El Partido Popular no quiere que la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, sea vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la renovación de ese órgano de gobierno de los jueces que actualmente negocia con el Partido Socialista y el Gobierno. Junto a Rosell, los populares han vetado al magistrado José Ricardo de Prada, al que tienen marcado por haber sido el ponente de la sentencia del caso Gürtell, que motivó la moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2018.
Los motivos para vetar a Victoria Rosell no han sido aclarados por los populares, que se han limitado a manifestar que no quieren que nadie cercano a Podemos pueda ser elegido vocal del CGPJ. El PSOE ha cedido dos de sus diez plazas al partido de Pablo Iglesias del mismo modo que el PP ha cedido una de las suyas al PNV, tanto en esta reforma como históricamente, como ha venido ocurriendo con otras formaciones como CiU. El PSOE ha cedido siempre alguna plaza a Izquierda Unida, hoy integrada en Unidas Podemos, sin que hasta la fecha haya habido rechazo por parte de ninguna fuerza política.
Rosell, afincada en Canarias desde hace más de veinte años, donde es titular (ahora en excedencia por servicios especiales) del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, fue objeto de una campaña de persecución promovida por el que fuera ministro de Industria con Mariano Rajoy, José Manuel Soria, que llegó a querellarse contra ella ante el Tribunal Supremo una vez fue elegida diputada de Podemos por su misma circunscripción, la de Las Palmas.
Para hacerlo, Soria se valió de las artimañas del juez Salvador Alba Mesa, que finalmente acabó condenado a seis años y medio de prisión precisamente por maquinar contra la magistrada Rosell cometiendo para ello, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento judicial.
Alba y Soria mantenían relaciones políticas. El primero acudió al segundo en más de una ocasión para que el PP le apoyara en sus pretensiones de ser vocal del Poder Judicial y luego presidente del TSJC, en ambos casos sin éxito. Su deseo de agradar al entonces ministro del PP le llevó a fabricar las pruebas por las que resultó condenado.
Mientras sustituía a Victoria Rosell en su juzgado, Salvador Alba maquinó para fabricar pruebas que le permitieran a José Manuel Soria alimentar la querella que había presentado contra la jueza en el Tribunal Supremo. Inicialmente la estrategia funcionó y la Sala Segunda del alto tribunal admitió a trámite la querella, lo que motivó la dimisión de Rosell como diputada.
La causa contra ella fue trasladada al TSJ de Canarias, cuya Sala de lo Penal no encontró indicios de delito y la archivó en diciembre de 2016.
En 2019, Salvador Alba Mesa fue condenado a seis años y medio de prisión, 18 de inhabilitación y al pago de 60.000 euros de indemnización. Está apartado cautelarmente de la carrera judicial desde 2018, aunque siguió presidiendo juicios por corrupción con acusados del PP hasta muy poco antes de sentarse en el banquillo del que salió condenado. Su sentencia está recurrida ante el Supremo, donde la Fiscalía ya se ha pronunciado en el sentido de que se mantenga la condena íntegramente.
Ahora el PP veta a la jueza que fue víctima de una conspiración en la que participó uno de sus exministros, como recoge profusamente la sentencia que condenó al juez Alba, en la que se menciona a José Manuel Soria una decena de veces.