentas de Canarias que elabore un informe sobre esta cuestión
En esta situación hay pequeños beneficiarios pero también grandes y sus deudas están prescribiendo, ha recordado Manuel Marrero, quien ha estimado que cuando la consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC) dice en el Parlamento que no se perderá ni un euro “miente descaradamente”.
Manuel Marrero ha declarado que si las deudas están perdonadas porque han caducado se puede hablar de amnistía fiscal encubierta, al menos en relación a los que debían mucho dinero, y si bien ha reconocido que no se sabe a cuánto asciende lo no cobrado ha calculado que puede superar los cien millones de euros.
El destinatario de ese dinero no es sólo la Comunidad Autónoma, sino ayuntamientos y cabildos que tienen el convenio con la misma empresa que realiza el servicio, Grecasa, y los incobros se atribuyen a problemas tras realizar cambios en sus sistemas informáticos.