La falta de tramitación en Canarias de las denuncias por infracciones al medio ambiente relacionadas con los parques nacionales y la biodiversidad tiene responsabilidades políticas y administrativas, pero también podrían ser penales por “prevaricación por omisión”, según advirtió este miércoles en el Parlamento de Canarias la diputada de Podemos Asunción Delgado.
La representante de Podemos se pronunció así durante una comparecencia en comisión parlamentaria de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, quien admitió las deficiencias que se producen en materia sancionadora medioambiental.
Lo justificó por la falta de medios humanos y materiales y por la confusión administrativa y legal que hay al respecto.
“Hemos tenido un problema con la normativa”, puesto que no especifica qué órgano del Gobierno tiene la atribución sancionadora en relación a las denuncias medioambientales en los parques nacionales, admitió la consejera.
Añadió que su departamento ha decidido de momento atribuir esas funciones a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) porque puede asumir la tramitación de las denuncias, acumuladas desde 2010, sin necesidad de incrementar personal ni medios.
A lo largo de la legislatura se aprobará una nueva ley de biodiversidad que aclarará toda esta cuestión, adelantó.
Próxima competencia insular
Una vez que las competencias sobre los parques nacionales sean asumidas por los respectivos cabildos, proceso que comenzará el año que viene con el Teide, en Tenerife, serán las corporaciones insulares las que tengan que asumir la función sancionadora, explicó.
Pero el Gobierno canario asume que esa función “es gravosa” para las corporaciones insulares, con escaso personal y medios, y por tanto está en un proceso de diálogo para ver cómo se lleva a la práctica el traspaso de ese cometido sancionador.
La consejera aseguró que en todo caso los cabildos se ocuparán de las denuncias que se produzcan una vez asuman las competencias, mientras que el Gobierno regional tratará de tramitar las que están acumuladas.
Asunción Delgado, diputada de Podemos, afirmó que los vacíos competenciales, la maraña jurídica y la falta de recursos humanos y materiales no es una casualidad, sino consecuencia de la falta de voluntad política y de interés por el medioambiente por parte de la administración canaria.
“Las infracciones acaban en la basura”
“Los que se han quedado sin sanción se ríen de todos nosotros, saben que las infracciones acaban en la basura”, denunció, y subrayó que no perseguir las infracciones no sólo tiene una responsabilidad política y administrativa, sino que también puede ser penal por prevaricación por omisión.
La diputada de Podemos alabó la labor de los agentes de medio ambiente de los cabildos y del Gobierno de Canarias, la actuación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y del grupo de medio ambiente de la Policía Canaria, que son los que cuidan del cumplimiento de la normativa e inician las denuncias pese al “escaso apoyo político” y de medios con que cuentan.
Los agentes están desmotivados y desilusionados porque “el Gobierno de Canarias no da importancia al medio ambiente ni a la biodiversidad” y los cientos de denuncias acumuladas “acaban en la papelera”, afirmó la diputada de Podemos.
Ahora se van a delegar las competencias en parques nacionales a los cabildos, empezando por el Parque Nacional del Teide, sin que esté claro aún de quién es la competencia sancionadora, insistió.
Para Asunción Delgado “es indispensable que se publique una normativa que aclare en qué órgano está la potestad sancionadora y que se aumenten los medios humanos y materiales”.
Consideró que delegar esas competencias en la Apmun sin aumentar sus recursos humanos y materiales no es una solución, porque ya de por sí “funciona muy mal” y los expedientes que tramita “se caducan en un alto porcentaje”.
Pero según la consejera de Política Territorial, la Apmun tiene estructura y personal suficiente para tramitar las denuncias acumuladas y lo va a hacer “lo antes posible”.
“Estamos buscando soluciones para resolver lo que tenemos pendiente, nos faltan recursos humanos, imagino que pasa en todo el territorio nacional”, justificó la consejera, quien aseguró que en su departamento les importa el medio ambiente “al mismo nivel que política territorial y que seguridad y emergencias”.
Miguel Jorge Blanco, del PP, denunció “el galimatías tremendo” en cuanto a las competencias de inspección y sanción medioambiental, una cuestión que es urgente clarificar para evitar “quebraderos de cabeza a los responsables políticos y administrativos y sobre todo a los ciudadanos”.
La diputada del PSOE Ventura del Carmen Rodríguez consideró que hay un problema doble, por un lado de descoordinación normativa y por otro de carencia de medios.
Defendió que se traspasen estas competencias a los cabildos, pero con los medios adecuados.