La presunta trama de sobornos de la constructora OHL alcanza a otros dos ex altos cargos de Coalición Canaria
La presunta trama de comisiones ilegales pagadas por la constructora OHL a políticos y altos cargos de distintas administraciones públicas españolas alcanza a otros dos exdirigentes de Coalición Canaria: Julio Bonis y Antonio Castro se unen al listado en el que también figura el expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, como presunto receptor de sobornos.
Así lo recoge un informe de la Guardia Civil remitido al juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, según publica este martes ABC. La investigación paralela abierta a dos directivos de OHL en una pieza separada del caso Lezo, la trama del Canal de Isabel II, por sobornar a políticos entre 2003 y 2014 con más de 38 millones de euros, incluye a estas dos piezas clave de Coalición Canaria desde su fundación.
Julio Bonis, ex consejero de Sanidad y de Presidencia, fue uno de los hombres fuerte de CC durante los años 90 y en su época se inauguró el Hospital General de Gran Canaria Doctor Negrín. Por su parte, Antonio Castro estuvo en todos los gobiernos regionales entre 1987 y 2007, siendo entre otros consejero de Obras Públicas, y de 2007 a 2015 presidió el Parlamento de Canarias.
Bonis desapareció de la escena política canaria a principios de siglo, y desde entonces reside en México. Los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo señalan como presunto colaborador de la trama desde ese país, donde tiene sus negocios, indica el diario madrileño. A Bonis también se le ha relacionado recientemente con los negocios de la familia Pujol en México.
En el caso de Antonio Castro, el informe de la Guardia Civil recoge una grabación entre los directivos de la constructora en la que tratan sobre el reparto de dinero que habría que ver “los porcentajes de Antonio Castro”. Esos mismos investigados hacían referencia en las grabaciones a una comisión que habrían pagado a Luis Suárez Trenor, por obras en el puerto de Granadilla.
Esta pieza separada del caso Lezo que empieza a salpicar más a Coalición Canaria surge de los registros en los domicilios del que fuera director de Obra Civil de OHL, Paulino Hernández, y el ejecutivo del área de Control Felicísimo Ramos. Hernández grababa las reuniones que mantenía y Ramos recogía en una memoria portátil la relación de pagos de comisiones ilegales.
