El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias en materia de empleo, Jorge Rodríguez, ha arremetido contra la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, y contra el resto de fuerzas con representación en la Cámara que han incidido en que la reforma laboral del gabinete de Mariano Rajoy, unida a la crisis económica, han favorecido que se creen condiciones para que se incremente la explotación laboral y las irregularidades en las contrataciones.
“Ni España ni Canarias son un campo de esclavos ni estamos en las épocas de Scarlata O'Hara”, exclamó en un tono de voz bastante más alto del habitual en sus intervenciones después de acusar a la vicepresidenta de intentar criminalizar a los empresarios.
“PSOE y empleo son cosas incompatibles. Los socialistas solo pueden dar lecciones en materia de creación de paro, y el anuncio de que quieren derogar la reforma laboral que está permitiendo que haya más trabajo demuestra que quieren llevarnos a todos de vuelta al pasado”, afirmó Rodríguez. Un tiempo que, según recordó, estaba marcado por el hecho de que cuando José Luis Rodríguez Zapatero presidía el Gobierno España tenía “la tasa de temporalidad de las más altas de Europa”, pues “pudiera parecer que antes de 2012 la situación era idílica, y nada más lejos de la realidad”.
Para Rodríguez, “sería un error gravísimo” tener “nostalgia del Estatuto de los Trabajadores de 1980”, entre otras cosas porque, a su juicio, el mismo no podría dar respuestas a los problemas del mercado de trabajo actual.
Previamente la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, había aportado los datos de distintas organizaciones que demuestran que “el 53% de las personas que reciben ayudas sociales pertenecen a hogares en los que hay un empleo” y que en España “el 22% de quienes tienen un empleo son trabajadores pobres”.
Una situación que a juicio de Hernández se debe a que el Estado “quitó el paraguas cuando más llovía”, ya que el Gobierno de Rajoy aprobó una reforma “que abarató el despido, porque no había problemas para despedir, sino para contratar, pero abarató el despido y deterioró la negociación colectiva”.
En ese escenario, la gran tasa de paro debido a la crisis económica ha llevado a que exista “un aumento de la contratación temporal, que lo es solo sobre el papel y en el sueldo, pero no lo es en la prestación efectiva de las horas de trabajo”.
“Me parecen denigrantes” las consideraciones de Hernández, insistió Rodríguez, sobre todo para los empresarios “que cumplen con la legalidad”. Además, apostilló que “los trabajadores, incluso los menos cualificados, saben que el marco legal les protege”, pues la reforma incluye un “estricto control de los contratos a tiempo parcial” y “prohibe las horas extra”.
Esos datos fueron replicados por la vicepresidenta, que recordó que los datos oficiales del propio Gobierno de España arrojan que “las contrataciones a tiempo parcial no compensan la disminución de los empleos a jornada completa”. Además, Hernández insistió en que este momento en España “hay 100.000 trabajadores menos” que cuando “la situación laboral era el desastre al que se refiere el PP” en los momentos previos a las Elecciones de 2011 que llevaron a Rajoy a La Moncloa.
Por ello justificó que el Gobierno regional vaya a poner en marcha un Plan contra la Explotación Laboral, entre otras cuestiones “porque me lo piden los propios empresarios, ya que esas contrataciones suponen una competencia desleal porque la legislación, aunque no me guste, hay que cumplirla. ”Sostener lo contrario es un disparate“, espetó Hernández al portavoz conservador.
Aceptar lo que sea
Y es que la comparecencia de la 'número dos' del Ejecutivo había sido requerida por el diputado Luis Campos (Nueva Canarias) para que detallara precisamente el referido plan de choque. Tras la intervención del diputado conservador, Campos aseguró que “la inspección laboral es un eje importante para acabar con el fraude y la explotación laboral, pero la medida más esencial es la derogación de la reforma laboral que rompió el equilibrio entre la empresa y los trabajadores por la parte más débil”.
“Las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes son los más perjudicados por la contratación irregular, porque son los más vulnerables y en unos momentos de crisis, con hogares donde no hay recursos suficientes, uno es capaz de aceptar lo que sea. Yo lo haría en sus mismas condiciones”, afirmó Campos.
“La reforma laboral y la crisis han sido la espita para que la gente acepte lo que sea”, remachó Hernández.
La soledad de Rodríguez en defensa de la reforma laboral se hizo más evidente cuando el resto de portavoces usaron su turno de palabra, si bien Noemí Santana (Podemos) recordó que “no toda la culpa la tiene el PP, pues el PSOE también había aprobado otra reforma” previa a la del actual Gobierno central.
Con todo, la portavoz de la fuerza morada ha afirmado que la legislación laboral actual ha permitido que “las desigualdades sociales hayan crecido un 12%” en las Islas y puso como ejemplo el de las camareras de piso de los hoteles, que cada vez trabajan más horas para ganar “un euro por habitación” cuando el sector turístico ha crecido y existen cifras record de visitantes a las Islas. “Ni siquiera se ha conseguido recuperar el empleo en el sector a los niveles previos a la crisis”, afirmó.
Por su parte, el representante del Grupo Mixto, Jesús Ramos (ASG), afirmó que la “lucha contra la explotación de los trabajadores es la base ideológica del socialismo, una ideología que es la base de nuestros partidos” (como se recordará, la fuerza política del diputado es fruto de una escisión del PSOE de Canarias), y pueso énfasis en derogar la reforma del PP, que ha favorecido la precarización del empleo.
Falsos autónomos y becarios
La misma tesis que usaron los portavoces de los grupos socialista y nacionalista, Héctor Gómez y Dolores García, respectivamente. Para el socialista, la vigente legislación “ha hecho un daño tremendo” al tejido laboral de España, pero más aún al “sensible” mercado canario, que tiene una alta tasa de paro estructural incluso en épocas de bonanza, favoreciendo “la aparición de los falsos autónomos y los falsos becarios” que hacen con sueldos precarios el trabajo de una jornada completa.
“Confiamos en que el retroceso histórico que se ha producido en los derechos de los trabajadores tenga fecha de caducidad el próximo 20 de diciembre”, afirmó la nacionalista García antes de suscribir junto a Hernández que el Gobierno canario “tenga tolerancia cero con el fraude y la explotación laboral”.
Por su parte, el portavoz de NC culminó su intervención recordando que “la explotación laboral es una de las grandes vergüenzas de nuestra sociedad”, por lo que pidió al Gobierno canario que sea eficiente en la lucha contra estos fraudes, toda vez que anteriores planes solamente hicieron aflorar 3.000 empleos irregulares de los más de 100.000 que existen en las Islas.
“Si solo se pudiera regularizar un 10% de estos empleos, aflorarían 500 millones de euros” hacia las arcas públicas, concluyó Campos.