“¿Cuántas causas archivadas necesitan los hermanos Soria para que dejen de utilizar la Justicia en sus cruzadas personales?” Esta es la pregunta que ha formulado este miércoles la diputada socialista Francisca Luengo después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ha admitido a trámite la querella presentada por el ex consejero de Nuevas Tecnologías, Luis Soria, contra ella, el también diputado socialista Blas Trujillo y el periodista Salvador Lachica, a los que acusó de injurias y calumnias por informar de que la concesión de explotación de la montaña Tebeto se llevó a cabo aún a sabiendas de que vulneraba la Ley de Minas y la Ley del Suelo.
En rueda de prensa, Luengo sostuvo que José Manuel Soria y Luis Soria usan los tribunales “para amedrentar a todo el que les planta cara”. Sin embargo, aseguró que la desestimación de la querella “me da fuerza para seguir adelante en todo lo relacionado con el caso Tebeto”, y añadió que “ocurre con frecuencia que el PP y, en concreto, Luis Soria, se niega a responder políticamente de sus actuaciones y trata de enmascarar sus responsabilidades para amordazar a la ciudadanía y tapar hechos de su etapa como consejero”.
La parlamentaria recordó que la concesión de explotación minera de la montaña Tebeto, por la que el Ejecutivo canario debe ahora indemnizar al empresario Rafael Bittini, propietario de Canteras Cabo Verde, con más de 100 millones de euros, se hizo el 18 de noviembre de 2004, desde la Consejería de la que entonces era titular Luis Soria.
“¿A qué se debe el empeño de Soria por que el caso Tebeto se silencie, acudiendo a los tribunales para que no se hable del asunto?”, se preguntó Luengo. “Averiguar que pasó no es un delito de calumnias ni de injurias”, agregó, tal y como ha formulado el TSJC. El alto tribunal, opinó, “ha protegido la democracia frente al intento de del PP de distorsionarla. El informe fiscal deja claro que Soria ha actuado de forma parcial e interesada”.
La portavoz socialista de Industria también informó de que en enero, el PSC volverá a instar, como hizo en el pleno del Parlamento del pasado 25 de noviembre, al Gobierno de Paulino Rivero para que solicite la nulidad de esa concesión sin necesidad de esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo. “Como creemos que el Gobierno no va a actuar de oficio ni a instancia de parte (del Partido Socialista) acudiremos a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC para que le obligue a ello”.
Esa actuación judicial, explicó, no se puede llevar a cabo mediante una demanda ordinaria, ya que la Ley de Procedimiento Administrativo obliga a agotar esta vía antes de acudir a la judicial. Sin embargo, reconoció que para que el Ejecutivo promueva la nulidad de la concesión dada a Bittini, “previamente debe haber un informe favorable del Consejo Consultivo”, de acuerdo con esa norma legal.