PSOE, NC-BC y Vox han anunciado este lunes que presentarán enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de Canarias para 2025 elaborados por el Gobierno regional, de CC y PP.
El PSOE ha pedido incluso que el Ejecutivo devuelva el Proyecto de Ley al considerar que no solo no es capaz de corregir las cuentas de 2024 (con recortes en áreas importantes), sino que en muchos apartados las “empeora, arrastrando las graves deficiencias y las equivocadas decisiones adoptadas para el Ejercicio 2024, tanto en prioridades de gasto como en materia fiscal, de modo que áreas fundamentales que perdieron importantes recursos económicos, quedan lejos de recuperar el terreno perdido en este Proyecto de Ley”.
El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Manuel Hernández, recuerda que este “pésimo” Presupuesto ha sido confirmado incluso por la mayor parte de los consejeros y consejeras del Gobierno canario en sus comparecencias ante la Comisión de Presupuestos, donde han manifestado que los recursos asignados a sus áreas no les satisfacen.
“Estamos ante unos presupuestos fatalistas que obvian el contexto socioeconómico en el que se formulan, así como las demandas sociales en respuesta a las profundas disfuncionalidades de nuestro modelo de desarrollo”, apunta. Para Hernández, este “hartazgo” de la ciudadanía se ha visto alimentado en muchos casos por las políticas desarrolladas por el actual Gobierno de Canarias, dirigidas a “deteriorar los servicios públicos, a profundizar en las desigualdades de nuestra región, a retroceder en la lucha contra el cambio climático y a legislar a golpe de Decreto Ley en favor de las clases pudientes del Archipiélago; y en otros, por la ausencia de respuesta a través de la acción gubernativa para combatir estos retos”.
El diputado socialista afirma que este Proyecto de Ley confirma las sospechas del Grupo Parlamentario Socialista sobre que realmente no existe una voluntad real por parte del actual Gobierno de Canarias de escuchar a la sociedad canaria, de adoptar medidas valientes pero cabales, de abordar los retos en material social y laboral, y de impulsar medidas que reduzcan la creciente desigualdad económica que sufre la ciudadanía de las islas.
Presupuesto alternativo
Por este motivo, y con el objeto de dar respuesta a una de las principales reivindicaciones de la ciudadanía canaria, el Grupo Socialista incorpora un apartado específico relativo a la vivienda, en el que se abordan las consecuencias de la acción e inacción del Ejecutivo canario y de los grupos que le sostienen, con una propuesta para generar un marco normativo que propicie mayores cotas de accesibilidad en la vivienda.
En cuanto a la política fiscal aplicada por el Gobierno canario, Hernández explica que no sólo es “errática”, sino en muchos casos “equivocada y regresiva”, por lo que desde el Grupo Socialista se propone mantener las mejoras de las deducciones en el IRPF vigentes en 2023 para la ciudadanía de renta media y baja, así como dejar exento de IGIC todo el deporte escolar.
Por otro lado, se añaden partidas que se verían incrementadas en el presupuesto alternativo propuesto por el Grupo Socialista como consecuencia de la reestructuración del gasto y de la generación de nuevos ingresos por la vía de la creación del impuesto a las estancias turísticas, de la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones y de las supresiones de las deducciones del IRPF que benefician en mayor medida a las rentas altas.
En este sentido, las partidas serían 95 millones de euros para educación impulsando las infraestructuras educativas y continuar con la implantación de la Educación de 0 a 3 años; 20 millones para financiación universitaria; dos millones para becas universitarias; 40 millones para I+D+i y 25 millones para diversificación económica.
Además, se incorporarían 50 millones de euros para construcción de vivienda; diez millones para ayudas al alquiler; cinco millones para ayudas del alquiler joven; diez millones para fomento del empleo; cinco millones para Cultura; 25 millones para Bienestar Social y Dependencia; 20 millones infraestructuras y equipamientos sanitarios; 20 millones para políticas de apoyo al sector primario; seis millones en materia de agua; 6´6 millones de euros para refuerzo de infraestructuras de seguridad y emergencia, y 45 millones para la Lucha contra el Cambio Climático y Conservación del Medio Natural y la Biodiversidad
“Frente a la cobardía y parálisis actual, desde el Grupo Parlamentario Socialista Canario presentamos esta enmienda a la totalidad, demostrado que otra forma de gobernar es posible y que otras prioridades presupuestarias son necesarias para corregir las enormes desigualdades de las islas, y propiciar así las condiciones para diversificar nuestro tejido productivo y redistribuir la riqueza que genera el sector turístico”, añade Hernández.
Unas cuentas que “podrían estar firmadas por Trump o Ayuso”
Nueva Canarias-Bloque Canarista ha presentado también una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de los presupuestos, porque considera que “dejan lo público en un segundo plano” y buscan “privatizar servicios” siguiendo “la impronta Ayuso”.
Así lo han explicado este lunes sus líderes en una rueda de prensa tras el registro de la enmienda en el Parlamento, donde el grupo parlamentario pide la devolución del proyecto de ley de las dos derechas canarias porque, al mismo tiempo, “aumenta los tributos a las rentas bajas y medias, debilita la sanidad, la educación y los servicios sociales, reduce las inversiones en los sectores productivos y carece de medidas para diversificar la economía”
El presidente de la formación, Román Rodríguez, los diputados Luis Campos, Esther González y Yoné Caraballo, informaron este lunes de las razones que justifican la enmienda a la totalidad al segundo presupuesto de CC y el PP en la XI Legislatura.
Román Rodríguez dijo que tiene la “impronta” del ultraliberalismo de Ayuso, de relegar al sector público a un segundo plano para favorecer las privatizaciones y favorecer a los “más poderosos” en detrimento de las familias más vulnerables y las rentas medias. Junto con Esther González, subrayaron el incumplimiento, por segundo año consecutivo, de la bajada de dos puntos del IGIC y el saldo definitivo (entre subidas y bajadas del IGIC) que implica una subida del mismo.
El mantenimiento de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones (45 millones de euros anuales) a las rentas altas y la supresión de la bonificación del impuesto al combustible profesional que afecta a 25.000 transportistas, agricultores y ganaderos. En su opinión, es “una política fiscal con una distribución injusta, que favorece a las clases altas” y que nuevamente “no toca el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ya eliminado”.
Rodríguez ha denunciado que “elimina deducciones de ayudas a rentas bajas de menos de 30.000 euros y los dos céntimos forestales”, además de “las bonificaciones al combustible profesional para ganaderos, agricultores y transportistas”, y se incumple la regla de gasto que tendrá consecuencias en los 376 millones de euros de aumento global de las cuentas para 2025 con respecto a 2024.
Además, se desecha la creación de la tasa turística del grupo que serviría para disponer de 250 millones de euros más para invertir, las inversiones tampoco son una prioridad para el próximo año, lo que influirá en un menor aumento de la economía y el empleo.
También ha desglosado el peso relativo en las inversiones que pasa del 10 % al 3 % y donde “no hay nada perceptible para modificar o facilitar la diversificación de la economía y las 51 medidas que presentó el Ejecutivo”, ha denunciado, con unos presupuestos que “son más de lo mismo”, con una tendencia “conservadora, una política fiscal injusta y que nada hace por cambiar el sistema económico”.
Por su parte, el diputado Luis Campos denunció la mala orientación de los gastos por territorios. Cinco islas pierden recursos. Se trata de Gran Canaria y Tenerife que ven reducidos los fondos en 20 millones de euros y en 25 millones de euros, respectivamente. También en La Gomera. Sorprende que, en La Palma, se rebajen las inversiones en más de ocho millones de euros y a La Graciosa se le castigue con una bajada del 33 por ciento.
La “incomprensible” distribución de los 1.121 millones de euros de aumento de los presupuestos en 2024, según Campos, se profundiza en 2025 con los 376 millones de euros de aumento. Disminuye en 12,9 millones de euros las políticas en I+D+i y se incumple el pacto canario por la ciencia. Recortan a las universidades públicas 3,1 millones de euros y al sector primario que, en 2024 le quitaron 24 millones de euros, vuelve a ser el departamento “más castigado” al incrementar solo en 110.000 euros.
Educación crece en 60,4 millones de euros. Íntegros para pagar las nóminas del personal. Se vuelve a incumplir la ley sectorial canaria que obliga a invertir un cinco por ciento de la riqueza. Del pacto de progreso, heredaron una inversión del PIB del 4,62 por ciento, en 2024 bajaron al 4.2 por ciento y en 2025 baja al 4 por ciento.
A mediados del próximo mes de enero, según Campos, ya no habrá fondos para tutelar a los menores migrantes no acompañados porque CC y el PP han dejado una partida de cinco millones de euros. Yoné Caraballo se centró en la Consejería de Sanidad, que se lleva 220,4 millones de euros de los 376 millones de aumento global. Unos 800 millones de euros de subida con el incremento de 2024 pero, como aseguró el portavoz de Nueva Canarias en la materia “no servirán para tener mejores resultados”.
Pensados para “curar y no para cuidar”, con un gasto de farmacia de más de 600 millones de euros, hace falta más inversión en Primaria para centrarse en la prevención, más fondos para las infraestructuras y la renovación de equipos y una profesionalización de la gestión. Para Román Rodríguez, la política sanitaria de CC y el PP es el ejemplo más claro del debilitamiento de los servicios públicos para facilitar las privatizaciones.
La diputada Esther González mantuvo que el proyecto de ley incumple la Constitución al introducir la modificación de la ley de Cabildos, la del Suelo y la del Consejo Consultivo sin estar relacionados los citados cambios con los ingresos y los gastos de los presupuestos.
El Gobierno de CC-PP “no ha cumplido su palabra”, según Vox
También el grupo parlamentario de Vox registró este lunes una enmienda a la totalidad de los presupuestos, en su caso, porque tras el “margen de confianza” dado al ejecutivo de CC y PP en sus primeros presupuestos, se constata que “no ha cumplido su palabra” y que da prioridad a “una administración paralela que beneficia a los políticos en lugar de atender las necesidades de los canarios”.
El proyecto de ley de presupuestos, a juicio del partido, “era una oportunidad para cumplir con el mandato de las urnas” y para aparcar definitivamente “las políticas del pacto de las flores”. Sin embargo, el ejecutivo de CC y PP “ha optado por un enfoque continuista, ignorando las necesidades de los canarios”.
“La falta de coherencia entre las promesas electorales y las políticas implementadas es evidente”, recalca Vox en el comunicado, en el que también recuerda que fue “el único grupo que se opuso a la subida de sueldos de los diputados, dejando al descubierto la necesidad de un cambio real en la gestión pública”.
“Es imprescindible reducir el gasto superfluo, suprimir organismos inútiles y reestructurar la administración para fortalecer los servicios públicos”, reivindicó Vox.
El portavoz del grupo parlamentario de Vox, Nicasio Galván, opinó que las cuentas para 2025 “no solo no cumple con las expectativas, sino que profundiza en las políticas que han mantenido a Canarias en una situación de atraso y falta de oportunidades”.
“Es hora de que el Gobierno asuma su responsabilidad y ponga a las familias y empresas canarias en el centro de su política”, aseveró Galván.