Berriel afirma que la normativa impide estas indemnizaciones ya que son fruto de un cambio de planeamiento
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 (EUROPA PRESS)
El portavoz del grupo parlamentario socialista, Santiago Pérez, ha afirmado esta tarde en el pleno del Parlamento de Canarias que ante la realidad de que la figura del fuera de ordenación en el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife supone una “merma patrimonial” a los vecinos “guste o no”, éstos deben ser indemnizados.
Pérez realizó este planteamiento durante la defensa de una Interpelación al Gobierno de Canarias cuya intención era “plasmar en una moción consecuencia de interpelación” para que el Ejecutivo durante la fase de aprobación definitiva del PGO de Santa Cruz de Tenerife o de otros municipios a través de la Cotmac vele por la legalidad “territorial y urbanística”.
“Son las entidades locales quienes formulan el modelo de ciudad y el Gobierno ha de ocuparse de verificar si la propuesta es conforme a la legalidad”, subrayó Pérez.
Ante esto, el consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, afirmó que la normativa vigente impide esta indemnizaciones fruto de un cambio de planeamiento. Además expuso que la interpelación de Pérez es “ociosa por innecesaria” porque la Cotmac, primero a través de ponencias técnicas y luego por la deliberación, “vela por la legalidad del planeamiento”.
Berriel aseguró que los límites de la edificabilidad permitida es una competencia que “pertenece a la voluntad del planificador”. “Es obvio que la discrecionalidad sí debe ser analizada por la Cotmac. Es ahí donde ha de limitarse la intervención del Gobierno”, insistió el responsable de Ordenación que detalló que el propósito de la Consejería es que las decisiones estén basadas en la normativa.
El consejero además señaló que “el Gobierno no puede entrometerse en la planificación, que es competencia del Ayuntamiento”. “Sólo velar que se cumple la legalidad”, insistió para concluir que la normativa estatal implica que la merma patrimonial ante una modificación de planeamiento no da derecho a indemnización, salvo que el nuevo equipamiento obligue a la demolición.
Asimismo Berriel aseguró que el PGO de Santa Cruz permite, entre otras cuestiones, a los edificios fuera de ordenación la rehabilitación, mejora o reforma, “siempre que no varíen el volumen”. Por ello afirmó que esto atenúa los efectos y evita “perjuicios” a los edificios.
INICIATIVA PREVENTIVA
El consejero tildó de interpelación “preventiva” la iniciativa del PSOE y aseguró que no conoce el PGO de Santa Cruz. Aquí le dijo a Pérez que no se puede practicar la política por “rumorología”. Además aseguró que el documento capitalino cuenta con una “presunción de legalidad, lo que no quita que la Cotmac haga su trabajo”.
Insistió Berriel en que el fuera de ordenación no conlleva indemnización y acusó a la Ley de Costas de sí dejar de fuera de ordenación a miles de viviendas. “El Estado se empecina en llevar a los tribunales para que queden fuera de ordenación a las viviendas en las servidumbres”, argumentó al tiempo que acusó al PSOE de un “doble lenguaje”.
Ante esto, Pérez detalló que el objeto de su iniciativa es “necesario” y se refirió a la contestación ciudadana al PGO de la capital tinerfeña. Recordó el polémico “fuera de ordenación”. Al respecto, criticó que se declare a unos edificios fuera de ordenación y a otros se permita edificaciones futuras.
Por ello rechazó los estándares rígidos de la normativa o que se aluda a las “lagunas” del fuera de ordenación. A su juicio, el ordenamiento permite integrar las insuficiencias de las normativa.
Pérez aseguró que se han construido edificios a pesar de que estaban fuera de ordenación. Aludió a que existen casos muy distintos y que no se pueden tratar de igual forma. “Queremos exigir al Gobierno de Canarias que a la hora de supervisar la legalidad en la nueva propuesta de ordenación de Santa Cruz y otros municipios garantice la aplicación de principios legales y evite la arbitrariedad del uso del planeamiento”, argumentó.
El portavoz socialista insistió en que el Ayuntamiento quiere aplicar nuevos ámbitos de urbanización, ya que hay otros muy saturados. “Resulta que el Consistorio propone que la ciudad futura tenga menos alturas, más equipamientos y en algunas zonas autorizar la construcción en alturas, no se sabe si como privilegio o a cambio de cesión de parcelas para nuevos equipamientos”, dijo el socialista.
“Es imprescindible que se identifique dónde se va a ejecutar el fuera de ordenación y dónde se permitirá construir. Esto servirá para saber si hay equidad y así ganar en credibilidad de las instituciones”, expuso Pérez que insistió en que el derecho de edificación da pie a las indemnizaciones. “Si la merma es objetivable, si produce ha de ser indemnizable. Les guste o no les guste. Esto es puro liberalismo del mejor estilo”, expuso.
Pérez aseguró que sabe cuál es la función del Gobierno de Canarias. “Para que fuese ociosa nuestra interpelación partiríamos desde un voto de confianza que no nos merece el Ejecutivo”, dijo el socialista que recordó “el rosario de sentencias” contrarias en materia urbanística tanto del Gobierno como del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Abogó aquí que la legalidad se aplique “a todos”. “Hay un rumor”, dejó en el aire para plantear que con el PGO podrían legalizarse áticos en Santa Cruz con un valor de hasta 600.000 euros y que éstos tienen “nombre y apellidos”. Rechazó ante esto la “arbitrariedad” de los poderes públicos.
LA INTERPELACIÓN
Según el texto de la interpelación presentada por el PSOE, las limitaciones a la potestad de planeamiento de las administraciones públicas, contenidas en el artículo 34.c) del LOTRENC (Decreto Legislativo 1/2000) y las insuficiencias en la regulación legislativa del régimen de fuera de ordenación, en los instrumentos de planeamiento, están siendo utilizados como justificación de una serie de propuestas contenidas en el PGO de Santa Cruz de Tenerife, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento, que está siendo muy contestado por amplios sectores de la ciudadanía, que denuncia el carácter arbitrario de esas propuestas.
Además se añade que, por ello, se interpela al Ejecutivo “para que explique su política en relación a la aplicación de los límites a la potestad de planeamiento establecidos en el artículo 34.c) del LOTRENC y sobre los criterios de aplicación del régimen de fuera de ordenación en la elaboración y gestión de los instrumentos de planeamiento”.