Las investigaciones de Lezo en la Audiencia Nacional también salpican a Coalición Canaria
La adjudicación de las obras del dique de abrigo del puerto de Granadilla (sur de Tenerife) a la UTE en la que se encontraba la empresa SATO, filial de OHL, está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, después de que se descubriera que la operación Lezo tiene bifurcaciones hacia varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias.
Las investigaciones se centran en el que en 2007 era presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, al que su partido, Coalición Canaria, apartó sigilosamente de cualquier cargo público cuando la Policía detectó un desmesurado enriquecimiento a raíz de su relación con el caso Fórum Filatélico, que investigaba el juez Garzón y que tuvo en Tenerife una de sus ramificaciones más destacadas.
El Confidencial ha adelantado este viernes que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 indaga acerca de una de las filiales de OHL dentro de la operación Lezo. Se trata de SATO, que en 2007 formó parte de la unión temporal de empresas que se impuso en el concurso de ejecución de la obra del dique de abrigo del puerto de Granadilla, uno de los empeños más incomprensibles de la autoridades de Coalición Canaria, algunas de las cuales tenía relación con la titularidad de terrenos en la zona que luego se convirtió en polígono industrial. La operación alcanzó los 114,5 millones de euros.
Como adelantó este periódico en 2016, Luis Suárez Trenor fue investigado en el marco de la operación Lavandera, que abarcó los años en los que fue presidente de la Autoridad Portuaria (1996-2007). La Policía detectó que manejó “grandes cantidades de dinero en efectivo cuya procedencia es desconocida”.
Concretamente, entre los años 2000 y 2006, llegó a ingresar cerca de medio millón de euros en sus cuentas, cifra que los investigadores consideran “totalmente atípica” y cuyo origen se desconoce. Pero además, entre los años 2000 y 2003, el también destacado miembro de Coalición Canaria (CC) adquirió cinco vehículos mediante pagos en efectivo por valor de 143.385 euros, cuya contrapartida en cuentas bancarias nunca se encontró.
A los investigadores les llamó poderosamente la atención dos de esas compras, que relacionaron en el tiempo con la presentación ante la Autoridad Portuaria por parte de la empresa Parque Marítimo Anaga del proyecto de construcción de un muelle deportivo en el barrio santacrucero de San Andrés. Y es que las investigaciones se desarrollaron dentro del conocido como caso Fórum, que tenía en la capital dos activos como eran ese puerto y la urbanización Valle Tahodio. La única explicación que los investigadores encuentran en los pagos sin recurrir a transferencias o cheques es que el origen de esas cantidades pudiera ser ilícito.
La aparición de estas noticias coincide en el tiempo con la ratificación de las condenas por el caso Las Teresitas, por las que habrán de ingresar en prisión el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, quien fuera su concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, muy vinculados a millonarias operaciones promovida por Coalición Canaria.
Para colmo, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, se encuentra incurso en dos investigaciones judiciales en los juzgados de La Laguna, el caso Grúas y el caso Reparos, ambos nacidos durante su gestión al frente del Ayuntamiento de esa ciudad.
