La reforma del sistema electoral canario y de su singular reparto de escaños lleva años provocando encendidos debates en las Islas que están a punto de saltar a la política nacional por el valor que los dos votos de Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC) han cobrado para el PP para poder desbloquear los presupuestos.
Sin embargo, las posturas opuestas que mantienen al respecto CC, la formación política menos crítica con el sistema vigente, y NC, que exige como irrenunciable su reforma, sitúan al PP, también partidario de introducir cambios, en un difícil equilibrio.
Canarias tiene un sistema electoral sin comparación en el resto de España que se concibió para equilibrar el peso de las dos islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria, que concentran el 82% de los habitantes, frente a las demás, bajo la llamada “triple paridad”.
Ese criterio determina que los 60 escaños del Parlamento de Canarias se repartan de forma que Tenerife tenga los mismos diputados que Gran Canaria (15 cada una), que la dos provincias tengan igual número de representantes (30 vs 30) y que la suma de las islas menores iguale a la de las dos capitalinas (30 vs 30).
Pero ello conlleva, por ejemplo, que cada uno de los tres diputados herreños representen a un promedio de 3.529 habitantes, mientras que cada parlamentario grancanario tiene detrás, sobre el papel, a 56.346 personas y cada tinerfeño, a 59.407 residentes.
O lo que es lo mismo, los votos de El Hierro (la isla menos poblada) valen en términos electorales 15 veces más que los de Gran Canaria y casi 17 veces más que los de Tenerife.
Y el sistema se redondea con una doble barrera de entrada: solo pueden conseguir escaños en el Parlamento de Canarias aquellas candidaturas que obtengan más de un 6 % de votos en el conjunto de la comunidad autónoma o más del 30 % en una isla concreta.
La combinación de ambos factores ha provocado que en los últimos comicios CC fuera derrotada en votos tanto por el PSOE como el PP (con importante implantación en las islas más urbanas y pobladas), pero les ganara en escaños (16 CC, 15 PSOE y 12 PP).
O que Ciudadanos se quedara por 16 centésimas fuera del Parlamento de Canarias con 54.375 votos (5,84 %), mientras que la Agrupación Socialista Gomera (ASG) logró tres diputados con 5.090 votos (0,55 %) porque arrasó en su isla.
El diputado de NC, Pedro Quevedo, con el que el PP negocia para obtener el voto 176 para los presupuestos de 2017 tras asegurarse los de C's, PNV y CC, ya preguntó hace unos días a Mariano Rajoy en el Congreso qué le parecía ese sistema y si creía que debía ser cambiado con ocasión de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que van a empezar a debatir la Cortes Generales.
Rajoy admitió en esa interpelación que existen argumentos para plantearse una reforma electoral en Canarias, aunque también defendió que lo mejor es que la haga el Parlamento autonómico.
El cruce de mensajes al respecto entre Rajoy y Quevedo en un momento en el que el PP trata de convencer a NC para que apoye su presupuesto no ha pasado desapercibido para el resto de los actores de la política canaria, como demuestra lo ocurrido en las últimas 24 horas en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria.
CC y la ASG consiguieron este miércoles convencer al PP canario para que suscribiese con ellos una propuesta de resolución que advertía al Congreso y al Senado de que si introducen por su cuenta cambios en el sistema electoral canario aprovechando el Estatuto, abortarán el debate en el Parlamento canario, que tiene la potestad de exigir que le devuelvan esa propuesta de nuevo Estatuto si aprecia que las Cortes Generales han introducido cambios “sustanciales”.
La iniciativa indignó tanto al PSOE y a Podemos, que demandan “superar” la triple paridad, como a NC, que ha hecho de este asunto bandera desde hace tiempo y que este mismo miércoles mismo advirtió al PP de que no se iba a “suicidar” votando su presupuesto a cualquier precio.
Y ha durado solo unas horas, ya que sus promotores la han modificado este mismo jueves por la mañana: eliminan los dos puntos que advertían a las Cortes con retirar la propuesta de la reforma estatutaria y solo dejan su declaración inicial de que es el Parlamento canario el que debe acometer la reforma del sistema electoral, bajo “principios de proporcionalidad en el voto y equilibrio territorial”.