El Grupo Popular ha solicitado de forma urgente al Gobierno de Canarias el informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma en el que se han detectado 9,6 millones de euros de subvenciones a la Unión General de Trabajadores (UGT) cuyo destino final se desconoce.
Los conservadores han registrado la solicitud nada más concluir la comparecencia en el Parlamento de la consejera de Empleo, Francisca Luengo, en la que ha reconocido que se han detectado “subvenciones pendientes de justificar” y que, hasta solventar las dudas, el sindicato no podrá recibir las correspondientes a 2013.
Luengo, por tanto, ha confirmado en sede parlamentaria la información publicada por CANARIASAHORA y que fue desmentida por el propio sindicato.
El diputado conservador Miguel Jorge resaltó la descoordinación que existe entre el Sicoin (Sistema de Control Interno de subvenciones pendientes de justificar), la Consejería de Economía y Hacienda y el propio SCE. Una descoordinación que ha permitido que UGT haya estado recibiendo durante los últimos siete años dinero público sin haber justificado previamente el destino de las subvenciones recibidas.
Según los conservadores, si la justificación simplemente está en tramitación, la situación no es tan grave como si las mismas estén pendientes de reintegro por vía ejecutiva, puesto que de ser así se habría estado vulnerando la Ley desde el año 2006.