El PSC-PSOE de Santa Cruz de Tenerife hizo efectivo este miércoles su anuncio de presentar sendas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Medio Ambiente para exigir la paralización cautelar de todas las obras que se vienen ejecutando actualmente en la playa de Las Teresitas.
Los socialistas defienden la paralización de las obras por un principio de seguridad jurídica y para evitar la teoría de “hechos consumados”, que dificultarían la ejecución de una posible futura sentencia que determinara la irregularidad y demolición de las obras.
El PSC-PSOE también expresó este miércoles su respaldo “rotundo y unánime” a la manifestación convocada para el próximo domingo 24 de febrero por la organización Asamblea por Tenerife en rechazo de todas las actuaciones desarrolladas en Las Teresitas.
Así lo indicaron este miércoles en rueda de prensa, el secretario general del PSC-PSOE en Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, los portavoces del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento capitalino, Gloria Rivero y José Ángel Martín, el presidente del grupo Socialista en el Cabildo tinerfeño, Santiago Pérez, y la diputada regional socialista y encargada de la tramitación de las denuncias, Gloria Gutiérrez.
Los socialistas insistieron en que “lo más lógico y lo que el sentido común impone” es paralizar unas obras que se están desarrollando en medio de “semejante lío jurídico” sobre los terrenos. Frente a ello, consideraron que el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, lo que pretende es ejecutar las obras “a todo correr” para luego argumentar la inviabilidad de ejecutar una posible decisión de los tribunales contraria a esas edificaciones.
La primera de las denuncias presentadas este miércoles se dirige a la Fiscalía Anticorrupción, a quien se solicita que, en el marco de la investigación aparejada a la querella presentada por este órgano judicial sobre el caso Las Teresitas, adopte las medidas para la paralización cautelar de las obras.
En concreto, se solicita la paralización de las obras del edificio de aparcamientos y área comercial que el Ayuntamiento de Santa Cruz está ejecutando al inicio de la playa, en los terrenos que ocupaba el campo de fútbol de San Andrés.
En consonancia con ello, reclama que se libre oficio a la Guardia Civil de la capital tinerfeña para que proceda a la paralización de los trabajos y el precinto y vigilancia de las construcciones realizadas. Asimismo, solicita que se requiera al Ayuntamiento que se abstenga de realizad obras, “cualquiera que sea su índole o características”, en el frente de la playa de Las Teresitas.
Gutiérrez indicó que esta petición, al estar enmarcada en la querella presentada por la Fiscalía y que afecta a todo el Plan Parcial sobre Las Teresitas, también tendría repercusión sobre las obras que actualmente se vienen realizando en algunas de las parcelas de Valle las Huertas.
Argumentos jurídicos
Entre los argumentos dados a las Fiscalía Anticorrupción para exigir la paralización, el PSOE recuerda el requerimiento hecho por la Dirección General de Costas al Ayuntamiento el 21 de diciembre en la que le recomendaba “muy especialmente” que no iniciara las obras en el módulo de aparcamientos de la playa, porque carecía de autorización para efectuar una edificación que afectaba al dominio público marítimo terrestre.
Una petición que el Consistorio no ha atendido y de la que los socialistas adjuntan documentación fotográfica.
De hecho, Gutiérrez indicó que “falta un metro y medio” para que las obras invadan la zona de dominio público y precisó que diariamente un inspector de obra de Costas supervisa que los trabajos no traspasen esa zona, lo que supondría la inmediata paralización de las obras.
En la denuncia, el PSOE también precisa que los terrenos donde se ubica la construcción denunciada se encuentran afectados por la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el contrato de compraventa realizado en 2001 por el que el Consistorio adquirió los terrenos del frente de playa a Inversiones Las Teresitas S.L.
Asimismo, advierten de la modificación del proyecto inicial contenido en el convenio urbanístico del ámbito del Plan Parcial, que preveía la construcción de un viario para la descongestión de la zona.
Obras a “metro y medio” del dominio público
Los socialistas consideran que la desobediencia a la petición de Costas pone de manifiesto la intención del Ayuntamiento de intentar eludir la acción de la justicia en una “huida hacia adelante” para aplicar la teoría de hechos consumados y evitar, con el argumento de la inviabilidad de ejecución, los efectos de una posible sentencia condenatoria en el futuro.
En cuanto a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente, Gutiérrez indicó que se entiende que se ha cometido un atentado y delito contra el patrimonio público y que se trata de obras que afectan en una parte al dominio público ?en la que todavía no se han iniciado los trabajos- y que carecen del preceptivo informe de impacto ambiental del Gobierno canario en las que ya se vienen ejecutando en la zona de servidumbre.
La portavoz del PSC en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Gloria Rivero, insistió en que con esta acción se pretende evitar la política de hechos consumados que pretende el Consistorio, que busca “la triquiñuela” de no ejecutar las sentencias. Una acción que aseguró que pretendió con el incidente de inejecución presentado ante la sentencia del TS que declara nulo el convenio de compraventa de los terrenos.
La portavoz socialista pidió al alcalde, Miguel Zerolo, que cumpla la sentencia del TS, que dijo obliga al Consistorio “a devolver a las arcas municipales los 8.500 millones de las antiguas pesetas que pagó por los terrenos del frente de playa”. Al tiempo, consideró como “bastante cuestionable” la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que dictamina la realización de una nueva operación de tasación para la adquisición de los terrenos como la fórmula para ejecutar la sentencia del TS.
“Operación con diseño previo”
Con todo, el PSC también insistió en que toda la “operación de Las Teresitas corresponde a un diseño previo en el que hubo un gran acuerdo”, según afirmó Santiago Pérez, quien consideró que se trata de una “concentración de intereses que pone al descubierto como opera este régimen político [en referencia a ATI-CC]”.
Los socialistas también volvieron a pedir explicaciones al Partido Popular (PP) sobre su actuación en este asunto, que recordaron es el partido que sustenta actualmente en la alcaldía a Miguel Zerolo, quien en su la declaración ante la juez apunta al entonces responsable de Urbanismo, Pablo Matos (PP) como quien el informó de toda la situación y valoración de los terrenos del frente de playa, precisó José Manuel Corrales.
Cuestionados sobre la posibilidad de que Zerolo iniciara acciones legales contra quienes le sitúan como “cabecilla de esta conspiración”, Santiago Pérez afirmó que estaría “encantado de que lo hiciera”, ya que ante esta situación el derecho da la posibilidad de demostrar esa afirmación a quienes la han hecho “y en esa fase no divertiríamos todos muchísimo”, sentenció.