El Grupo Parlamentario Podemos Canarias, a través de su diputado Manuel Marrero, pedirá esta semana al resto de grupos que declaren “obstruccionista” al Gobierno en minoría que preside el nacionalista Fernando Clavijo.
Podemos defiende que el Ejecutivo autonómico muestra una actitud “contraria al principio de transparencia para el normal desempeño y desarrollo del trabajo parlamentario”.
Esta propuesta de resolución tiene su origen en el hecho de que desde abril de 2018 Marrero está esperando “una simple relación de obras públicas para el período 2008-2018 segregada por islas en la que se hicieran constar dos datos: la adjudicación inicial y los posteriores sobrecostes”.
Ante esta petición, el Gobierno respondió que dicha relación “supone un volumen tal que su traslado es dificultoso” y, por ende, se dispone de la documentación interesada “en las dependencias de la Administración”.
Junto a esa respuesta, a Marrero se le adjuntaron una docena de teléfonos de funcionarios de las distintas consejerías para que se trasladar “a revisar in situ los distintos expedientes”.
Ocultar información
Marrero considera que “dicha respuesta constituye un inadecuado cumplimiento de la obligación de facilitar la información requerida”, toda vez que “no se solicitan expedientes o informes de las obras públicas para el período 2008-2018 sino una simple relación de estas obras en la que se hagan constar dos datos específicos”.
Con todo, y pese a considerar que “la pretensión del Gobierno era ocultar información y dificultar el control parlamentario”, el diputado se trasladó a las dependencias de la Consejería de Obras, donde constató que “el sobrecoste de la carretera del norte de La Palma no era del 67,42%”, como se le había indicado en sede parlamentaria con anterioridad, sino que “ascendía al 96,35% habiéndose reducido el tramo un 33,2%”.
“¿Será por ese motivo por lo que ocultan la información de la totalidad de la obra pública de la última década?”, se pregunta Marrero
Por ello, formuló pregunta oral ante el pleno exigiendo saber las razones que impidieron al Ejecutivo remitir toda la información solicitada, y el pasado mes de noviembre el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, “se limitó a reiterar la justificación ya dada, añadiendo que no es posible solicitar documentación ex novo a la Administración mediante el procedimiento establecido en el artículo 12 del Reglamento del Parlamento de Canarias”.
Por ello, y “a riesgo de resultar repetitivo”, el diputado de la formación morada recuerda que “lo que se solicitó no es, usando la misma terminología empleada por el señor vicepresidente, una información ex novo sino una información que ya existe, o al menos debe existir por imperativo legal”.
Por este motivo, quiere que la totalidad de la Cámara regional se pronuncie en contra de las prácticas obstruccionistas del Gobierno de Clavijo, máxime cuando en esta legislatura ya han sido varios los diputados de la oposición que han exigido a distintos consejeros que facilitasen la documentación solicitada tras meses de retraso, ya que esta opacidad impide que se lleven a cabo las tareas de fiscalización al gabinete.