El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero aprobó el Informe sobre el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que ha sido enviado para su dictamen al Consejo de Estado y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, remitido a las Comunidades Autónomas para que en quince días emitan la correspondiente valoración del texto.
Consciente de que la organización administrativa de Canarias necesita “un trato singular” ?señala la portavoz socialista, Carolina Darias- y “confiando en que instituciones y partidos políticos del Archipiélago sean capaces de alcanzar el necesario consenso” para defender el imprescindible trato diferencial para cabildos y ayuntamientos en el marco estatal, que debe respetar la singularidad política de la Comunidad Autónoma canaria. La consejería de presidencia del Gobierno, justicia e igualdad, en el marco de la mesa de trabajo para la reforma y simplificación administrativa, viene propiciando un trabajo de diálogo y negociación que se inició en septiembre de 2012 mediante una reunión institucional con representación de la Federación Canaria de Municipios, la Federación Canaria de Islas, los grupos parlamentarios autonómicos y el Gobierno de Canarias.
Por eso, el PSC-PSOE en el Cabildo de Gran Canaria defenderá una moción este próximo jueves en el Pleno de febrero para pedir al Gobierno Insular que reclame al Ejecutivo español que la organización administrativa de Canarias, cabildos y ayuntamientos tenga “un trato singular” en el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, asevera la portavoz socialista en el Cabildo grancanario, Carolina Darias, quien pide a la Corporación Insular un “pronunciamiento unánime” sobre este asunto.
“El Gobierno de España debe tener en cuenta a Canarias en la reforma administrativa del régimen local. El Partido Popular ningunea a Canarias con otro asunto más, que viene a engordar la lista de agresiones a nuestras Islas”, afirma Darias. Explica que en el caso de Canarias, 60 de los 88 ayuntamientos existentes “verían mermadas sus competencias”, 12 de los 21 de Gran Canaria, “lo que consideramos especialmente inaceptable” en lo que se refiere a las competencias en servicios sociales, pues constituye “una evidencia incontestable de que la administración municipal es la que conoce de forma cercana y real la situación de sus habitantes, las necesidades que acucian a cada persona y quien mejor puede decidir y ejecutar qué ayuda pública requiere. Es en el nivel municipal de la Administración Pública donde mejor se puede ejercer esta tarea”.
“9 de los 21 municipios de Gran Canaria de menos de 5.000 habitantes pueden quedar suspendidos, y ser absorbidos por el Cabildo de Gran Canaria”, añade. Desde la firme convicción de que los Cabildos Insulares, institución exclusiva de Canarias y cuya composición emana directamente de la voluntad popular expresada a través del voto, Darias añade que “nada tienen que ver con la naturaleza jurídica y competencial de las Diputaciones Provinciales”.
Teniendo en cuenta la relevancia de la actividad municipal que realizan los 88 ayuntamientos canarios -cuyo número es acorde a las características sociales, económicas, demográficas y orográficas que tiene el Archipiélago- “consideramos indispensable el mantenimiento de todos ellos, si bien entendemos imprescindible la revisión de sus estructuras, dimensión y competencias, en paralelo a las que ejercen los Cabildos y el propio Gobierno de Canarias, para evitar duplicidades y aumentar la eficiencia y agilidad en la prestación de los servicios públicos y en la atención a la ciudadanía”.
“Si bien estamos ante un anteproyecto, entendemos que la redacción actual de la propuesta de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local deja sin efecto la capacidad competencial de los ayuntamientos, ataca la autonomía municipal, reconocida por la propia Constitución Española, y deja sin respuesta la cuestión de la financiación. El Gobierno de España pretende vaciar de actividad a todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, dejándolos sin capacidades reales para atender a la ciudadanía”, asegura.