El incumplimiento unilateral por parte del Gobierno que preside Mariano Rajoy del Convenio de Carreteras no solo ha provocado la “situación de parálisis” de las obras en las vías de interés general del Archipiélago desde 2012 a 2015 o el sobreesfuerzo presupuestario por parte del Ejecutivo regional para cubrir los más 400 millones de euros que el Estado dejó de invertir. La decisión política “sin justificación” ha supuesto también un “sobrecoste improductivo de 90 millones de euros debido a la paralización de las obras”.
90 millones de euros a los que hay que sumar “la deuda que hay que pagar” debido a que muchas de las obras financiadas a través del llamado 'método alemán', que no es más que “un préstamo que hay que devolver”.
Así lo ha asegurado la consejera de Obras Públicas y Transportes, Ornella Chacón, durante su comparecencia en el Parlamento para explicar cómo ha afrontado el Gobierno de Canarias el recorte estatal de la financiación en las carreteras canarias y dar respuesta a la pregunta del diputado nacionalista Antonio Castro para saber “cuanto hemos pagado los canarios en carreteras, un dinero que tendría que haber puesto el Estado”.
Y la respuesta de Chacón ha sido contundentemente estadística: el “brutal recorte” ha hecho que de los 639 millones presupuestados en el Convenio incumplido, el Gobierno central solo ha aportado 166,9 millones de euros. El resto ha sido abonado por el Feder, el 'método alemán' y la propia Comunidad Autónoma, aunque solo se ha podido llegar a 613,9 millones, es decir, 25 millones menos de los que se debería haber invertido.
“El brutal recorte no anunciado dejó obras en situación de parálisis y suspensión. Pero no habrá servido de nada el gran esfuerzo que la Comunidad Autónoma ha hecho para mantener el mínimo ritmo de las obras si en el nuevo Convenio que deberá ser firmado no se corrigen los errores del pasado”, ha afirmado Chacón.
Recuperar economía y tiempo perdido
Y es que la consejera tiene claro que “si el Gobierno del Estado hubiera cumplido, no habría ni una sola obra paralizada o retrasada”, motivo por el que en la negociación que se abra con el Ejecutivo que salga de las urnas a partir del 20 de diciembre, el nuevo gabinete deberá “recuperar las economías perdidas” en las Islas “y el tiempo perdido por los canarios en las carreteras porque la movilidad no era la adecuada a sus necesidades”.
De esta manera, Chacón contestó al portavoz conservador Ernesto Aguiar, para quien “aunque ese ajuste, recorte o hachazo, como se le ha calificado, ha sido un problema, pero hay que ser objetivos, y reconocer que no solo ese ha sido el problema. Hay datos de ejecución que dejan mucho que desear y nos gustaría saber qué medidas ha tomado para ser eficaces”.
“Dejaré de hablar de incumplmiento cuando el Convenio se cumpla”, insistió la consejera.
Chacón fue corroborada por Castro, que aprovechó su pasada experiencia como consejero de Obras Públicas para afirmar que “Canarias ha invertido muchos más esfuerzos que cualquier otra comunidad autónoma” en sus infraestructuras de interés general, y no solo en términos de financiación, sino en políticos, pues ha debido enfrentarse ,“a la incomprensión permanente de la concepción centralista de todos los gobiernos que ha existido, aunque ha ido disminuyendo con el tiempo”.
El diputado nacionalista hizo un repaso histórico de los problemas competenciales que hubo tras las transferencias en carreteras hasta llegar al Convenio suscrito en 1996, precisamente con el Gobierno de José María Aznar, para insistir en que “no había justificación para frenarlo”, como ha hecho el actual gabinete de Rajoy.
Además, ha recordado que, en este último cuatrienio, marcado por los recortes y la crisis, “si queríamos hacer más gasto social había que hacer menos carreteras”, lo que agravaba el problema, pues “la Consejería de Obras Públicas es la más solidaria, porque cuando hay que hacer más hospitales todo el mundo la mira para sacar de ahí el dinero, como no podía ser menos”.
Por su parte, el socialista Gabriel Corujo ha dicho que “no todos los gobiernos centrales han sido iguales”, pues el de José Luis Rodríguez Zapatero cumplió el Convenio, mientras que el actual “tristemente nos coloca como ciudadanos de segunda”, ya que ese acuerdo político roto unilateralmente .“es el principal recurso económico para desarrollar las infraestructuras canarias”.