El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este jueves por unanimidad una propuesta de resolución en la que se insta al Gobierno canario a la urgente puesta en marcha del plan de empleo social 2014-2015, y otra en la que se pide cambiar el injusto modelo de financiación autonómica.
La aprobación de esas dos propuestas, presentadas por los grupos que apoyan al Gobierno regional, Nacionalista y Socialista, se realizó con motivo del debate del estado de la nacionalidad, que en la sesión de hoy consistió en la presentación y debate de 48 propuestas de resolución del grupo Mixto, 30 del PP y 33 conjuntas de CC y PSOE.
En relación al plan de empleo se pide que participen cabildos y ayuntamientos y con la inclusión de un programa de empleo en igualdad para las mujeres, y en cuanto al modelo de financiación, a la que CC y PSOE aceptaron una enmienda transaccional del PP, el objetivo es que la financiación por habitante del archipiélago no sea menor que la de la media estatal
La portavoz del grupo Popular, María Australia Navarro, opinó que hay tiempo para que la legislatura no se pierda y aseguró que esa es la finalidad que se persigue con las treinta propuestas de resolución de su partido, e insistió en que en Canarias sobra conflicto y falta gestión, para a continuación reclamar al Gobierno canario que abandone la estrategia de confrontación con el Ejecutivo central.
María Australia Navarro también habló de la necesidad de cambiar la mentalidad en materia de educación y no conformarse con el fracaso, para lo que el PP ha presentado tres propuestas de resolución, y en empleo reclamó la reforma urgente de las políticas activas de formación y empleo, para lo que presentó dos propuestas.
Asuntos Sociales y Vivienda fueron el destino de seis propuestas y la portavoz del grupo Popular insistió en la necesidad de que se cumpla la estrategia frente a la pobreza, entre otras reclamaciones, y en las cuatro propuestas de Sanidad destacó la necesidad de reducir las listas de espera y planes de urgencias e infraestructuras.
Las prioridades para la economía las estableció el PP en quince propuestas, en las que planteó cambios en sectores productivos; agricultura, ganadería y pesca; turismo, industria; reforma de las administraciones públicas, regeneración y asuntos europeos.
María Australia Navarro se refirió a las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Canarias y señaló que el PP pide para España y el Archipiélago el mismo beneficio que otros reconocen para un país vecinos como Marruecos, y criticó los cambios hechos por el Gobierno canario en la ley de turismo.
La portavoz popular pidió a PSOE y CC que dejen de bloquear la modificación del sistema electoral, y señaló que con el actual el 82 por ciento de la población canaria, que vive en Gran Canaria y Tenerife, tiene el 50% de la representación, mientras que la otra mitad la tiene el 18% de la población.
El diputado del grupo Mixto Román Rodríguez, de Nueva Canarias, abogó por mejorar el sistema fiscal de manera que beneficie a quienes más lo necesiten, así por mejorar en la lucha contra el fraude fiscal.
Román Rodríguez también se refirió a la necesidad de cambiar la financiación autonómica y en este sentido opinó que Canarias debe recibir más de la media española porque los gastos son superiores para prestar servicios por el hecho insular, que grava los servicios públicos, en especial los sanitarios.
También reclamó que la reforma de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) aunque reconoció que estaría contento con que se cumpla la actual, y se opuso a que los incentivos fiscales de la RIC y de la deducción por inversiones en Canarias se puedan utilizar fuera de las islas.
Román Rodríguez pidió, asimismo, una apuesta por las energías renovables, expresó su apoyo a realizar una consulta popular respecto a las prospecciones petrolíferas, así como a realizar cambios en la ley turística canaria, bajar las tasas aeroportuarias, apoyar al sector primario y, entre otras cuestiones, que se cumplan los planes y se hagan las evaluaciones de las estrategias.
Un plan de choque en sanidad y que se cumpla el plan contra la pobreza y la exclusión también fueron reclamaciones hechas por Román Rodríguez, quien también pidió medidas contra los desahucios y continuar con la búsqueda de una justicia más ágil y descentralizar las competencias.
El portavoz del grupo Socialista, Manuel Fajardo dijo que el principal problema de Canarias es la falta de empleo, y reconoció que además es preciso reforzar las áreas sociales, así como adoptar medidas en materia de viviendas y continuar con la política de extensión del servicio de comedores escolares, por lo que esos planteamientos figuran en sus propuestas de resolución.
Manuel Fajardo se refirió asimismo a que los canarios deben expresarse de forma libre respecto a si están de acuerdo o en contra a que cerca de las islas se realicen prospecciones petrolíferas.
El presidente del grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, explicó que CC no apoya algunas propuestas del PP porque son de seguidismo de la política nacional, y recordó que su formación entiende de otra forma la política.
José Miguel Ruano habló del “eterno” problema que supone la no adecuada financiación autonómica, preguntó qué pasa con los precios de los billetes de avión para viajar entre Canarias y la Península, ya que varía mucho, y reiteró la petición de cogestión para los puertos y aeropuertos de las islas.
57 propuestas aprobadas
El Pleno del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria culminó con la aprobación de un total de 57 propuestas de resolución, tres de ellas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y 21 por el Grupo Mixto. Tras la intervención de los cuatro grupos parlamentarios para defender sus propuestas y fijar posiciones, comenzó el turno de la votación en la que fueron aceptadas la totalidad de las propuestas de resolución que presentaron de forma conjunta los grupos que apoyan al Gobierno, un total de 33, de las que 8 contaron con el respaldo del PP y 9 con el del Grupo Mixto.
Los grupos que apoyan al Gobierno votaron en contra de la propuesta número 21 del Grupo Mixto, en la que proponía la modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística para que incluya limitaciones cuantitativas, cualitativas y temporales para el crecimiento de nuevos alojamientos turísticos, y que se respeten las opciones de crecimiento adoptadas por cada plan insular de ordenación.