La deriva xenófoba de la campaña del PP en Catalunya no ha sorprendido al partido en Canarias. El coordinador general de la formación política en las Islas, Jacob Qadri, sostiene que el discurso pronunciado por Alberto Núñez Feijoó este miércoles, en el que relacionó la inmigración con la delincuencia y la ocupación, se fundamenta “en datos”. ''En función a eso manifestó una realidad que, parece ser, se está viviendo en Catalunya y que, por suerte, nada tiene que ver con lo que ocurre aquí en Canarias'', ha dicho a Canarias Ahora.
“Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades”. Las palabras de Feijoó fueron avaladas y reforzadas por otros miembros de su partido, como el portavoz nacional, Borja Sémper, o la secretaria general, Cuca Gamarra. Mientras el PP abraza el discurso xenófobo de Vox en la Península, el partido exige al Estado desde Canarias un reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados entre Comunidades Autónomas. El Ejecutivo canario, gobernado por Coalición Canaria y el PP, negocia con el Gobierno de España la reforma de la Ley Extranjería. Esta modificación permitiría al Estado intervenir si las autonomías no se ofrecen de forma solidaria a acoger a los jóvenes migrantes.
El coordinador general del PP en Canarias no cree que las declaraciones de Feijoó puedan suponer un problema para sacar adelante esta reforma. ''Yo creo que son cosas totalmente diferentes. Una cosa es la realidad que se está viviendo en Catalunya que no tiene que ver con lo que se vive en Canarias o en La Rioja, y otra muy diferente es el reparto más que necesario que hay que hacer de estos menores porque Canarias tiene todos los centros desbordados'', ha respondido a esta redacción.
''Un problema que es nacional lo estamos asumiendo nosotros solos. Se están destinando muchísimos recursos y esta carga hay que repartirla'', ha añadido. Preguntado por el posible bloqueo del PP a la propuesta para reformar la Ley de Extranjería, Qadri sostiene que ''hay que sentarse con las Comunidades Autónomas'' y ''darles financiación''. ''No se trata de trasladar el problema a otro sitio, sino de dar una solución en conjunto a esta crisis migratoria que estamos asumiendo nosotros solos'', ha concluido.
''Hay que buscar y articular todos los mecanismos que tiene el Estado para aliviar la situación de lo que está viviendo en Canarias, porque lo puede sufrir cualquier comunidad'', ha subrayado. En esta línea, Vox ya ha advertido que rechazará la acogida de migrantes en las comunidades en las que gobierna con el PP. Los partidos gobiernan en coalición en Aragón, Castilla y León, Extremadura, Murcia y en la Comunidad Valenciana.
El rechazo de la derecha y de la extrema derecha a las personas migrantes no es nuevo. El PP y Vox ya han mostrado su oposición a las derivaciones que el Estado organiza desde Canarias a los recursos de acogida que el Ministerio de Migraciones gestiona en la Península. El objetivo de estos traslados es ofrecer una mejor acogida a los supervivientes y aliviar los dispositivos instalados en las Islas ante la llegada de cerca de 40.000 personas en 2023. Sin embargo, el partido de Alberto Núñez Feijoó llegó a acusar al Gobierno de España de ''colaborar con el negocio organizado de las mafias de tráfico ilegal de personas''.
Mientras tanto, en el Parlamento de Canarias se tumbó este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) de Vox para expulsar de manera ''urgente e inmediata'' a las personas migrantes. La diputada Rosa Viera (PP) votó en contra de la propuesta e incidió en que el grupo de extrema derecha no tenía “ningún deseo de llegar a acuerdos” y recalcó que para gestionar y dar soluciones a un problema como la migración irregular “hay que tener también algo de sensibilidad y de humildad”.
Rechazo a instalar centros en Lanzarote
En Lanzarote, el PP también ha evidenciado su postura en contra de la instalación de recursos para acoger a personas migrantes llegadas en pateras y cayucos a las islas. El Ministerio de Migraciones anunció la apertura de un nuevo centro de acogida de migrantes en la isla. Tal y como informó el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se trata de un recurso con capacidad para unas 400 personas, una cifra que dista de la capacidad de centros como Las Raíces, en Tenerife, que cuenta con 2.000 plazas. ''No se trata de un macrocampamento'', aseveró Pestana en declaraciones a los medios.
Altos cargos del PP participaron, junto a Vox y a Coalición Canaria, en una protesta de vecinos de Güime, en San Bartolomé, para frenar la instalación. Entre los políticos del PP que se movilizaron estuvieron el vicepresidente del Cabildo, Jacobo Medina, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y la teniente alcalde de Teguise, Rita Hernández. En un comunicado, el partido insistió en su rechazo a la construcción de “macrocentros de inmigrantes en la isla”.
La creación del CATE móvil de Arrecife tampoco estuvo exenta de choques políticos. El Ayuntamiento capitalino, dirigido entonces por Astrid Pérez (PP), bloqueó los permisos necesarios para que el centro entrara en funcionamiento, aunque Interior ya lo había montado. Mientras tanto, los supervivientes eran atendidos en una nave industrial sin camas suficientes y sin duchas.