Dos diputados de Podemos en Canarias fueron investigados sin control judicial por agentes de la Policía Nacional durante el último Gobierno del Partido Popular (PP). El informe del departamento de Asuntos Internos conocido este miércoles revela que los datos custodiados en los archivos confidenciales del Ministerio del Interior sobre Alberto Rodríguez, exsecretario de Organización de Podemos, fueron consultados en numerosas ocasiones entre 2015 y 2016.
También figura en ese documento Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Sobre la jueza, que en la actualidad ejerce en la Audiencia Provincial de Las Palmas, aparecen 16 registros entre marzo de 2015 y noviembre de 2016. Las fechas no se ciñen a los meses en que ejerció como diputada, sino que se extienden al período anterior a su salto a la política y al inmediatamente posterior a su salida, cuando ostentaba, por tanto, la condición de magistrada en servicio activo.
La mayoría de esas consultas coincide con estancias de la jueza en establecimientos hoteleros de distintos puntos del país. No obstante, hay una anotación desde la comisaría especial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. Se registró a las 10.10 horas del 27 de abril de 2016. Y en ella aparecen las siglas D.A.O., que se corresponden con las de Dirección Adjunta Operativa, el máximo mando ejecutivo de la Policía Nacional. En aquel momento ocupaba este cargo Eugenio Pino, considerado el muñidor de la llamada policía política al servicio del Ministerio del Interior que entonces lideraba Jorge Fernández Díaz en el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Eso sí, los registros no permiten saber quién hizo las búsquedas, si fue Pino o cualquier otro agente de la Dirección Adjunta Operativa.
La fecha de esa consulta no es casual. Esa misma mañana Rosell presentó su renuncia como diputada y como miembro de la Diputación Permanente del Congreso en cumplimiento del código ético de Podemos. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella que contra ella había presentado José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo en el Gobierno de Rajoy, entonces presidente del PP en Canarias y rival político de Rosell. Esa querella, que sería archivada en diciembre de 2016, se alimentó de informes falsos elaborados por Salvador Alba, un juez corrupto que en la actualidad cumple una pena de seis años y medio de cárcel por conspirar contra la magistrada en excedencia para intentar acabar con su carrera política y profesional, en uno de los casos más sonados de lawfare en el país.
La primera anotación policial sobre Rosell se registró el 13 de marzo de 2015, siete meses antes de que se publicaran las primeras informaciones sobre su salto a la política. La magistrada ejercía entonces en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria y era portavoz adjunta estatal de Jueces para la Democracia después de haber sido su cabeza visible en Canarias. Por aquellas fechas, el exministro Soria ya la había convertido en su enemiga. Rosell había instruido años antes el denominado caso Lifeblood, que investigaba la adjudicación por parte del Gobierno de Canarias del concurso del servicio de hemodiálisis de dos hospitales públicos de las Islas a una empresa que tenía como tapado a un asesor de la propia Consejería de Sanidad, entonces en manos del PP. La jueza acabó archivando ese caso porque ni la Fiscalía ni el Gobierno de Canarias acusaron, pero en el auto de sobreseimiento apuntaba serias sospechas de un delito de tráfico de influencias.
Además, Soria había mantenido varios litigios judiciales con la pareja de Rosell, Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, e incluso había deslizado que la magistrada estaba detrás de una querella que el periodista había presentado contra el dirigente popular.
Nueve de los 16 registros que sobre Rosell figuran en el informe de Asuntos Internos, más de la mitad, están fechados antes de octubre de 2015. Es decir, antes de que anunciara que concurría como independiente en las listas de Podemos por Las Palmas a las elecciones generales de diciembre. Varias de esas anotaciones fueron recogidas en distintos distritos de Madrid, siempre coincidiendo con estancias de la jueza en la capital. Pero también aparecen cuatro registros de la Comisaría Local de Maspalomas en una fecha en la que, según ha podido saber este periódico, la magistrada se encontraba de vacaciones en un alojamiento hotelero de este municipio turístico del sur de la isla de Gran Canaria, o en Cáceres el mismo día en que se celebraba en esta localidad el Festival Womad.
Los agentes también siguieron los movimientos de Rosell hasta Cádiz a principios de junio, coincidiendo con la celebración en esta ciudad andaluza del 30º Congreso de Jueces para la Democracia, que llevó por título Constitución y Justicia en el siglo XXI.
Ya como candidata o diputada, aparecen cinco anotaciones. Dos de ellas en Madrid, en distintos distritos; otra en Valladolid, ciudad en la que reside parte de su familia; una cuarta, de nuevo en Maspalomas, tres días después de que el juez Salvador Alba orquestara su conspiración contra ella reuniéndose de forma clandestina en su despacho con un empresario al que investigaba, y la quinta, la mencionada del Director Adjunto Operativo.
La monitorización a Rosell no cesó cuando renunció a la Diputación Permanente. Tras abril de 2016, mes en el que también dimitió José Manuel Soria por su implicación en los papeles de Panamá, aparecen otros dos registros sobre la jueza. Uno referenciado en el centro de Madrid, en septiembre de 2016, y otro en noviembre de ese mismo año en la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana, región adonde también había acudido en esas fechas para participar en unas jornadas.
Según fuentes policiales consultadas por este periódico, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden abrir diligencias policiales, con su correspondiente número, para investigar a una persona sin control judicial, pero siempre que exista algún indicio. El ordenamiento jurídico español prohíbe las denominadas investigaciones prospectivas. Es decir, aquellas que, en lugar de partir de la existencia de indicios concretos, indaga de manera general en la vida de una persona para tratar de encontrarlos.
Las bases de datos confidenciales de la Policía Nacional contienen, aparte de las señas habituales, como los posibles antecedentes o sanciones de la persona, movimientos como alquileres de coches, hoteles, billetes de avión o venta de joyas, afirman las fuentes.
Según se ha conocido este miércoles a través del informe incorporado a la causa de la Audiencia Nacional, entre 2015 y 2016 se consultaron de manera irregular los datos policiales de 55 diputados de Podemos y sus confluencias. En ese listado se encuentran, entre otros, Pablo Iglesias, Joan Baldoví, Ione Belarra, Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, Irene Montero, Rafael Mayoral, Gloria Elizo, Pablo Bustinduy, Carolina Bescansa o el exjuez Juan Pedro Yllanes.