Lo que el PSOE no quiso en el Congreso de los Diputados para Radiotelevisión Española lo quiere en el Parlamento autonómico para la Radiotelevisión de Canarias. El Grupo Socialista ha registrado en su propuesta de modificación de la Ley de la Radio Televisión Canaria (RTVC) una reducción del mínimo de votos para elegir al titular de la dirección general del ente, una medida similar a la que incluyó el Partido Popular (PP) en 2012 en un decreto-ley para RTVE y que Ferraz recurrió por inconstitucional. Como respuesta al fracaso de la elección de las dos vacantes al Consejo Rector de la RTVC, la nueva propuesta del PSOE propone una primera mayoría de dos tercios (40 votos) para elegir a los miembros del órgano fiscalizador y al director o directora general, pero “si, transcurridas veinticuatro horas desde la primera votación en el Parlamento de Canarias, no se alcanzase la mayoría de tres quintos, éste lo elegirá por mayoría absoluta”.
En 2012, el PP anulaba la obligación de disponer del apoyo de dos tercios del Congreso para designar al presidente del ente. Aunque tras las siguientes elecciones generales se cambió esta imposición del Gobierno de Mariano Rajoy (que pasó el rodillo para elegir al actual director de la Corporación), el Tribunal Constitucional anuló parte de su reforma en 2017. En concreto, rechazó el argumento que utilizaron los populares para reducir el número de consejeros y declaró nulos los tres primeros apartados del artículo 1 de la norma recurrida; y sí consideró justificado que el Congreso o el Senado elijan a los consejeros y presidente de la corporación por mayoría absoluta en segunda vuelta ante una situación de bloqueo.
Sin embargo, la decisión del Tribunal provocó discrepancias entre algunos magistrados, que consideraron que una votación en segunda vuelta, sin contar con la oposición, reduce la pluralidad y desactiva la minoría de bloqueo para la elección de los órganos de dirección, unos cargos que pueden servir a los intereses políticos si no cuentan con las garantías democráticas que lo eviten.
Dos propuestas similares
A principios de marzo de este año el PP, Coalición Canaria (CC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), por un lado, y posteriormente el PSOE por otro, registraron sus propuestas para modificar la ley de RTVC como solución a los problemas del ente público, sumido en un profundo deterioro por la desastrosa gestión de su presidente, Santiago Negrín.
Sin grandes diferencias entre ambos documentos, PP, CC y ASG cambian la terminología de Consejo Rector por Junta de Control y aumentan de cinco a seis el número de sus miembros; el PSOE se decanta por la figura del Consejo de Administración y propone entre cinco y siete personas para ese órgano. En ambos casos, lo más paritaria posible. La presidencia pasa a ser denominada dirección general en ambas propuestas, aunque en la proposición de populares y nacionalistas está integrada en el órgano de fiscalización como ocurre con la Presidencia y el Consejo Rector en la ley vigente.
Para elegir a los candidatos a ocupar estos puestos de control, gestión y toma de decisiones del ente público las propuestas de reforma reducen la pluralidad y el consenso. En la ley vigente, redactada en 2014 por el PP y el PSOE, para seleccionar a los candidatos al Consejo Rector se necesitan 40 apoyos (2/3) en las dos primeras votaciones del Parlamento de Canarias; si no se obtiene ese respaldo se procede a una tercera ronda que reduce esa línea hasta los dos quintos, es decir, 36 votos. Si tampoco se alcanza esa cifra, se convoca una última votación y, en caso de volver a fracasar, se vuelve a iniciar el procedimiento de elección de candidatos al Consejo Rector.
Esto es precisamente lo que ha ocurrido en la Cámara para cubrir las dos vacantes dejadas por dos vocales que dimitieron en 2015. Para evitar una situación similar en el futuro, PP, CC y ASG proponen lo mismo que los socialistas, pero reducen la mayoría en la primera votación hasta los tres quintos (36 votos).
Con la propuesta de populares y nacionalistas la duración del mandato de la Junta de Control pasa de seis a cuatro años, lo que incluye también a la dirección general; mientras que en la del PSOE liga la duración del mandato al de la legislatura. En los dos casos, permanecerán en su cargo hasta que se elijan a sus sustitutos, aunque se agote el mandato.
Los criterios para seleccionar a los candidatos continúan partiendo de los grupos políticos que tengan más representación en el Parlamento de Canarias en ambas propuestas. Los seleccionados tienen derecho a recibir indemnización económica y pueden aprobar contratos que superen el millón de euros y tengan carácter plurianual, entre otras competencias.
Aclarar competencias
Uno de los argumentos principales de CC para defender una reforma de la ley de la RTVC, es que el problema de bloqueo que reconoce tener el ente público radica en que no quedan claras las competencias que tiene cada órgano de dirección.
En ambas propuestas, se distingue a la “persona titular de la dirección general de RTVC” con “la condición de alto cargo, con dedicación exclusiva y sujeto al régimen de incompatibilidades propio de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias”; sin embargo, en la modificación de PP, CC y ASG ofrece al titular de la dirección general elegir una retribución equivalente a la de los viceconsejeros u “optar a las retribuciones que le correspondiera como administrador único de la sociedad o sociedades filiales”. Entre otras competencias de carácter eminentemente ejecutivo, la dirección general actuará “como órgano de contratación del ente público RTVC”.
Para especificar el cese de la persona que ostente dicho cargo, ambas propuestas coinciden en que debe obtener “el mismo quórum por el que se aprobó su elección” en el Parlamento. Los socialistas especifican aún más dedicándole un artículo: la solicitud para votar el cese del titular de la dirección general debe estar motivada por el Consejo de Administración, por tres grupos parlamentarios o por aquellos que representen, como mínimo, “a dos quintos de los diputados y diputadas”. También contemplan una votación por mayoría absoluta en el caso de “incompetencia manifiesta o actuación contraria a los criterios, principios u objetivos” de la Ley de RTVC, o “ser inhabilitado para el ejercicio de cargo público como consecuencia de un expediente sancionador firme, condena firme por cualquier delito doloso o cualquier otra causa que impida legalmente el desempeño del cargo”.
Un traje a la medida del abogado Carlos Cabrera
Cabe destacar la modificación que PP, CC y ASG hacen al artículo 17, referido a la Secretaría de la Junta de Control, concretamente el cuarto: “En caso de vacante por baja, ya sea por enfermedad o imposibilidad temporal de cubrir la plaza, podrá optarse por contratar los servicios de profesionales de reconocido prestigio, durante el tiempo necesario hasta tanto se cubra la plaza”.
Las cualidades a las que se refiere están hechas a medida para colocar al abogado antaño vinculado a la Sociedad Canaria de Televisión Regional (Socater) y al Grupo Prisa, el tinerfeño Carlos Cabrera, que participó en el tramo final de elaboración del pliego de condiciones del concurso para la prestación de servicios informativos de la Televisión Canaria. Ambas empresas de comunicación, junto con sus accionistas, conforman uno de los grupos interesados en participar en ese millonario concurso.
Se da la circunstancia de que la actual secretaria del Consejo Rector podría pedir en breve el permiso de maternidad al que tiene derecho, lo que los grupos proponentes tratan de aprovechar para elevar a ese rango administrativo al letrado que hasta ahora ha venido asesorando externamente al presidente del ente, Santiago Negrín.
Otras modificaciones destacables se aprecian en el artículo 22 referido al Consejo Asesor, el órgano de participación de la sociedad civil en el ente público. La ley vigente contempla 26 miembros; pues las dos propuestas coinciden en reducir a 25 esa cifra y en eliminar a los dos representantes sindicales de UGT y CCOO y a los dos de las organizaciones empresariales más representativas. Añaden un representante más de los trabajadores de RTVC (dos en total) y dos vocales de empleados de empresas privadas que prestan servicios de producción audiovisual el ente público. Del resto de los integrantes, siete serán nombrados por los cabildos, otros siete por el Gobierno de Canarias, tres por la industria cultural, audiovisual y periodística, un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios, dos representantes de cada una de las universidades y uno del Consejo Escolar de Canarias.
Por último, de aprobarse cualquiera de las dos propuestas para renovar la ley vigente, los integrantes del Consejo Rector y el presidente de la RTVC continuarán en funciones hasta que se constituya la Junta de Control o el Consejo de Administración y la Dirección General, limitando sus competencias a la celebración de “contratos y negocios jurídicos que resulten imprescindibles para dar cobertura a las necesidades del ente público”. En cuanto al Consejo Asesor de RTVC y los Consejos Informativos previstos en esta ley, deberán crearse “en el plazo de 6 meses desde la publicación del Reglamento Orgánico”, según la propuesta de PP, CC y ASG. El PSOE reduce el plazo de la constitución de los Consejos Informativos a los tres meses.
En una disposición adicional añadida, el PSOE establece que el ente público “encargará un estudio económico y jurídico externo que evalúe el coste de internalizar los servicios informativos”.
Enderezar el rumbo de la RTVC
Enderezar el rumbo que la desastrosa dirección del presidente Santiago Negrín le ha marcado a la Radiotelevisión canaria es una ardua tarea que el parlamento canario no ha conseguido llevar a cabo. El ente público parece inexorablemente abocado a que se adjudique el jugoso concurso de informativos (144 millones de euros) durante el mandato del actual presidente, que finaliza en mayo.
El PSOE tuvo en su mano impedirlo, pero su acercamiento a Coalición Canaria evitó el cese de Negrín y precipitó el ridículo de su partido cuando, tras cuatro votaciones, no consiguió solventar el primer punto de su acuerdo con el partido nacionalista: cubrir las dos vacantes de un Consejo Rector mermado tras la renuncia de dos de sus cinco consejerías en una semana de 2015, que tras solo siete meses de vida del órgano ponía de manifiesto el proceso de deterioro interno del ente.
Un voto secreto socialista negó la ambición al nuevo secretario general, Ángel Víctor Torres, de obtener dos plazas para su partido en el Consejo Rector. Coalición Canaria, que gobierna en minoría, volvió a mirar al Partido Popular, que hasta entonces había mantenido una postura dura y crítica contra la gestión de RTVC del Ejecutivo de Fernando Clavijo: defendía la destitución de Negrín junto a Podemos y Nueva Canarias. No habían pasado ni tres días desde la última votación en el Parlamento de Canarias cuando CC, PP y ASG registraron una Proposición de Ley para modificar la actual. El secretario general de los socialistas no tardó en convocar una rueda de prensa ese mismo día para anunciar que su partido registraría su propuesta tres días después.
CC ha mantenido la necesidad de una nueva ley para acabar con lo que denominó la “bicefalia imperfecta”, originada por un cruce de competencias entre los órganos.
En el PP han defendido su nueva postura porque consideran que debe “despolitizarse” el ente; con la creación del Consejo Rector vigente, fueron dos los candidatos del PP que formaron parte del órgano. Ahora, si su proposición es aprobada en el Parlamento de Canarias, probablemente volverían a sumar más de un candidato para la que denominan Junta de Control.
Por otro lado, los socialistas han defendido que su propuesta de modificación es un primer paso hacia unos informativos públicos, citando su artículo 4: Carta del Servicio Público del ente público RTVC, como ejemplo de ello. Desde la oposición reclaman unos informativos públicos o un acuerdo entre todo el Parlamento de Canarias para reformar a la RTVC. Podemos cree que con la modificación de PP, CC y ASG se busca “legalizar la falta de consenso” y la politización de los órganos de dirección del ente público. En Nueva Canarias piensan que la solución pasa por llegar a una mayoría simple entre la formación morada, los populares, socialistas y su formación política para alcanzar acuerdos consensuados para “despolitizar y superar” la grave crisis del ente público.