La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, recuperó el apoyo del PSOE en el Parlamento de Canarias a su gestión de la dependencia, en contraste con las críticas que había recibido de los socialistas últimamente, mientras que el grupo nacionalista también la respaldó, pero le pidió mejoras.
La gestión de Inés Rojas, que volvió a comparecer en comisión parlamentaria para informar sobre la ley de dependencia, fue descalificada por la oposición, con acusaciones de insensibilidad ante el sufrimiento por parte de Carmen Hernández, de Nueva Canarias, y con la demanda de que abandone el Gobierno por parte del PP, que propondrá al pleno del Parlamento su reprobación.
Aunque el 26 de febrero pasado la diputada del PSOE Rosa Guadalupe Jerez había responsabilizado en el pleno del Parlamento a Inés Rojas de una gestión “muy equivocada” de la Ley de Dependencia, en su intervención de hoy afirmó que está cansada de oír “que la culpa es de Canarias y no de Madrid”.
“Canarias es la comunidad peor financiada” y el PP ha reducido en un 40 por ciento la aportación estatal para la dependencia, denunció la diputada del PSOE, que mostró su alegría por que Inés Rojas haya adaptado ya toda la normativa canaria a la ley, en vigor desde 2007.
Rosa Guadalupe Jerez pidió a la consejera que haga lo posible para que con el presupuesto que recibe las prestaciones por dependencia lleguen a todos los canarios que lo necesiten.
Inés Rojas también encontró “todo el apoyo” del grupo nacionalista, si bien su representante Flora Marrero dijo que “hay que seguir mejorando el tema de la gestión”, frente a la afirmación de la consejera de que no hay ningún problema de gestión, sino de presupuesto.
“Hay que agilizar la respuesta, hacer todos los esfuerzos”, sostuvo Flora Marrero, quien además denunció la falta de financiación estatal hasta el punto de que la Comunidad Autónoma aporta entre el 15 y el 20 por ciento de las cantidades que corresponderían al Gobierno central.
La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, quien había pedido la comparecencia de Inés Rojas, la acusó de haber generado desaliento y frustración a miles de dependientes canarios, así como de haberse recubierto de “una costra de piel de cocodrilo”, de impasibilidad y de insensibilidad ante el sufrimiento de las personas.
En Canarias hay 40.390 solicitantes del reconocimiento de la dependencia, de los que 24.030 han obtenido dictamen favorable, pero sólo 11.584 son beneficiarias, de modo que hay 12.446 dependientes sin prestación.
El tiempo legal de respuesta ante las solicitudes de reconocimiento es de seis meses, pero la respuesta tarda diez meses, de modo que solamente se ha rebajado un mes en la lista de espera en los últimos tres años, dijo, Carmen Hernández, quien subrayó que eso es “un fracaso en la gestión”.
También consideró un fracaso “el empecinamiento” de Inés Rojas por centralizar la gestión cuando entró en vigor la Ley de Dependencia, lo que supuso duplicar las estructuras con las que ya contaban los cabildos y la contratación de 130 empleados.
“Las comunidades autónomas que avanzan son las ponen más fondos propios y las descentralizan el sistema”, dijo Hernández, quien pidió sensibilidad social a la consejera y dejar de “tirar los balones al tejado del otro”.
Milagros Bethencourt, del PP, dijo que miles de canarios dependientes se sienten abandonados y las quejas aumentan porque la situación es “caótica e insostenible”.
“Su tiempo y oportunidades han pasado”, porque no reconoce sus errores, dijo a la consejera la representante del PP, y anunció que su grupo ya ha registrado una moción en el Parlamento para reprobarla.
Inés Rojas contestó que la Ley de Dependencia “está en jaque” por la falta de financiación del Estado y subrayó que Canarias ya tiene toda su normativa adaptada a la legislación estatal y hace todos los esfuerzos presupuestarios para compensar los recortes del Gobierno central, aunque no es suficiente.
“El Estado incumple sus obligaciones” y no sólo ha reducido el presupuesto sino que ha modificado los baremos para ser reconocido como dependiente, hasta el punto de que muchos que ya tenían el reconocimiento han sido excluidos de la Ley de Dependencia, denunció la consejera.
Rechazó las acusaciones de insensibilidad, porque “si hay algo que una no pueda soportar es que la gente lo pase mal”, y afirmó que si el Estado cumpliera sus obligaciones presupuestarias no habría ni un solo dependiente en la lista de espera, afirmó.
Admitió que es importante dictaminar las solicitudes en el tiempo establecido en la ley, pero más importante es que cuando llegue ese dictamen se pueda contar con el servicio o la prestación reconocida, algo que no es posible sin la financiación del Estado.
En cuanto a la centralización de la gestión en la Comunidad Autónoma, señaló que no fue una decisión suya, sino que se hizo porque así lo establecía la Ley de Dependencia, pero ahora de nuevo el sistema ha sido descentralizado en los cabildos y en coordinación con los ayuntamientos.