El Grupo Parlamentario Socialista presentará en el próximo pleno cuatro medidas sobre la extracción de áridos en los barrancos de Güímar, que en palabras del portavoz de Industria de los socialistas, Gustavo Matos, es “el mayor atentado medioambiental de la historia de Canarias”.
Estas iniciativas, según el político socialista, se deben a la “inacción del Gobierno de Canarias”. En el primer punto se insta al Gobierno de Canarias a elaborar los informes técnicos y jurídicos, así como los proyectos que sean necesarios, para garantizar el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife correspondiente a la actividad de extracción de áridos en Güímar.
También se solicita al Ejecutivo regional que elabore los informes jurídicos y técnicos y la aprobación de los instrumentos correspondientes con el objetivo de impedir la actividad extractiva en esos barrancos, garantizando que no conlleven derechos indemnizatorios a los posibles afectados ni repercusiones presupuestarias para la Comunidad Autónoma.
En el tercer apartado se solicita al Gobierno de Canarias a elaborar un plan de ordenación de los recursos extractivos del Archipiélago y a desarrollar las competencias en materia de minas conferidas por el Estatuto de Autonomía.
Por último, se le emplaza a pedir al Gobierno de España que promueva la modificación de la legislación estatal de minas sobre la regulación de la actividad extractiva de áridos en el territorio de las islas teniendo en cuenta el valor estratégico de estos recursos.
“A iniciativa del PSOE hablaremos en el próximo pleno de estas cuestiones que venimos discutiendo desde que hace unas semanas, el presidente del Cabildo de Tenerife viniese al Parlamento con una proposición de ley tras la que estaba la carta de darles a esos suelos un uso turístico, lo que habría complicado el cumplimiento de la sentencia, y otorgar beneficios a quienes cometieron este expolio natural durante tantos años”, dijo.
Gustavo Matos recordó que existe condena firme para los autores, “areneros de Güímar con cuyas empresas y durante más de treinta años vulneraron la ley con la connivencia de fuerzas políticas, en una mezcla de política, empresariado e intereses privados”. Estas sentencias, remarcó, “van poniendo fin a una época que esperemos no vuelva a la isla de Tenerife”.
El diputado insistió en la enorme gravedad de este atentado contra el medio ambiente e indicó que la sentencia condenatoria es de obligado cumplimiento. “Los condenados no pueden irse de rositas, que parece que es lo que quería el presidente del Cabildo de Tenerife con aquella proposición de ley”, continuó.
Además, lamentó que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, “afee al Parlamento haber votado en contra, cuando él ni siquiera estuvo, ya que no vino por no apretar el botón y no verse comprometido en algo que estaba abocado al fracaso”.
También insistió en el “engaño” a la ciudadanía de Güímar que suponía esta propuesta de CC, “pero todo eso ha quedado desmontado en dos plenos”. Explicó que el consejero de Industria “compareció en la Cámara después de que el PSOE lo trajese a rastras” y sostuvo que si Clavijo hubiese tenido la convicción real de querer solucionar ese asunto, “no quedándose en un simple postureo de cara a Carlos Alonso y a la gente de Güímar, habría anunciado una ley para resolver el problema”.
Por último, reiteró que el Gobierno canario “no ha hecho absolutamente nada en dos años para resolver esta cuestión” e insistió en que el PSOE “dijo que no dejaría solos a los ciudadanos de Güímar ni de Tenerife, por lo que con el rechazo a la ley del Cabildo de Tenerife se abrieron las puertas del Parlamento y se abren de nuevo el próximo martes, con la votación de estas propuestas concretas que solo ha querido llevar el PSOE”.