El Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha rechazado la moción presentada este jueves por el PSC-PSOE en la comisión de Infraestructuras y Medioambiente en la que solicitaba la creación de una comisión para investigar los contratos con la empresa Fitonovo que aparecen en el sumario de la Operación Enredadera.
Así, según han explicado varios portavoces de la oposición a este periódico, el Partido Popular ha rechazado realizar esta investigación porque este caso está ya sub iúdice, la información que tienen es a través de los medios de comunicación, que ese funcionario no había tenido conocimiento y que con la investigación judicial es suficiente. Tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias habían apoyado la iniciativa del Partido Socialista, tumbada por la mayoría absoluta popular.
Darias lamentó que el PP haya perdido la oportunidad de “explicarse y dar a conocer la verdad” y que verdad y transparencia van de la mano, por lo que los populares han dejado claro “que no quieren saber nada ni de verdad ni de transparencia”. Y es que la portavoz socialista había asegurado con anterioridad que los hechos conocidos “son de extrema gravedad” y exigen una actuación de investigación que determinara las posibles responsabilidades políticas.
No obstante, la socialista ha adelantado que su grupo va a registrar solicitudes de información que permitan investigar “qué ha pasado en el Cabildo y qué contratos se han firmado”.
Por su parte, la portavoz suplente de Nueva Canarias, Inés Jiménez, ha opinado que el Partido Popular “que hace alarde de la transparencia” tendría que haber tenido “un gesto” aceptando la investigación ya que “no cuesta nada poner los dispositivos para conocer los contratos y expedientes”. Jiménez entiende que para esclarecer este caso “no está de más que el Cabildo ponga sus recursos y actúe”, siempre y cuando se preserve el principio de presunción de inocencia y se respete la acción de la justicia. Además, cree que una comisión habría ayudado a los funcionarios porque estos “están incómodos”.
La instrucción de la jueza Mercedes Alaya reflejaban el pago de comisiones a funcionarios y altos cargos de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria a cambio de facilitar adjudicaciones de contrato a Fitonovo. Esta empresa habría cobrado obras cuyos trabajos “no se habrían realizado porque ya estaban hechos con anterioridad”, según la documentación incautada por la UCO de la Guardia Civil, así como a otras operaciones ilegales que alteran el normal funcionamiento de las instituciones y corrompen la naturaleza de la contratación pública.
En estos casos relatados, sucedidos en los años en los que José Manuel Soria era presidente del Cabildo, aparece presuntamente implicado un funcionario de esta Corporación, entonces Director Insular de Obras Públicas y, en el presente mandato, miembro de la directiva del Club Baloncesto Gran Canaria, así como, también presuntamente, otro funcionario de la misma Consejería, aún por identificar.
En las citadas informaciones se pone también de manifiesto el sustancial incremento de las contrataciones con Fitonovo durante el mandato 2003-2007, incremento que el PSC asegura que ha vuelto a producirse durante el actual mandato, que concluirá dentro de unos pocos meses.