Proyecto Drago, el partido liderado por Alberto Rodríguez (que será su candidato a la Presidencia de Canarias), ha reprochado en un comunicado el retraso del Tribunal Constitucional respecto a los recursos de amparo presentados por el exdiputado ante la pérdida de su escaño. Esa dilación sostienen que le hace concurrir en condiciones desiguales a los próximos comicios de mayo.
El partido reitera en un comunicado, y tras publicar distintos medios el aplazamiento de la resolución del Constitucional, “la persistente y gravísima injerencia que se viene dando, desde hace más de un año, en los derechos electorales de más de sesenta mil canarios y canarias y del propio diputado Alberto Rodríguez”.
Recuerdan que Rodríguez es candidato a la Presidencia de Canarias y que “esa dilación le obliga a concurrir en estas elecciones bajo el estigma de un injusto despojo y de la inacción del alto tribunal”.
Creen que con la no resolución de los recursos se evidencia “una vez más de manera flagrante el carácter político y no jurídico del injustificado retraso en el fallo del Tribunal Constitucional”.
“Esa pretendida injerencia afecta, a nuestro entender, exclusiva y negativamente al derecho al sufragio pasivo del candidato; y en beneficio evidente de los candidatos de otros partidos que, a pesar de haberse disuelto la Cámara y finalizar la legislatura, continúan cobrando dinero público por un trabajo que no realizan”, insiste el partido en un comunicado.
Y es por todo ello, por lo que Drago vuelve a reivindicar “la pronta resolución es dichos recursos”.
El exdiputado de Podemos en el Congreso Alberto Rodríguez criticó también hace unas semanas en la presentación del acto de los partidos del acuerdo del Turia en Canarias que el Tribunal Constitucional (TC) “no se está dando prisa” en resolver su recurso de amparo por la retirada de su acta de diputado, a pesar de que la causa fuese calificada como “de especial relevancia y trascendencia democrática”.
Rodríguez fue despojado de su acta de diputado por decisión de la Mesa del Congreso tras la sentencia del Supremo que lo condenó por agredir a un policía durante una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife), antes de ser representante público. La retirada del escaño no estaba prevista en la sentencia y es por ello que el exdiputado inició una batalla judicial para recuperarlo. El pasado año envió una carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en la que preguntaba con qué base legal había decidido “transformar una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena en una privación del escaño”.