Primer aviso de la Fiscalía a Negrín: las contrataciones de RTVC y sus sociedades tienen que pasar por el consejo rector
Nadie esperaba este informe del Ministerio Fiscal, pero atendiendo al principio de jerarquía y la unidad de criterio que rige en ese órgano, podría ser de aplicación para el resto de los litigios abiertos en el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC): un fiscal de Santa Cruz de Tenerife ha informado ante el Juzgado de lo Contencioso número 3 de esa provincia que las contrataciones de RTVC y de sus sociedades dependientes (Televisión Pública de Canarias y Radio Pública de Canarias) están todas sujetas al consejo rector del ente y que, en todo caso, habrán de atenerse a la normativa reguladora de los contratos del Estado.
Así lo ha expresado en un informe de dos folios el fiscal Carlos María Eguiluz en el contencioso planteado por la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) frente a la contratación de personal de confianza del ente público RTVC y cinco editores destinados a los servicios informativos de Televisión Canaria que fueron incorporados a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) en marzo pasado. El representante del Ministerio Público informaba de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa en este asunto, lo que le obligaba a delimitar las competencias del ente público y sus empresas dependientes para concluir que cualquier tipo de contratación debe estar sujeta a su consejo rector.
De este modo y sin pretenderlo, la Fiscalía lanza un primer aviso al presidente de RTVC, Santiago Negrín, envuelto en una polémica pública de largo recorrido por haber convocado un concurso para contratar por ocho años los servicios informativos de la televisión pública por un importe total de 144 millones de euros. Lo ha hecho constituyéndose en órgano de contratación unipersonal en su calidad de administrador único de Televisión Pública de Canarias, S.A., y sin someterse por lo tanto a las consideraciones y el control del consejo rector de RTVC.
El fiscal Eguiluz descarta en todo momento que Negrín pueda actuar sometiéndose a las normas de derecho privado porque la ley canaria de radiotelevisión pública no contempla esa posibilidad como sí hace la de Radiotelevisión Española. Por lo tanto, parece no tener mucho encaje que haya sorteado para el concurso de informativos las competencias del ente RTVC para situarse en el plano de la empresa pública TPCSA y esquivar así el control previo del consejo rector.
En el caso concreto sobre el que se pronuncia el Ministerio Público, el fiscal considera que en relación con el cese de los jefes de informativos de la radio y la televisión, así como el nombramiento de director corporativo y director de nuevos proyectos, “consistieron en una actuación administrativa derivada de la potestad del consejo rector del ente público Radiotelevisión Canaria en cuanto tal, no en calidad de sociedad mercantil contratadora (sic), como se sostiene por la demandada [RTVC]”. Asimismo, recuerda el fiscal que “la selección de personal en el ente público RTVC y en sus sociedades deberá realizarse siempre y en todo caso garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes pruebas de acceso establecidas y convocadas por la presidencia, precio acuerdo del consejo rector”.
Sin embargo, Santiago Negrín contrató mediante un procedimiento negociado sin publicidad por importe de 112.962 euros a una empresa de trabajo temporal a la que dio los nombres de los cinco editores que quería incorporar para dirigir los programas adscritos a los servicios informativos. Algunos de los designados ni siquiera estaban en posesión de la titulación requerida para ese desempeño.
